EEUU niega acusaciones de financiamiento directo a diputados de la Asamblea Nacional
El gobierno de Estados Unidos desmintió las denuncias sobre financiamiento directo e ilegal a diputados de la Asamblea Nacional y acusó a la administración de Nicolás Maduro de pretender confundir y ocultar el hecho de que es el Ejecutivo chavista el que busca «comprar políticos».
Estas afirmaciones fueron suscritas por el encargado de negocios y jefe de la Unidad Externa de Estados Unidos para Venezuela, James B. Story, quien dirige una suerte de embajada paralela con sede en Bogotá, Colombia, en una carta dirigida al presidente de la Asamblea Nacional y mandatario interino reconocido por 58 países, Juan Guaidó.
En la misiva, Story ratifica el respaldo de la administración de Donald Trump a Guaidó y a la Asamblea Nacional como «última y legítima institución democrática» en Venezuela.
El diplomático señala que Estados Unidos gestiona «todos nuestros fondos de manera centralizada para apoyar voces e instituciones democráticas y para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano». Además, expresó la preocupación de Washington por los más de 5 millones de venezolanos que se han visto obligados a abandonar el país, empujados por la crisis humanitaria.
Story también llamó a permanecer atentos ante los intentos del gobierno madurista de atentar contra la Asamblea Nacional, «a través de historias falsas y promoviendo división».
«Está claro para el mundo que el régimen quiere dividir y destruir a la Asamblea Nacional y que busca una oposición complaciente y oficial para darle un toque de legitimidad», escribió Story.
– El ventilador –
Varios de los nueve parlamentarios acusados de aceptar sobornos de un empresario vinculado al contratista colombiano Alex Saab han salido al paso a la denuncia en su contra, presentada en un reportaje de investigación del portal ArmandoInfo, generando una verdadera guerra de señalamientos cada vez más graves.
Luis Parra, Conrado Pérez, José Brito, William Barrientos, Chaim Bucaran, Héctor Vargas, Freddy Superlano, Guillermo Luces, Richard Arteaga, José Luis Pirela y Adolfo Superlano son los diputados supuestamente incursos en la trama de encubrimiento de los negocios relacionados con la importación de alimentos a ser utilizados por el programa de venta subsidiada CLAP.
En concreto, los parlamentarios fueron señalados por intentar extender salvoconductos de honorabilidad al empresario colombiano Carlos Lizcano, propietario de la empresa Salva Foods que gestiona las tiendas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, un negocio privado que se quedó, no se sabe en qué condiciones, con la infraestructura de la extinta cadena estatal de abastos Bicentenario.
En medio de los «dimes y diretes» han surgido señalamientos que cuestionan la administración de recursos para ayuda humanitaria y activos recuperados en el exterior, mientras que el diputado José Brito, de Primero Justicia, señala que el ex ministro Rafael Ramírez es el «financista» de esta «guerra sucia», porque tiene «amigotes en la oposición», al tiempo que el dirigente de Voluntad Popular, Yon Goicochea, dijo que el gobierno de Nicolás Maduro estaría ofreciendo 1 millón de dólares a diputados «corruptos» para que no voten por la ratificación de Juan Guaidó en la presidencia de la AN, el próximo 5 de enero.
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