El petro y el consumidor final

Los ciudadanos en Venezuela se encuentran absoluta y totalmente indefensos ante un Gobierno que vela única y exclusivamente por sus intereses y por su proyecto de poder y sostenimiento. La destrucción de bienestar social y las medidas de políticas públicas que profundizan la crisis resultan continuamente avaladas por el resto de las instancias del Estado.

La necesidad del Gobierno por crear nuevas formas de acceso a dólares, una vez se encuentra mermada la principal fuente ingresos, la petrolera, tanto por el “nivel” de precios como por la cada vez más mermada cantidad extraída-comercializada-cobrable; lo ha llevado a intentar crear algún instrumento que le implique divisas. Así se creó el petro.

Sin embargo, al igual que cualquier promesa fiduciaria emitida por este Gobierno, su credibilidad mermada y confianza destruida, aunada a las dificultades nacionales -por desaprobación de la Asamblea Nacional- o por sanciones internacionales a emitir nueva deuda, complica al Gobierno las posibilidades de nuevos ingresos en divisas.

Es así como el Gobierno pretende usar “la forma” de las criptomonedas -y su característica de emisión limitada- para intentar enviar la señal de “amarrarse” a una regla de no hacer como con el bolívar, emisiones continuas e irrestrictas que terminaron destruyendo su valor. Adicionalmente, en claro reconocimiento de su nula credibilidad, el Gobierno pretende colocarle al petro una promesa de un subyacente para crear la idea de valor “intrínseco”. Hasta la fecha solo adquirible en divisas. Obviamente a diferencia de otras criptomonedas constituye un contrasentido, toda vez que el valor de las criptomonedas se ha basado en su confianza y de aquí la posibilidad -aunado a la ausencia de reguladores- de ganancias o pérdidas súbitas e irrestrictas.

Pero la guinda del pastel lo constituye nuevas y constantes amenazas de imposición del petro como forma exclusiva para cancelar bienes y servicios provistos por el Estado, anunciándose ampliar su uso obligatorio a mayores ámbitos (como zonas específicas del país). Lo anterior resulta evidencia y confesión del fracaso anticipado del petro como oferta creíble y demandable libremente. ¿Por qué imponer el uso de un instrumento que basado en la “confianza” y su atractivo subyacente contaría con una demanda voluntaria?

Por tres razones básicas, primero porque la confianza no existe y la demanda voluntaria tampoco, segundo porque existe objetivos expoliadores en dólares hacia los venezolanos, y tercero porque quiere hacerse ver que funcionó.

Como lo señaláramos en un artículo titulado “El petro y su venta atada: lesión al patrimonio de la nación”, y como lo predeciría la “teoría del monopolio único”: imponer exclusividad en el uso del petro para cancelar la oferta de ciertos bienes o servicios provistos por el Estado -donde lamentable e insólitamente habría que incluir en el caso venezolano bienes privados de consumo privado- encarece tales bienes y servicios reduciendo su demanda e ingresos por algunos de estos que pudieran estar siendo provistos con carácter de monopolio público. Lo anterior implica una lesión al patrimonio nacional con estricto interés expoliador, redistributivo en favor de quienes detentan el poder y político para mostrar un funcionamiento que no resulta voluntario.

La contraparte de esta ineficiencia y lesión es la que se asoma en el título del presente artículo: el consumidor final y/o ciudadano. Imponerle la exclusividad de pago en petros o la venta atada de ambos -el bien o servicio y la obligación de adquirir el petro como forma de pago- aumenta los costos al consumidor final y encarece el bien o servicio. En este sentido se estaría destruyendo excedente del consumidor, disuadiendo a consumidores que poseen disponibilidad a pagar por el bien sin ser atado al petro, lo que lesiona al consumidor final y destruye bienestar social.

En este orden de ideas, el petro podría destruir no sólo patrimonio e ingresos al Estado -en sus funciones de oferente y/o proveedor de bienes y servicios-, sino que habrá creado pérdida de peso muerto o destrucción de excedente del consumidor al dificultar el acceso o crear nuevos costos de acceso a consumidores y ciudadanos a bienes y servicios que sin motivación, sino política o expoliadora de divisas, se les impone como forma de pago el petro. En este sentido el petro podría destruir Bienestar Social por lo que su pertinencia debe ser analizada.

Se requiere urgente e improrrogablemente un “Frente”, un espacio o una ONGs de resguardo y rescate del bienestar social en materia económica, de políticas públicas y regulatorias. Sugiero que urgentemente se cree un “Observatorio de Políticas Públicas y Regulatorias, y de Derecho y Economía para Venezuela”.

* Economista UCV. Master in Competition and Market Regulation, BarcelonaGSE, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid. Master en Economía y Derecho del Consumo, UCLM. Postgraduate Diploma in Economics for Competition Law, Kings College London, University of London.