El chavismo quedó contento con visita de Bachelet, la oposición no tanto
La visita de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dejó sensaciones contrapuestas en los sectores políticos. Para el chavismo, fue un éxito porque consolidó la legitimidad de la administración de Nicolás Maduro, mientras que en la oposición la percepción está dividida.
Algunos dirigentes creen que fue positiva, porque coloca al gobierno chavista en la obligación de cumplir reglas de juego en materia de derechos humanos, mientras que otros sostienen que la ex presidenta chilena legitimó al madurismo en el poder de una manera innecesariamente tajante.
Dos dirigentes del Psuv consultados por Banca y Negocios indican que Bachelet visibilizó a las víctimas del chavismo y sentó una posición más imparcial sobre la situación venezolana en el exterior. El chavismo pone en valor la condena a las sanciones internacionales, aunque la comisionada no las colocó como detonantes de la crisis.
En el chavismo, la comunicación está rígidamente concentrada, por lo que buena parte de los dirigentes prefiere hablar extraoficialmente. Los consultados precisan que la idea nunca fue conseguir un respaldo explícito de Bachelet al gobierno de Nicolás Maduro, sino que dejara sentado que este es el poder ejecutivo legítimo y, por lo tanto, el principal actor en cualquier gestión de solución de la crisis.
La estrategia del ejecutivo chavista con la visita de Bachelet fue clara: copar su agenda y subrayar la legitimidad de su autoridad en el país, cosa que, en buena medida, se logró.
¿Y qué dicen sobre los compromisos asumidos? Aquí aparecen los matices, pues las fuentes apuntan que los delegados permanentes de la Oficina de la Comisionada tendrán la información que requieran de conformidad con los convenios internacionales y las leyes venezolanas.
– En la oposición –
Como es costumbre, el debate interno de la oposición sobre la visita de Michelle Bachelet se puede recoger en las redes sociales de sus dirigentes. En general, hay dos posiciones; la primera es el voto de confianza a la espera de ver el reporte escrito que la comisionada debe presentar en julio, y la segunda es que los compromisos asumidos por Maduro son insuficientes, por lo que la legitimación de la comisión le salió barata.
Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como mandatario interino por más de 50 países, Juan Guaidó zanjó cualquier debate sustantivo, al señalar que es «un error» creer que Bachelet es la «solución», por lo que hay que seguir jugando «en todos los tableros».
María Corina Machado, máxima dirigente del partido Vente Venezuela, escribió en su cuenta de Twitter: «Equiparar víctimas y victimarios, justos y criminales como dos partes legítimas de un conflicto, no es sólo éticamente inaceptable sino políticamente injustificable». Y añadió: «Creer que con concesiones políticas se aliviará el costo humanitario, es ignorar que no lidiamos con políticos, sino con criminales. Criminales, que provocaron intencionalmente la tragedia humanitaria. El régimen buscó reconocimiento y lo obtuvo».
En la otra acera hay dirigentes como el diputado ahora independiente Luis Florido, quien, en un mensaje de WhatsApp resume la posición de un sector que confía en que las reuniones con víctimas y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos demostraron a Bachelet la existencia de una política de Estado que niega el ejercicio de estos derechos de manera sistemática.
Más o menos en la misma tónica se pronunció el diputado José Guerra, cuya inmunidad fue allanada por el TSJ que apoya a la administración de Nicolás Maduro, en un artículo donde valora positivamente la visita de Bachelet y espera que el informe que la funcionaria presentará establezca claramente los hechos.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dio una vuelta de tuerca a las posiciones críticas de Bachelet, al demandar que la comisionada remita las denuncias recibidas a la Corte Penal Internacional.
¿Podía Bachelet tomar partido? Lo cierto es que no era su función en este caso. Su visita a Caracas debía remitirse a buscar elementos para evaluar la situación de crisis en el pais y si se respetan los derechos humanos. La posición oficial de la ONU es reconocer el status quo en Venezuela, y es Nicolás Maduro quien controla el Ejecutivo y tiene poder de fuerza y decisión para ejercer el poder. Es difícil creer que la comisionada pudiera asumir una posición distinta, aunque, en general, la oposición esperaba una posición más matizada.
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