EEUU aplica sanciones jurídicas y financieras a Maduro por ruptura del orden constitucional
Estados Unidos aplicó este lunes 31 de julio sanciones jurídicas y financieras al presidente Nicolás Maduro, por la «ruptura del orden constitucional» que representa la Asamblea Constituyente, y dijo que esa elección confirma que «es un dictador que ignora la voluntad del pueblo».
«Las elecciones ilegítimas de ayer (domingo) confirman que Maduro es un dictador que ignora la voluntad del pueblo venezolano», indicó el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, al anunciar que todos los activos del mandatario «sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos están congelados».
Con estas sanciones, Estados Unidos busca expresar su oposición al «régimen de Maduro», apuntó.
Con esta medida se prohíbe a personal estadounidense dentro y fuera de Venezuela tener contacto con el mandatario.
El anuncio no incluirá medidas punitivas relacionadas al sector petrolero venezolano aunque éstas siguen siendo consideradas, de acuerdo a fuentes del Congreso estadounidense y a una persona cercana al asunto.
Venezuela, miembro fundador de la OPEP, tiene las mayores reservas probadas del mundo y es el mayor exportador de petróleo de América del Sur. Es el tercer proveedor más grande de los Estados Unidos – enviando el 10 por ciento de sus importaciones el año pasado – y el principal proveedor de refinerías en la Costa del Golfo de Estados Unidos, hogar del mayor grupo de refinadores del mundo.
El Gobierno instalará en las próximas horas la asamblea, que reescribirá la carta magna, a pesar del masivo rechazo en casa y de la condena de gobiernos de América y Europa.
El gobierno de Donald Trump tomó las medidas contra Maduro, en el poder desde 2013, un día después de la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente, una contienda en la que la oposición no participó por considerarla «fraudulenta».
Según Estados Unidos, ese órgano «aspira ilegítimamente a usurpar el papel constitucional» de la Asamblea Nacional elegida en diciembre de 2015 y dominada por la oposición, así como «reescribir la Constitución e imponer un régimen autoritario» al pueblo venezolano.
El gobierno estadounidense impuso el pasado 26 de julio una nueva ronda de sanciones a 13 funcionarios de Venezuela que estaban relacionados con la elección de la asamblea nacional constituyente, la represión de las protestas y el manejo de áreas claves de la economía.
Entre los sancionados se encuentran la presidenta del CNE, Tibisay Lucena y el ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol.
Importaciones de petróleo
En las últimas semanas hubo tensiones en la Casa Blanca sobre qué medidas adicionales adoptar, incluyendo una posible prohibición de las importaciones de petróleo, de acuerdo con personas familiarizadas con las discusiones. El debate reflejó preocupaciones sobre el posible impacto en los precios de la gasolina de los Estados Unidos y sobre la situación humanitaria en Venezuela.
Aunque el Consejo de Seguridad Nacional considera que el crudo venezolano es un arma poderosa, el Departamento de Estado ha argumentado que cortar una parte importante del comercio exterior del país podría hacerles mas daño a los venezolanos que ya sufren. Hay una sensibilidad significativa al impacto sobre el pueblo venezolano.
La Asociación Americana de Combustibles y Petroquímicos, la mayor asociación de refinadores estadounidenses, había instado al Secretario de Estado Rex Tillerson, al Secretario de Comercio Wilbur Ross y a otros funcionarios del gabinete a eximir las importaciones de crudo venezolano de un posible paquete de sanciones.
La probabilidad implícita de que el país pierda un pago durante el próximo año ha subido a un 62 por ciento, según datos compilados por Bloomberg sobre los swaps de incumplimiento de crédito. Ese es el nivel más alto desde marzo de 2016.
Las apuestas de los inversionistas reflejan las preocupaciones internacionales acerca de la inestabilidad política de la nación. La Unión Europea «tiene serias dudas» sobre si los resultados electorales pueden ser reconocidos, dijo la portavoz Mina Andreeva el lunes.
Brasil, Colombia, Perú, Argentina, Chile y Panamá emitieron declaraciones diciendo que no reconocerían la votación del domingo, mientras que la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, dijo que no aceptaría un gobierno ilegítimo.
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