El presidente de México somete su reforma del sector eléctrico al voto de diputados
Día de alta tensión para el presidente izquierdista de México, Andrés Manuel López Obrador: los diputados mexicanos comenzaron este domingo la discusión de su emblemática reforma constitucional al sector eléctrico, rechazada por Estados Unidos y el bloque opositor.
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«Con un quórum de 488 legisladores, el pleno de la Cámara de Diputados dio inicio a la sesión de hoy en la que se discutirá la iniciativa del presidente», confirmó a la AFP el departamento de Comunicación Social del recinto legislativo.
Una semana después de la «consulta revocatoria» de su mandato, en la que salió victorioso aunque con una fuerte abstención, López Obrador no tiene la mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados, necesaria para que se apruebe esta reforma que daría al Estado mayor control del sector eléctrico.
El partido oficial, Morena, y sus aliados solo cuentan con 277 escaños de un total de 500, y el bloque de oposición ya dijo que votara en contra de la reforma.
«Será la primera vez que se desecha una propuesta constitucional de un presidente porque no supieron operarla, por la soberbia del presidente y de su equipo», dijo a la AFP una fuente cercana al Coordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda), Luis Espinosa Cházaro.
Legisladores de ese partido y otros opositores -Partido Acción Nacional (PAN, derecha), el exhegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI)- pasaron la noche del sábado en la Cámara de Diputados para evitar que eventuales manifestaciones del oficialismo les impidieran el paso al recinto este domingo, sostuvo la fuente.
Estados Unidos ya advirtió que se podrían desatar «litigios interminables» de aprobarse la reforma, la cual según Washington vulnera las inversiones privadas estadounidenses en México.
El presidente mexicano restó importancia a un eventual revés en el Congreso de su reforma constitucional al sector eléctrico.
De hecho, la semana pasada, la Suprema Corte avaló una ley que el Congreso aprobó en 2021, que refuerza la participación del Estado en el sector eléctrico en detrimento de los privados.
«Si hay una traición ya estamos protegidos», dijo el mandatario el martes pasado, refiriéndose a la decisión de la Suprema Corte de Justicia.
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