El Gobierno y su inflación como mal público (Parte I)

A estas alturas, con el nivel y crudeza de la crisis económica, social y política en el país, la utilización de la Mesa de Diálogo para ganar tiempo y by-pasear derechos políticos, civiles y electorales constitucionalmente establecidos que permitirían a la propia sociedad de forma directa buscar soluciones, y el uso equivalente del Consejo Nacional para la Economía Productiva, donde se han elevado una serie de medidas de sentido común en materia económica por parte del sector privado y que por respuesta pública ha tenido la intempestiva y absolutamente negativa medida de retiro del billete de 100 Bs. como uno de los experimentos sociales forzados e irresponsable más desapegado a coherencia y sensibilidad alguna –lesionando a todo un país en su conjunto-; se evidencia que la principal barrera en contra de una senda de bienestar en Venezuela es el propio Gobierno.

Sin tener que apelar a teorías de la conspiración, o si lo que estamos viviendo en Venezuela es producto del desconocimiento en materia económica y de políticas públicas por parte de los responsables de las políticas económicas, si obedece a dogmas ideológicos anacrónicos moralmente débiles y soberbios con evidencia mundial y nacional de su absoluto fracaso, si responde a un problema de miscoordination e inoperancia en la toma de decisiones por parte del conjunto de actores que componen el Gobierno, si responde a la negativa de cambiar el marco institucional que estaría alimentando a toda una “industria” pública de la corrupción, o incluso si constituye una estrategia deliberada y ex profeso; el resultado en materia económica, de bienestar social y desarrollo es el mismo –tremendamente negativo-.

Un Gobierno que no responde a la definición de un Estado Benevolente que tendría por función maximizar el bienestar social, sino que por el contrario impone a la sociedad una situación contra natura del tipo suma cero, donde producto de las acciones públicas se expolia a unos para beneficiar a otros, haciendo a los dos objetivos de política pública –eficiencia y equidad- excluyentes; constituye definitivamente un mal público y una falla de gobierno. Seguir haciendo lo mismo en materia económica, ante la existencia de alternativas de política distintas representa un enorme costo de oportunidad para todos los venezolanos –especialmente para los más necesitados-.

Las encuestas actuales lo reflejan y evidencian, una enorme desaprobación a la gestión de Gobierno, riesgo al que se exponía una gestión pública basada en un modelo expoliador y en ocasiones redistribuidor. El sostenimiento y crecimiento del bienestar social, obviamente no puede basarse en expoliar; por el contrario debe basarse en esquemas de incentivos en favor de la generación de riqueza y bienestar. Así las cosas, producto de la fuerza de las circunstancias, los venezolanos se han ido reconociendo como dolientes últimos –residual claimants- de las malas políticas públicas y económicas del actual Gobierno.

Toda una hegemonía comunicacional en manos del Gobierno, con el respectivo despilfarro de recursos que ello implica, ha sido utilizada para querer hacer ver que las acciones del Gobierno cuentan con algún grado de coherencia. Venezuela está sufriendo un gigantesco shock negativo externo e interno, fundamentalmente traducido en una depresión del consumo y de la actividad económica –sin mayor posibilidad de continuar compensándolo vía importaciones, ni subsidios-, con magnitudes de tragedia humanitaria.

Aún así, el 14-12- 2016 a las 8:30 am fue transmitido un programa en VTV con la intención de querer hacer ver que la crisis es culpa del “siempre necesario” enemigo externo o del sector privado. En dicho programa se insistía en la tesis de la “inflación especulativa o inducida” como ejercicio y abuso de posiciones de dominio, negando cualquier tesis que implique responsabilidad por parte del Gobierno –como si la inflación por su propia definición no constituyera un mal público y su origen y corrección, como veremos más adelante, exclusiva responsabilidad del Gobierno-. Los presentadores del programa de televisión atacaban a los economistas que han llamado la atención sobre la necesidad de estabilizar la economía, tildando de falaz a la teoría monetarista que asoma explicaciones para la inflación. Peor aún, se alegaba en el canal de televisión oficial que cualquier expansión de la Liquidez Monetaria producto de la monetización del déficit fiscal y del exceso del gasto no productivo y sin calidad, debería generar crecimiento y bienestar y no inflación, porque según estos señores así lo santificó Keynes(¿!). Valga decir que ni el propio Keynes se atrevió a plantear absoluta inocuidad en la expansión de la oferta de dinero 1 . Más allá el mecanismo de transmisión de la oferta monetaria hacia la economía que planteará Keynes no es como se planteó en el programa de VTV que una inyección excesiva de oferta de dinero crearía demanda y crecimiento. Keynes planteó que una expansión de la oferta ejerce su efecto por medio de una eventual reducción en el precio del dinero en el mercado –las tasas de interés- lo que pudiera fomentar la inversión, la demanda de crédito y la actividad económica, lo que posteriormente implicaría una expansión de la demanda de factores –permitiendo reducción del desempleo- y una eventual expansión de la demandan agregada. Keynes basaba tal tesis en suponer rigideces en el corto plazo en los ajustes de los precios en términos relativos con la expansión de la inversión. Sin embargo, el propio Keynes destacó que en situaciones de pleno empleo, la expansión de la oferta ejercería impacto directamente proporcional sobre los precios. Lo anterior igualmente aplicaría ante rigideces sobre la actividad económica. Por ejemplo, muy por el contrario a lo que se planteaba en el programa de VTV donde los presentadores asomaban la ingenua y “voluntarista” tesis de que mayor cantidad de dinero serviría como una especie de insumos para adquirir recursos, factores e insumos productivos; el dinero por sí sólo no constituye un insumo o materia prima, especialmente cuando en el corto plazo existe rigidez en la oferta de insumos o en los medios para adquirirlos como por ejemplo vía control de cambio, restricciones al acceso de divisas y a los insumos importados –incluso a los nacionales, cuya producción y oferta han caído de forma ininterrumpida a lo largo de los últimos años-.

Así las cosas, el programa de VTV pretendía hacer ver que el Gobierno estaría perfeccionando, si cabe la expresión, una política de demanda por medio de la expansión monetaria. Más allá, el Gobierno parece apostar a una política de expansión del gasto público y de la oferta de dinero con la ausencia de políticas de oferta, entendidas en su forma menos intrusiva, como una política de competencia, de identificación y levantamientos de las barreras a la actividad económica –¿creyendo que esto no afectará el nivel de los precios y que podría incentivar a la actividad económica?-. Los problemas básicos tales como políticas fiscales y monetarias erradas, productividad deficiente y restricciones a la competencia son ignorados al pensar que con controles de precios, a pesar de la expansión de la oferta, se puede controlar la inflación. De hecho, ante controles de precios o peor aún ante una inflación de costos con dificultades para realizar el pass-through hacia los precios en un escenario de expansión de la oferta monetaria que reduciría las ganancias de las actividades económicas, y ante una continuada caída en las escalas operativas y la productividad, conjuntamente con continuados decretos de aumento de los salarios; terminarán siendo los trabajadores menos calificados los primeros en perder su empleo –cuando no quiebren por completo las empresas-. En aquellos casos que los aumentos salariales no tienen su contrapartida en un aumento de la producción de bienes, esto es, en un aumento equivalente de la productividad del trabajo, es, en efecto, otro factor que induce a la creación de dinero inflacionario.

Economista UCV. Master in Competition and Market Regulation, BarcelonaGSE, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona. Postgraduate Diploma in Economics for Competition Law, Kings College London.