El trienio perdido: Sumario de la economía venezolana 2014-2016

Al cierre de 2016, la economía venezolana presenta un cuadro deplorable: una contracción del PIB estimada en 12,0%, una  tasa de inflación que excede el 500,0% y una caída de las reservas internacionales de aproximadamente US$ 5.200 millones. Todo ello se tradujo en una disminución del salario real superior al 20,0% y un incremento de los niveles de pobreza que rebasó la cota máxima que registró históricamente este indicador en 1998. Actualmente Venezuela es un país en ruinas. Tan grave como lo anterior es la situación calamitosa de la industria petrolera y específicamente de PDVSA, empresa ésta incapacitada para aumentar la producción, altamente endeudada, minada por la corrupción y presa de la politiquería. La decadencia de Venezuela es la decadencia de su industria petrolera aunque no es dable suponer una actividad petrolera floreciente en una economía devastada.

El año 2016 presenció lo desarticulado de la acción de gobierno en materia económica: cuatro vicepresidentes de Economía se sucedieron, cada uno peor que el predecesor. Al omnipresente General Rodolfo Marcos Torres, le siguió el aprendiz Luis Salas quien  duró menos de dos meses en el cargo, siendo luego sustituido por Miguel Pérez Abad y éste a su vez por un ilustre desconocido en la profesión, Carlos Faría.  Hoy no se sabe quien coordina o dirige el Gabinete Económico.

Desde una perspectiva de mediano plazo, se puede afirmar que el trienio que va de 2014 a 2016 puede calificarse desde el punto de vista económico y social, sin ningún tipo de duda, como el trienio perdido. Efectivamente, con relación a 2012, durante ese lapso la economía perdió más de 20,0% de la producción de bienes y servicios, registró una tasa de inflación acumulada de 2.940% y las reservas internacionales se redujeron en US$18.887 millones, lo que refleja un deterioro considerable del sector externo.

Entre 2013 y 2016 el comportamiento del PIB refleja una caída acumulada que supera el 18,0% la cual constituye la mayor que ha tenido la economía venezolana en cualquier episodio de su vida republicana moderna, aún en años de alta conflictividad política como la que vivió el país en la década de los sesenta. En términos del PIB por habitante, la disminución en el trienio perdido  fue de aproximadamente 24,0%, una vez que se toma en cuenta el crecimiento poblacional.

Pocos países han registrado un desempeño tan mediocre de su economía sin experimentar un conflicto bélico. Evidentemente ello tiene que ver con la baja en los precios del petróleo, en un contexto en el cual Venezuela no ahorró en los años de elevados precios sino que, contrariamente, acumuló deuda externa, la cual no se tradujo ni en un aumento de la capacidad de producción de bienes dirigidos al mercado interno ni a la expansión de la producción petrolera. De hecho, en el trienio señalado, la producción de petróleo acusó una disminución acumulada cercana al 15,0%, equivalente a más de 360.000 barriles diarios, hecho éste que restringe la capacidad de exportación y de generación de divisas y resta poder de negociación en el seno de la OPEP.

Pero el factor fundamental detrás de la pronunciada declinación de la actividad económica radica en la aplicación de un modelo económico estatista y un esquema de política económica basado en la hostilidad hacia la inversión privada en medio de un sistema de controles de precios y de cambio que inhibe la inversión y genera incertidumbre entre los agentes económicos. De esta manera, en el trienio perdido la tasa de inversión cayó 12,0% del PIB respecto a su valor de 2012. Ello es un elemento que atenta contra la expansión de la capacidad productiva a mediano plazo, más allá de las oscilaciones puntuales propias de los ciclos económicos.

El sistema de control de precios no ha servido ni servirá para disminuir la inflación y más bien tiende a desestimular la producción de aquellos bienes cuyos precios están sujetos a esos controles.  Ese régimen de fijación de precios manejado discrecionalmente ha propiciado todo tipo de arbitrariedades por parte de las autoridades, situación que ha ahuyentado la formación de inventarios y conspirado contra el desarrollo normal de la actividad comercial.  Por su parte, el control de cambio con sus tasas oficiales, con una enorme brecha entre ellas  y a su vez con la tasa del mercado paralelo, ha generado incentivos a la corrupción y consiguientemente una mala y distorsionante asignación de las divisas.

Una tasa de cambio (Dipro) absurda de Bs 10 por US$ hace inviable cualquier actividad económica que compita con importaciones valoradas a ese tipo de cambio, al tiempo que promueve un esquema de subsidios cambiarios totalmente ineficiente que impacta negativamente las finanzas  públicas. A esa tasa de cambio, los estados financieros de PDVSA son crónicamente deficitarios y la empresa debe recurrir a la impresión de dinero por parte del BCV para procurar realizar gastos que aumentan conforme a la inflación doméstica.

De igual modo, el funcionamiento de la tasa de cambio Dicom no se puede calificar como la de un mercado propiamente sino más bien como un manejo igualmente discrecional, similar al de un régimen de mini devaluaciones. No se conoce el criterio usado por el gobierno para asignar las divisas a esa tasa de cambio. Por su parte, el tipo de cambio  paralelo lejos de ser el de un mercado organizado, funciona sin reglas, sin transparencia, lo que provoca movimientos de la cotización absolutamente sin relación con los fundamentos de la economía.

Esa ausencia institucional de un mercado, conjuntamente con la política monetaria expansiva que ha seguido el BCV encaminada a financiar al fisco, ha propiciado una depreciación de esa tasa de cambio que actúa como marcadora del sistema de precios no sujetos a regulación, sin que por otro lado se obtengan los beneficios para el disminuido sector exportador, que potencialmente se deberían obtener de esa subvaluación de la paridad cambiaria.

Al borde de la hiperinflación

Venezuela se encuentra al borde de una hiperinflación. Más allá del debate sobre las cifras que caracterizan ese proceso, es claro que una tasa de inflación mensual en el entorno del 20,0%  configura un cuadro de obvio peligro hiperinflacionario, a la cual se suma una caída vertical de la demanda por dinero que propician la inflación y la depreciación del bolívar. Acá, como en todas las experiencias de inflaciones altas o de hiperinflaciones, juega un rol fundamental el financiamiento monetario del BCV al déficit fiscal del sector público.

Con un desbalance de las cuentas públicas que promedia el 14,0% del PIB entre 2016 y 2014, de los cuales al menos 7,0% del PIB obedece la impresión de dinero para ese fin, es de esperar una aceleración de la tasa de inflación, no obstante los controles de precios. En un escenario de creación acelerada de dinero de esa magnitud, los controles de precios pierden significación como instrumento para contener el alza de precio y más bien propician escasez y destrucción de las capacidades productivas.

Sin divisas y endeudados

En el trienio perdido, Venezuela ha registrado déficits consecutivos en la balanza de pagos que se han traducido en una declinación de sus reservas internacionales. Es evidente que en la conformación de esos déficits ha jugado un rol importante la reducción de los precios del petróleo, en una economía cada vez más dependiente de ese recurso mineral y que no exporta otra cosa que petróleo. Sin embargo, dos elementos han condicionado esos déficits: por un lado, el elevado nivel de las importaciones hasta 2015 y los pagos de intereses de la deuda externa, lo cuales están absorbiendo buena parte de las exportaciones petroleras.

Al concluir 2016, el BCV tiene menos reservas internacionales que las que poseía en 1996, luego de haber disfrutado del auge petrolero más intenso y prolongado de la historia de Venezuela, primero entre 2000 y 2008 y luego entre 2010 y 2014. Pero al compás de los altos precios del petróleo, las administraciones de Chávez  y Maduro imprimieron un ritmo vertiginoso al endeudamiento en moneda extranjera y nacional. Éste último cuenta poco debido a que el mismo está contratado a tasas de interés subsidiadas que al final se termina pagando con inflación. El estado de la deuda pública externa llama a preocupación tanto por su magnitud como por su modalidad.

Efectivamente, al consolidar la deuda de la República con la financiera de PDVSA el monto al cierre de 2016 es de US$ 150.000 millones, cifra considerablemente superior  a los US$ 130.000 millones registrados en 2012. Ello no incluye otras formas de deuda que durante el trienio perdido han tomado preponderancia, como son los casos de la deuda comercial por un valor aproximado a US$ 14.000 millones, deuda con empresas petroleras socias de PDVSA en la Faja del Orinoco y otras por conceptos de dividendos causados y no pagados a empresas foráneas.

Con esa acumulación de compromisos de pago en moneda extranjera va aparejada la subasta de activos nacionales igualmente en moneda extranjera para honrar los compromisos de pago. Así, se vendieron a precios viles las cuentas por cobrar de la factura petrolera con República Dominicana y Jamaica, se hipotecó el oro de las reservas del BCV,  se apeló a los Derechos Especiales de Giro ante el FMI y PDVSA contrató en condiciones leoninas préstamos con compañías petroleras rusas y cedió su participación en proyectos de la Faja del Orinoco. El cuadro se completa con la garantía prendaria de CITGO dada por PDVSA, primero con el 50,1% de sus acciones para posibilitar el canje de una parte de su deuda y más recientemente con el 49,1% para asegurar un préstamo con Rosneft. Ahora está Venezuela endeudada y sin activos externos.

El estado de destrucción durante el trienio perdido estaría incompleto si se deja de mencionar el oscurantismo estadístico al acordar el gobierno una política de ocultamiento de las estadísticas económicas  y sociales donde Venezuela era reconocida. Las estadísticas se publicaron hasta que le fueron útiles. Como ya las cifras no le favorecen para aceitar el funcionamiento de la maquinaria de la mentira informativa, optó el gobierno por dejar de editar el PIB y sus componentes, la balanza de pagos, la inflación, la producción industrial, la pobreza, el coeficiente de Gini y el Índice de Desarrollo Humano, entre otros indicadores. De la producción de petróleo los venezolanos se enteran por los boletines mensuales publicados por la OPEP.

Cuadro Resumen de indicadores