El acuerdo con el FMI es el detonante de una protesta que pone en jaque a Ecuador

El acuerdo suscrito en marzo pasado por el Gobierno de Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI), por un monto de 4.200 millones de dólares, ha sido el detonante de las protestas por el alza de los precios de los combustibles que se incluyen en ese pacto y que tienen en jaque al Ejecutivo presidido por Lenín Moreno, dijeron varios analistas.

El mandatario, conforme lo señalaba el acuerdo, decidió eliminar el subsidio o ayuda estatal que por décadas había permitido reducir el precio de las gasolinas y, además, anunció las reformas laborales y tributarias exigidas por el FMI. En respuesta, los gremios del transporte convocaron a una paralización en los servicios de pasajeros y de carga que afectó a todo el país.

La gasolina extra (95 octanos), la de mayor consumo, pasó de 1,85 a 2,40 dólares el galón (4 litros), mientras que el diésel, usado especialmente en autobuses, de 1,03 a 2,27 el galón.

Para el analista económico Pablo Dávalos, el centro de la protesta es el llamado «paquetazo» de medidas aplicadas y defendidas por Moreno, según señaló en declaraciones a Efe, al tiempo que recordó el compromiso del presidente de Ecuador con el FMI de que para obtener los desembolsos del crédito, hará cambios en su política económica.

Dávalos opinó al respecto que Ecuador no estaba afectado por un choque externo (variación de precios del petróleo) que justificara una situación fiscal tan extrema, al tiempo que indicó que al cambiar su programa de Gobierno, en la práctica, «elevó el precio de la gasolina y el diésel», una medida que «afecta a todos», especialmente «a los sectores más pobres de la población», añadió.

El salario básico mensual en Ecuador es de 394 dólares , pero se estima que con otros componentes adicionales llega a un promedio de 460 dólares.

Para el experto, el actual descontento se explica también porque el presidente Moreno ha favorecido a grupos poderosos del país, a los que perdonó el pago de impuestos y atrasos pendientes para incentivar a la industria, por una cuantía que se calcula en unos 4.000 millones de dólares.

El malestar por esas medidas ha llegado hasta el punto de que el mismo Moreno ha decidido trasladar de manera temporal su Gobierno a la ciudad costera de Guayaquil, alejada de las manifestaciones indígenas en la capital y un área considerada zona de influencia de los grupos de derechas.

El economista recordó que el incremento del precio de las gasolinas influye en las tarifas del transporte y alienta el aumento de la inflación, que en septiembre pasado registró una tasa interanual del -0,07 %, mientras que en ese mismo mes de 2018 alcanzó el 0,23 %.

Ecuador, un país con una renta per cápita anual de 4.255 dólares en 2018, basa su economía fundamentalmente en la exportación de petróleo, principalmente hacia (Estados Unidos y China, entre otros), y al que las protestas han causado ya pérdidas por más de 12,8 millones de dólares por las paralizaciones en campos petroleros situados en la Amazonía, dijo a Efe una fuente de la empresa pública Petroamazonas.

La toma de varios campos petroleros en la Amazonía han causado hasta el momento una pérdida de producción acumulada de 231.800 barriles de petróleo.

A juicio del experto «la salida es política, tiene que suspender la aplicación del decreto» que eleva el precio de las gasolinas para desarmar las protestas y propiciar un ambiente de diálogo en el que prime el interés de todos los sectores sociales.

El presidente de Ecuador señaló este lunes que mantendrá las medidas para que la economía de Ecuador «esté sana y la dolarización protegida», al tiempo que insistió en que había «hecho lo correcto para con la patria» y apeló al diálogo a los sectores sociales, «una puerta que -según dijo- en el Gobierno jamás se cerró».

Otros analistas consideran que la eliminación de los subsidios era una medida inevitable y esperada por los sectores empresariales para mejorar los ingresos fiscales.

Para el economista José Hidalgo, de la fundación Cordes, las medidas anunciadas por el Gobierno pondrán a Ecuador en la senda de la competitividad y permitirán alcanzar los estándares en múltiples aspectos como el empleo o el llamado «riesgo país», que existen ya en Colombia y Perú.