El caso congoleño y su relación con la deuda venezolana
El caso de una demanda contra el Congo podría ser uno de los casos en los que los acreedores de la deuda venezolana se inspiren para intentar una demanda en contra del país por su retraso en el pago de los intereses de los bonos. La firma Kensington logró que un tribunal retuviera los activos de la empresa petrolera de ese país como medida para presionar el pago de deuda soberana, un caso que hasta grandes expertos de Wall Street han desestimado para Venezuela.
El banco de inversión Torino Capital, reseña el caso como un ejemplo de la jurisprudencia que podría pesar en contra de Venezuela si los inversionistas se animen a tomar la vía judicial contra la República y con ella arrastran a Petróleos de Venezuela.
En la década de 1980, varios bancos estadounidenses y europeos prestaron millones de dólares a la República del Congo, también conocida como Congo-Brazzaville, para construir carreteras e infraestructura. Finalmente, Congo incumplió con estas deudas y cayó en una guerra civil.
En 2002 Kensington emprendió una batalla legal en Europa y Estados Unidos. Tanto en Londres, como en Nueva York, rechazaron sus argumentos de que la empresa estatal petrolera era una con el estado.
Sin embargo, en 2005, Kensington obtuvo una gran victoria cuando pudo rastrear un cargamento de petróleo de $39 millones de Bermuda de vuelta a Congo. Un juez de la Corte Suprema de Inglaterra llegó a la conclusión de que los propietarios nominales del petróleo eran fachadas utilizado por el Congo para ocultar activos del acreedor, y Kensington consiguió embargar el envío de petróleo. Dos años más tarde, un tribunal belga permitió a Kensington apoderarse de 10,5 millones de euros de la ayuda exterior belga a el Congo. Además, le congelaron dinero en bancos europeos.
Reseña Torino que estas decisiones obligaron al Congo a llegar a un acuerdo con sus acreedores entre 2007 y 2008. «Los analistas creen que los acuerdos probablemente implicaron valores de recuperación muy altos para los acreedores».
La clave del caso fue la demostración de que la compañía petrolera congoleña «era un alter ego del Congo dado que no era independiente y estaba sujeta a un control extensivo por Estado congoleño, convirtiéndolos en una entidad única».
En otro apartado, Torino asegura que el nombramiento de Manuel Quevedo en el cargo de presidente de Pdvsa y ministro de Petróleo, pone en riesgo al gobierno al momento de querer argumentar que la compañía petrolera es una entidad independiente.
La firma destaca las similitudes del caso con Venezuela. La primera es que los contratados de deuda del Congo no incluían la exención de la inmunidad soberana. Los bonos de Venezuela y Pdvsa también contienen sus exenciones de inmunidad soberana.
La segunda es que Kensington logró demostrar que el estado congoleño y su empresas eran una misma entidad. Torino señala que «parece bastante probable que argumentos similares puedan ser hechos en el caso de Pdvsa y Venezuela, dado que la República Bolivariana de Venezuela es el único propietario de los activos de Pdvsa, que el directorio de Pdvsa es directamente designado por el Presidente de Venezuela, que Pdvsa hace contribuciones directas a los gastos del gobierno en programas sociales y fondos presupuestarios, y que los estados financieros de Pdvsa a menudo incluyen descargos de responsabilidad sobre la relación.
Uno de los argumentos clave de los tribunales para decidir en el caso del Congo fue que ese estado usó a la empresa en maniobras para evadir sus compromisos soberanos.
«En el caso de Venezuela, ha habido una especulación considerable sobre la capacidad de la República para transferir los derechos de extracción y venta de petróleo venezolano a una entidad distinta de Pdvsa», apunta Torino y recuerda que bajo esa misma premisa intentó defenderse la empresa congoleña.
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