El precio del socialismo del siglo XXI

Lo que paga y en ocasiones lo que deja de pagar un consumidor o un ciudadano dice más, bajo ciertas situaciones extremas, sobre su capacidad a pagar que sobre la valoración que posee por bienes y servicios.

Lo anterior no significa que el sistema de precios deje de ser un sistema de información potente y potencialmente eficiente, sino que está mostrando una situación social subyacente, terrible y ajena a este en sí mismo.

El socialismo del siglo XXI se ha caracterizado por trasladar sus problemas financieros producto de políticas efectistas vía gasto público hacia el ciudadano y su poder de compra a través de la inflación y la destrucción de la credibilidad del signo monetario. Pero también por el sistemático ataque a instituciones de incentivo a la producción, la inversión, los esfuerzos y la creación de riqueza y bienestar como son los derechos de propiedad ampliamente entendidos.

Venezuela se ha transformado en una sociedad depauperada donde el referente salarial oficial ronda los dos o tres dólares mensuales. En una sociedad con esta característica la protección al consumidor se enfrenta a retos enormes porque, por ejemplo, en materia de control de precios ya existiría una restricción sobre la formación de precios brutal producto de la pobreza.

Así las cosas, los controles de precios perderían cualquier justificación para evitar descreme de mercado (el precio más alto posible que los clientes estarían dispuestos a pagar) y la captura de excedentes de los consumidores. Incluso, la protección al consumidor tendría que replantar los “estándares” de calidad y seguridad sobre productos y servicios, cuyas referencias normales no tendrían mucho sentido social con sus excepciones extremas basadas en asimetrías de información o problemas y sesgos cognitivos, respetando la soberanía del consumidor.

La depauperación de la sociedad venezolana que ha producido el socialismo del siglo XXI encuentra dramáticas evidencias desde el punto de vista microeconómico y del consumidor específicamente.

Las recurrentes escenas de personas revisando y escudriñando la basura para encontrar alimentos constituye evidencia de una capacidad de pago nula para un gran número de venezolanos.

Por otra parte, se ha hecho frecuente ver las denominadas “perreras”, donde ciudadanos y trabajadores arriesgan literalmente sus vidas para trasladarse. Sin embargo, ¿cuál es la capacidad de pago de dichos trabajadores para optar por sustitutos de transporte, incluyendo taxi, moto taxi u otro? Obviamente revelan una capacidad de pago y una situación de apremio preocupante.

Lo anterior no significa que los venezolanos no valoren sus vidas o que ni siquiera ponderen los riesgos que las actividades anteriores implican. Si le consultáramos a estos ciudadanos cuánto estarían dispuesto a recibir por dejarse quitar la vida -salvo que sea un suicida- contestaría que no existe dinero o precio que pague por ello.

Sin embargo, si le preguntáramos cuánto está efectivamente dispuesto y capacitado a pagar por evitar una muerte segura, posiblemente su respuesta se encuentre circunscrita a un monto determinado por su capacidad patrimonial o de pago.

Visto desde otra perspectiva, ¿cuántas tiendas y comercios de productos de lujo o de marca han desaparecido de Venezuela sin que hayan estado sometidas a controles de precios? La mayoría han desaparecido, explicado fundamentalmente en la depauperación del mercado venezolano y más concretamente del poder de compra del ciudadano y de su moneda.

Cuántos productos -incluso ofrecidos por empresas trasnacionales-basados en valor de marca y en la reputación desarrollada a través de los años por medio de su calidad hemos visto degradados, exclusivamente, para el mercado venezolano.

El “valor de marca”, los costos de señalización y diferenciación no pueden ser afrontados por la deteriorada capacidad de pago del venezolano.

Peor aún la calidad y la seguridad se han convertido en un bien suntuario para el venezolano, porque ambas implican costos que tendrían que ser traslados a precios.

Esta situación da cuenta del extravío del gobierno en sus políticas públicas cuando pretende imponer controles de precios que terminan apretando los márgenes y la restricción de participación de los oferentes, creando desabastecimiento incluso para aquellos consumidores que todavía cuentan con cierta capacidad de pago y creando un sobreprecio artificial, exclusivamente producto de la regulación, a un nivel que vacía los mercados negros.

Las políticas de protección al consumidor en países empobrecidos, especialmente por acciones y omisiones del gobierno, deben tratar de no profundizar la crisis.

No debemos confundir pobreza con fallas de mercado, mucho menos aquella pobreza producto, más que de la falla de gobierno, de un modelo fallido: el socialismo del siglo XXI.

* Enrique González es economista de la UCV, con un maestría en Economía Industrial y otra en Derecho del Consumo entre otras especializaciones.