El caso de Interpol golpea las aspiraciones mundiales de China
La desaparición rocambolesca del expresidente chino de Interpol, acusado de corrupción en su país, asesta un golpe a la imagen de China y su ambición de consolidar su presencia en las organizaciones internacionales, estiman los observadores.
La elección de Meng Hongwei al frente de la organización de cooperación policial a fines de 2016 fue un triunfo para el régimen del presidente Xi Jinping, a pesar de la inquietud que suscitó entre los defensores de los derechos humanos.
La última asamblea general de Interpol se celebró en Pekín en septiembre de 2017, ocasión en la que el mismo presidente chino pronunció un discurso.
China, el país más poblado del mundo, tiene una presencia relativamente modesta en las organizaciones internacionales en relación a los países occidentales, y no dirige ninguna institución desde que pasó a retiro la hongkonesa Margaret Chan, que estuvo al frente de la Organización Mundial de la Salud entre 2007 y 2017.
Pero la desaparición de Meng a fines de septiembre cuando regresó a China, seguida del anuncio de su detención por corrupción y de su dimisión, deja en evidencia los crudos métodos del aparato represivo chino, en contradicción con las normas de transparencia seguidas en los países democráticos.
Pekín no estimó conveniente avisar a Interpol de que su presidente estaba siendo investigado, ni tampoco a Francia país en donde tiene su sede la organización. Las autoridades francesas tuvieron que iniciar una investigación a pedido de la esposa de Meng.
«Este caso tendrá un impacto negativo en el ‘soft power’ chino», especula el politólogo Willy Lam, de la Universidad china de Hong Kong. En plena guerra comercial transpacífica, el caso conforta lo que dicen los estadounidenses «que acusan a China de no respetar el Estado de derecho».
Pekín anunció el lunes que Meng, de 64 años, estaba acusado por «aceptar sobornos», pero sin precisar si esas acusaciones estaban vinculadas a sus funciones al frente de Interpol o a su cargo de viceministro de Seguridad Pública (policía), que ocupaba en paralelo.
– Detenciones clandestinas –
La Comisión Nacional de Supervisión, que investiga el caso de Meng, puede mantener detenidos en secreto a sospechosos durante seis meses, sin avisar a su familia ni dar acceso a un abogado.
La Comisión es el principal órgano a cargo de implementar la campaña anticorrupción lanzada por Xi Jinping desde que llegó al poder en 2012. Según un balance oficial, más de 1,5 millones de cuadros del aparato estatal chino fueron sancionados en esta campaña, de la que se sospecha es utilizada para eliminar la oposición interna al presidente chino.
Meng Hongwei podría haber aceptado sobornos pero también «comprometido la seguridad nacional», supone Su Wei, profesor de una escuela de cuadros del Partido Comunista Chino (PCC), citado el martes por el diario oficial Global Times.
«Xi exige una lealtad absoluta», observa Willy Lam, presumiendo que los investigadores pudieron tener dudas sobre la fidelidad de Meng con la línea presidencial.
Pero esas sospechas no son recientes: el Global Times recuerda que Meng fue apartado de la dirección de los Guardacostas chinos en diciembre de 2017, y en abril fue excluido de la célula del PCC en su propio ministerio. Sin que ello le impidiera entonces seguir al frente de Interpol.
A partir de ahora «las organizaciones internacionales lo pensarán dos veces antes de elegir a un chino en su dirección», observó desde Washington la sinóloga Bonnie Glaser, del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, subrayando al mismo tiempo que el caso no es bueno para la imagen de Interpol.
«Interpol será muy criticada si no exige una investigación pública y el respeto a los derechos del acusado», advierte.
El portavoz de la diplomacia china, Lu Kang, aseguró el lunes que China seguirá actuando «como actor responsable» con un «papel necesario en las relaciones internacionales y las organizaciones internacionales».
Cheng Xiaohe, profesor de relaciones internacionales de la Universidad del Pueblo de Pekín, reconoce que el caso «daña» la imagen de China. Pero demuestra también que Pekín «se inquieta poco de su imagen cuando se trata de combatir la corrupción».
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