“El diálogo”, diagnósticos comparativos
La posibilidad de la cesación de pago de la deuda externa venezolana se ha tornado un tema especulativo sobre la “voluntad” o “capacidad” de pago del gobierno. Si bien ha ratificado la primera, inclusive habiéndose cancelado los anteriores compromisos, conforme a los argumentos oficiales las dudas sobre el pago de los próximos vencimientos pareciese ser una hipótesis probable.
El presidente Nicolás Maduro ha ratificado la posición voluntarista al afirmar: “Nunca, el default nunca llegará a Venezuela, porque el país siempre tendrá una estrategia clara, y ahora es renegociar y refinanciar toda la deuda externa, porque no vamos a seguir en esta línea”.
El inicio del proceso de “diálogo” anunciado para comienzo del mes de diciembre promovido por el gobierno de la República Dominicana se da con una oposición que se avizora débil debido a que, hasta el momento, la estructura política de apoyo organizada en la Mesa de Unidad Democrática prácticamente se encuentra en desbandada careciendo de dirección consolidada.
Se muestra cierta indiferencia o falta de expectativas sobre el “diálogo” por los partidarios de la oposición, inclusive se observa la percepción de haberse favorecido al gobierno desmovilizándola aunado a la crisis económica manifestada en hiperinflación.
Por parte del gobierno, la convocatoria realizada a los acreedores o tenedores de títulos de deuda venezolana el pasado 13 de noviembre en la ciudad de Caracas, parece no haberse llegado a un acuerdo caracterizada por la escasa duración del encuentro, no presentarse ninguna propuesta concreta para el cambio de condiciones de pago y atribuir a las sanciones del gobierno norteamericano como parte de los problemas de financiamiento. Para los entendidos se ha interpretado por una improvisación en este tipo de materia.
Sobre los diálogos políticos
Los procesos de “diálogo” habían sido convocados por el gobierno anteriormente en busca de apoyo internacional con la finalidad teórica de consolidarlos, por lo general respondieron cuando se sentía en un “estado de debilidad”, particularmente cuando la dinámica política producía en la oposición una “movilización” percibida por comprometedora a su estabilidad.
El gobierno ha ratificado este mecanismo de “dialogo” en tanto la oposición de “negociación y acuerdos” .
Hugo Chávez repuesto en el “poder” el 14 de abril del 2002, anuncia la creación de una “mesa de diálogo nacional” con objeto de comenzar a corregir “los muchos ámbitos en los que es necesario rectificar” se concreta en el Decreto Presidencial 1753, de 28 de abril del 2002 estableciendo la Comisión Presidencial de Dialogo Nacional coordinada el vicepresidente José Vicente Rangel.
En esa oportunidad se restituyó a los gerentes despedidos de PDVSA una de las causas de la crisis de abril del 2002, admitiendo en alocución en cadena nacional de radio y televisión que haber realizado en público la destitución de varios de estos ejecutivos: “Fue un error, no me correspondía a mi hacer ese anuncio y pido perdón por ello”. Designa inmediatamente la nueva Junta Directiva presidida por Alí Rodríguez Araque aparentemente fórmula para conciliar con la “nómina mayor” desarrollando la función hasta octubre del 2004, sustituido por Rafael Ramírez Carreño.
En instalación de la Mesa de Dialogo el 30 de abril 2002, Chávez asevero: “Todo debate es posible, toda reforma, todo cambio, toda transformación es posible, pero en paz, en democracia… Debate, dialogo abierto con la sociedad, sin exclusiones…” sin embargo precisaba “hay factores de perturbación todavía moviéndose, hay causas todavía presentes, hay actores que pudieran estar pensando en insistir, en buscar una vía extra constitucional. Hay tensiones vivas”. A ello añade Rangel en la interpelación en la Asamblea Nacional -03-05-2002, “O nos entendemos o nos matamos unos a otros”.
De la lectura del Decreto se puede concluir que obedeció quizás a una estrategia “voluntarista” de Chávez para contraponer los efectos políticos de las interpelaciones realizadas por la Asamblea Nacional a personalidades relacionadas con los acontecimientos de Abril del 2002 no estableciéndose objetivos concretos; previendo un órgano “consultivo” que “rendirá informes periódicos de sus actividades al Presidente de la República o cada vez que le sean solicitados por éste” y presentación de un “informe final” al culminar su labor – sin haberse establecido la temática a tratar – . Fue considerado por ciertas personalidades “ligadas” a la oposición de aquel momento en la coyuntura de crisis a la lógica de “ganar tiempo”.
Posteriormente seria convocada la Organización de Estados Americanos y el Centro Carter para ofrecer sus servicios de mediación desencadenando el referéndum del agosto del 2004.
En el gobierno de Nicolás Maduro – 2014 – realizo similar convocatoria cuando se desarrolló coetáneamente a una fuerte crisis política a consecuencia de la iniciativa de un sector de la oposición denominada “la salida”. Maduro con cierta sinceridad manifestó lo que ha consistido este mecanismo desde la instauración del chavismo: “Una cosa es tener una mesa de diálogo y otra es tener una mesa de negociaciones. Aquí nosotros no venimos a negociar nada de lo que es la democracia, la Constitución. Diálogo, si, entendimiento en grandes temas, sí, pero dame esto, dame aquello no”.
Sobre el diálogo económico
La convocatoria de un diálogo el pasado mes de septiembre bajo la coyuntura de la oposición en “estado de debilidad” debido a un notorio fraccionamiento después de las elecciones regionales y “menguada capacidad política de convocatoria” lo convierte en un hecho sui generis con respecto a los anteriores.
El presidente Maduro exigió a la oposición el cese el boicot contra la economía y pida a Estados Unidos levantar las sanciones financieras puntualizando que su principal exigencia en la “Mesa” es que las elecciones presidenciales de 2018 se desarrollen con «garantías económicas».
Exhortó al presidente del Parlamento, Julio Borges, y al negociador Luis Florido, a que se comprometan a hablar con el gobierno de Estados Unidos y exigir que levante las medidas que prohíben a ciudadanos estadounidenses negociar la nueva deuda pública venezolana.
Maduro insiste en una sesión con la Gran Misión Justicia Socialista y frente a decenas de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana ,que el socialismo es la vía correcta para llevar al país a un futuro próspero y de progreso y responsabilizó de la debacle económica y social de Venezuela a los “embates” de la oposición nacional e internacional.
La política exterior norteamericana en vocería particularmente del vicepresidente Mike Pence señalo el “pleno compromiso” de utilizar “todas las medidas económicas y disponibles hasta que la democracia en Venezuela fuese completamente restaurada” implementándose una estrategia orientada a utilizar restricciones financieras y probablemente comerciales para limitar la capacidad del gobierno venezolano de adquirir nuevos endeudamientos o vender activos en el mercado estadounidense.
La eficiencia de las sanciones norteamericanas pudieran ponerse en duda cuando la posible situación económica que tratan de persuadir al “cambio de actitud” por el gobierno venezolano en la realidad se han generado mucho antes de aplicarse.
Dos visiones teóricas necesarias sobre el “diálogo”
Dos libros ilustran y son de obligatoria lectura para comprender el proceso de “diálogo” en este contexto:
El primero a referirme “Conflicto y reconciliación en Venezuela” del internacionalista Miguel Méndez – Alfadil Ediciones 2004. Parte de las nociones sobre “gobernabilidad democrática” y “límites éticos del conflicto” plantea el “diálogo” como parte del proceso de negociación en auxilio de la “debilidad institucional” de la democracia, reconociendo una incompatibilidad de valores entre el gobierno y oposición.
Se parte de la premisa de que la dinámica política venezolana entre 1998 y 2004, ilustra la espiral de confrontación y conflicto que existe en una sociedad que no está acostumbrada a resolverlos y que en el mejor de los casos no soluciona el problema de fondo.
El segundo es Apaciguamiento del politólogo Miguel Ángel Martínez Meucci – Editorial Alfa 2012. Su marco teórico se basa en el termino anglosajón “appeasement” para explicar la progresiva claudicación de las democracias liberales frente a los retos impuestos por los regímenes que las contravienen o amenazan.
Martínez observa que los procesos de negociación y acuerdos tomados teniendo por desenlace el referéndum revocatorio presidencial de agosto del 2004, permitió identificar la “racionalidad propia de los actores” con la finalidad de entender las bases reales las cuales se asienta el conflicto y la naturaleza de su evolución en el tiempo.
El autor muestra preocupación por lo que denomina “actitudes apaciguadoras” si resultan acertadas o no para los “defensores de la democracia liberal” frente a la situación de frecuente desmantelamiento de sus instituciones, considerando que la democracia liberal es el régimen más capaz de satisfacer de manera eficaz, legítima, pacífica y justa la mayor cantidad de intereses respetando la pluralidad natural de la sociedad.
* Abogado UCAB – Licenciado Estudios Internacionales UCV
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