Ecuador en encrucijada entre eliminar subsidios y costo político

El Gobierno de Ecuador ha anunciado la posibilidad de eliminar algunos subsidios a los combustibles como medida para obtener liquidez, aunque esa opción se ha convertido en una encrucijada por el costo político que puede generar.

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, dijo hace una semana que esperaba un informe del Ministerio de Economía para definir la eliminación del subsidio a la gasolina «súper», de 92 octanos, consumida mayoritariamente entre sectores medios y altos.

De momento, el mandatario ha desistido de suprimir esa ayuda estatal al precio de la gasolina «extra» o regular, de 87 octanos y consumo masivo, así como al diésel, utilizado por el transporte público, camiones y que supone una mayor contribución del Estado.

Si bien las cámaras de empresarios apoyan la eliminación de subsidios para encaminar la economía por la senda de la responsabilidad fiscal y libertad económica, aseguran que la medida debe ser acompañada de ciertas retribuciones a los sectores vulnerables.

Algunos sindicatos y grupos de izquierdas, por contra, se oponen a la eliminación e incluso abogan por una focalización u aplicación del subsidio sólo a ciertos sectores, como han señalado algunas autoridades, y advertido del riesgo político de tal medida.

El presupuesto fiscal de Ecuador prevé destinar este año unos 3.500 millones de dólares a los subsidios, 1.700 millones de los cuales van al rubro de combustibles.

La posibilidad de eliminar subsidios o focalizarlos ha abierto un agudo debate, ya que se presume que ese tipo de medidas están en la línea de las recetas del Fondo Monetario Internacional, al que el Gobierno de Moreno quiere arrimarse como salvavidas.

Sin embargo, el catedrático y analista económico Pablo Dávalos advirtió de una contradicción en las ideas del Gobierno, ya que por un lado quiere eliminar subsidios y por otro, pretende perdonar ciertas deudas con el fisco de varias grandes empresas.

Si el objetivo es mejorar la liquidez y tratar de cerrar una brecha fiscal que se cree abultada, el indulto a las deudas de cierto sector privado no es una medida coherente, dijo a Efe Dávalos que también ve un alto costo político en ese tipo de estrategias.

Quizá por ello, agregó, el presidente Moreno ha desistido de eliminar las ayudas estatales sobre el precio de gasolinas como el diésel, la «extra» y el gas de uso doméstico.

Además, si el retiro del subsidio a la gasolina «súper» supone apenas unos 140 millones de dólares, «el sacrificio político es muy alto por tan poco», agregó el analista.

Si el mandatario se decide por la eliminación de subsidios, el país podría entrar en un período de presión social muy fuerte, del que ya tiene signos como la caída de su popularidad, apuntó.

Para enderezar el rumbo, Dávalos sugirió a Moreno que se desprenda de su equipo económico, «para dar una señal clara», desista del plan de perdón de deudas a grandes empresas y diseñe una estrategia de reactivación del aparato productivo para empujar el buen desempeño del sector externo de la economía.

Para otro analista, Mauricio Pozo, un exministro de Economía y excandidato a la Vicepresidencia, este es el momento para acometer estrategias en torno a la política de subsidios y para eliminar todo ese tipo de ayudas que golpean a la economía nacional.

Pozo recordó recientemente que, además, los subsidios a las gasolinas suelen favorecer a quienes no los necesitan y recordó que mucho del combustible subvencionado por el Estado es consumido por gente rica para calentar piscinas.

La regla dice que los subsidios deben estar dirigidos a favorecer a los sectores más vulnerables, pero si eso no se aplica, las ayudas deberían ser eliminadas, añadió el experto económico.

Incluso, el subsidio a los combustibles en Ecuador ha sido perjudicial porque reduce el coste real de los combustibles que son más caros en países vecinos como Colombia y Perú, países donde la gasolina nacional se extrae en forma de contrabando, señaló Pozo.

Por ello es partidario de la eliminación del subsidio y recordó que sólo en el caso del diésel, la asistencia estatal supondría un ahorro de 900 millones de dólares.

Además, este tipo de estrategia podría acercar al país al paraguas de los organismos multilaterales que velan por la disciplina fiscal y la previsión, aunque sus recetas no suelen ser populares.