Ecuador avanza en programa para reducir peso del Estado en economía

El presidente ecuatoriano Lenín Moreno presentó esta semana al Parlamento su veto parcial al plan económico nacional, un proyecto de ley que, entre otros aspectos, pretende desmontar la fuerte presencia estatal en la economía, que caracterizó a la década de su antecesor Rafael Correa.

Un total de 66 objeciones del Ejecutivo constan en el proyecto de ley que busca un equilibrio en las cuentas fiscales e incentivar la inversión privada en el corto plazo para que pueda, de alguna manera, ocupar el espacio que está dejando la inversión pública.

El analista económico Alberto Acosta Burneo cree que el proyecto de ley es «un paso» para desmontar la pesada presencia del Estado en el impulso de la economía, que primó en la Administración de Correa (2007-2017), pero se muestra preocupado por los reglamentos que lo acompañarán.

Ello porque ve un riesgo en que el reglamento sea «tan laxo» que finalmente se diluyan los conceptos «claros» y «positivos» planteados en el proyecto de ley que busca finanzas públicas saludables.

Con el proyecto de Ley, Moreno «está poniendo límites al gasto público», apunta al recordar que en la Administración de Correa ese rubro fue elevado, aunque el expresidente aseguraba que respondía a una gran inversión pública en hospitales, hidroeléctricas y escuelas, entre otros.

El analista cree que Moreno se verá obligado a un mayor endeudamiento para sacar a la economía de la crisis en que se encuentra y entiende por ello que haya propuesto en el proyecto de ley eliminar, por tres años, el techo permitido a la deuda de 40% del producto interno bruto (PIB).

«Ecuador no tiene otra salida que endeudarse», pero a cambio, en el proyecto de ley se ofrece poner reglas al crecimiento del gasto público, dice Acosta Burneo, editor de la revista económico-política Análisis Semanal.

Máster en economía por la Universidad de Nueva York, Acosta Burneo valora para Efe que otro de los puntos destacables en la ley propuesta por Moreno es su decisión de impulsar la inversión privada, para lo cual ofrece «importantes» incentivos.

«Es un cambio importante de época, considerando que el Gobierno anterior siempre criticó a los inversionistas y consideró que la ganancia de capital era algo casi inmoral», opina.

Moreno, que llegó al poder el 24 de mayo de 2017 de la mano del izquierdista Correa, seguidor del llamado socialismo del siglo XXI, ha sido tildado de «traidor» por los correístas, que aseguran que ahora está gobernando con la derecha.

«Tienen toda la razón. En el Gobierno ya no se está satanizando la ganancia de capital, este Gobierno reconoce la importancia de la inversión», recalca el analista al comentar que antes la visión era «reducir el campo de acción del sector privado al mínimo posible».

Y es que el principal cambio del actual Gobierno es ideológico, pese a que Moreno -quien fuera vicepresidente de Correa en los primeros años de su Administración-, llegó al poder con el movimiento oficialista Alianza País, de izquierdas, que gobernó Ecuador en la última década.

«Este Gobierno ha abandonado de manera totalmente convencida esa aversión que existía a la rentabilidad privada, a la ganancia de capitales. Esa es la gran diferencia con la Alianza País originaria», subraya.

La llamada ley orgánica para el Fomento Productivo y Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal, propone la exención del pago del impuesto a la renta, durante períodos diferenciados, para los empresarios que inviertan en Quito y Guayaquil, en las zonas fronterizas y en el resto del país.

El proyecto plantea la posibilidad de una reducción gradual del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), establecido en el Gobierno de Correa, la exoneración del Impuesto a la Renta por tres años para las nuevas microempresas e incluso la remisión tributaria con la que se perdonan multas e intereses a cambio del pago de capital.

Acosta Burneo destaca la intención de dar un ambiente favorable para la inversión y, aunque cuestiona el 5% de ISD, comprende su mantenimiento pues recauda unos 1.300 millones de dólares al año (casi 1,3% del PIB) en una economía que aún sufre desequilibrio fiscal y que está necesitada de dinero.