EEUU y Nueva York demandan a MoneyGram por "prácticas abusivas" en remesas

El Gobierno de EE.UU. y la Fiscalía de Nueva York demandaron este jueves a la financiera MoneyGram, una de las líderes en el envío de remesas, por «prácticas abusivas» hacia sus clientes, generalmente inmigrantes que envían dinero a sus familiares en otros países.

MoneyGram, que ha tenido numerosos problemas con la justicia en los últimos años, está acusada ahora de violar «sistemáticamente» las leyes de protección al consumidor y «dejar tiradas a las familias» al no entregar a tiempo sus remesas en el extranjero, dejándolas «esperando el dinero».

Según la demanda, interpuesta en un tribunal de Nueva York, la entidad no informaba adecuadamente a sus clientes sobre cuándo estarían disponibles sus remesas, equivocándose repetidamente y ocasionando retrasos, y tampoco cumplía las políticas para ayudarles y subsanar errores.

Asimismo, se acusa a MoneyGram de mantener las transferencias en un «limbo» una vez hacía las revisiones antifraude, con lo que sus clientes se quedaban con las manos vacías durante «días o semanas» hasta que se completaban las remesas o los reembolsos solicitados por el emisor.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía, en 2020 más de 600.000 personas enviaron o recibieron dinero a través de esta empresa solo en Nueva York, muchos de ellos inmigrantes y refugiados que ayudan a sus familias en su país de origen y tienen bajos recursos o limitaciones financieras.

«MoneyGram se ha pasado años fallando a sus clientes e incumpliendo la ley, ignorando las quejas y las advertencias gubernamentales», dijo el director de la Oficina de Protección Financiera al Consumidor, Rohit Chopra, en un comunicado.

La fiscal neoyorquina, Letitia James, criticó a MoneyGram por «decepcionar» a las comunidades inmigrantes que confiaron en la entidad para enviar fuera el «dinero que tanto les cuesta ganar» y se comprometió a «corregir sus prácticas ilegales y evitar que haga más daño».

En los últimos trece años, MoneyGram ha pagado más de 264 millones de dólares en multas y sanciones por violar las leyes antifraude y de protección al consumidor a nivel federal y estatal en Estados Unidos.