Ecuador proyecta instalar cerca de 8.000 megavatios al 2030 para superar crisis energética
El Gobierno de Ecuador presentó este viernes una cartera de proyectos de inversión en el sector eléctrico para incorporar cerca de 8.000 nuevos megavatios de generación en el periodo 2025-2030, con el objetivo de superar la crisis energética que ha llevado a que el país atraviese periodos de racionamientos de electricidad al no poder abastecer la demanda nacional.
La ministra de Energía y Minas de Ecuador, Inés Manzano, detalló el ‘Plan de Inversiones Eléctrico Minero 2025-2030’ en un acto público celebrado en Quito, la capital del país, cuando está aún abierto el proceso electoral donde el actual presidente, Daniel Noboa, se juega su reelección frente al candidata presidencial del correísmo, Luisa González.
Desde finales de 2023, Ecuador ha atravesado varios periodos de apagones diarios que han llegado a ser de hasta 14 horas al día, sobre todo en momentos de sequía donde, con una matriz de generación que depende en un 72% de agua, sus principales centrales hidroeléctricas se han quedado sin capacidad de operar.
La situación se ha visto agravada por la falta de inversiones en los últimos años en un sector controlado íntegramente por empresas públicas, lo que ha abierto el debate en el país de realizar reformas para facilitar la llegada de inversión privada.
Manzano señaló que la administración de Noboa ha previsto proyectos hidroeléctricos que sumarán un total de 5.700 nuevos megavatios de capacidad instalada, lo que supondrá una inversión superior a los 7.000 millones de dólares.
Asimismo, la energía eólica dará «un salto significativo» con la construcción de cinco nuevos parques que, según cálculos de la titular del Ministerio, aportarán aproximadamente 310 megavatios más, gracias a una inversión de 430 millones de dólares.
En energía fotovoltaica, el Gobierno ecuatoriano planea ejecutar un total de nueve proyectos que aportarán 1.600 megavatios con una inversión de 1.100 millones de dólares, y en energía geotérmica se espera producir 360 megavatios a través de tres futuros proyectos.
Por otra parte, Manzano aseguró que para el 2030 «se proyectan exportaciones mineras por más de 4.093 millones de dólares y un crecimiento del 31,4 % en la recaudación tributaria minera para el 2024», por lo que ratificó que el impacto de la minería en la economía ecuatoriana «ya es innegable».
Inversiones en minería
«Ecuador es la nueva frontera de la minería responsable, un país con recursos de clase mundial, reglas claras y un compromiso con sostenibilidad. La oportunidad de invertir en minería es ahora», afirmó la viceministra de Minas, Rebeca Illescas.
La encargada del área aprovechó para recordar la importancia de desarrollar las extracciones de oro y cobre porque, según explicó, para 2025 va a ser necesario «el doble» de toneladas de este tipo de materiales a causa de «la transición energética».
«Lo cual nos permite pensar que a futuro nuestros minerales van a ser sumamente cotizados», expresó Illescas.
Nuevo modelo del sistema eléctrico
Por su parte, el viceministro de electricidad, Fabián Calero, subrayó que desde su sector trabajan en la «conceptualización» de un nuevo marco legal y regulatorio que tenga como fin reconfigurar el sector eléctrico en busca de modelos de desarrollo, nuevos modelos de mercado y de generación de potencia.
El dirigente destacó la necesidad de cambiar la actual Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica porque el sistema actual «ya es más complejo» para auspiciar la participación privada debido a que «hay una gama de oportunidades que van a ser desarrolladas en los en los meses de adelante».
Energía nuclear en el horizonte
Además, Manzano firmó este viernes el Acuerdo Ministerial que da viabilidad a la elaboración de políticas públicas para promover la energía nuclear por primera vez en el país.
Según se explicó durante el acto, este acuerdo «histórico» está basado en el «cumplimiento de los más altos estándares internacionales de seguridad para que incentive la participación de la inversión pública y privada» y así garantizar «la operación segura, confiable y sostenible de las instalaciones nucleares, protegiendo la salud humana y el medio ambiente».
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