Elecciones contra sanciones

Entre los obstáculos que reflejara el próximo encuentro gobierno- oposición en la República Dominicana el 15 de diciembre será el tema electoral condicionado al económico.

Ha expresado el ministro Jorge Rodríguez que la celebración de elecciones presidenciales dependería de cesar o levantar las sanciones financieras impuestas por gobiernos extranjeros, no teniéndose dudas de que han resultado aparentemente eficaces.

El canciller Jorge Arreaza asegura  que 3.000 millones de dólares se encuentran bloqueados por el sistema financiero mundial en razón de estas sanciones; aunque en realidad establecen la prohibición a ciudadanos y empresas negociar con capital y deuda emitidas por PDVSA y el gobierno venezolano en territorio estadounidense a partir de la respectiva providencia ejecutiva en consecuencia las viejas obligaciones y papeles de deuda podrían seguir transándose.

La calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) declaró el impago del gobierno venezolano de los intereses de los cupones de los bonos 2023 y 2028 de deuda externa, al expirar los 30 días de período de gracia que se encontraban no cancelando 183 millones de dólares que adeudaba a los tenedores de bonos para la fecha de culminación de este plazo.

Puede observarse claramente siendo las elecciones un “evento estructural” del funcionamiento político del estado venezolano conforme a la propuesta del gobierno, se subordinaría a un acontecimiento circunstancial y exógeno; siendo una demanda o requerimiento inaceptable, inclusive un despropósito. Los procesos electorales constituyen “eventos soberanos” de la dinámica y consolidación del Estado y el ejercicio del voto o sufragio un “derecho humano” de carácter político inalienable indicador recurrente mas no único de la democracia.

De hecho, este condicionamiento manifestado por el ministro Rodríguez daría la razón a los actores internacionales que han impuesto sanciones a Venezuela sea el Mercosur, Grupo de Lima, Canadá, EEUU y posiblemente la Unión Europea, bajo la hipótesis de la existencia de un “déficit democrático” o en una apreciación extrema el reconocimiento de una “dictadura” que a través de estas busca restituir la democracia.

Es de acotar que la imposición de sanciones económicas conforme a la experiencia de política internacional contemporánea ha resultado ineficaz para el cambio político cuando se trata de gobiernos autocráticos; y haría más calamitosa una situación que lo era antes de aplicarlas.

La tesis oficialista maneja la hipótesis que las sanciones obedecen a requerimientos de la oposición a países extranjeros, constituyéndose incluso un “delito de traición a la patria” reclamar el reconocimiento de las competencias de la Asamblea Nacional y denunciar de fraudulenta a la Asamblea Nacional Constituyente; esta última de carácter “supra-constitucional y plenipotenciario”, inclusive en la práctica ha desconocido autoridades electas por voto popular como el caso de la gobernación del Estado Zulia; podría condicionar u obstaculizar cualquier cambio político por vía electoral en el 2018, mientras se mantenga en funciones como lo hace la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia desde el 2016, cuando la oposición se adjudico electoralmente la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional.

El posible desmontaje por la oposición a requerimiento del oficialismo de los argumentos que han justificado a gobiernos extranjeros la imposición de sanciones, concretaría una de las mayores y sorprendentes manifestaciones de “apaciguamiento” o “claudicación” de valores que afectarían más las precariedades estructurales y falta de capacidad de convocatoria y movilización de la población descontenta con el gobierno.

Al interpretar el oficialismo que las sanciones no responden al “interés nacional” de los estados inclusive de sus líderes; sería perder la brújula sobre los diagnósticos creando equivocaciones de consecuencias impredecibles. La exigencia del gobierno en la práctica convierte a los gobiernos extranjeros en un sector adicional del “proceso de negociación” como ha calificado el presidente dominicano Danilo Medina más que propiamente un “diálogo”.

La propuesta sanciones – elecciones resulta una “apuesta” o “desafío” de alto precio en una coyuntura hiperinflacionaria de efectos contraproducentes en la lógica de paulatina disminución del “bienestar” de la población. Al menos que la construcción del socialismo del siglo XXI reivindicado por el presidente Maduro tenga cimientos consolidados en la carestía y escasez como alguna vez lo propuso el ex ministro de planificación Jorge Giordani al aseverar que el socialismo nunca surgió de la abundancia sino lo contrario.

Es de recalcar que la administración norteamericana del presidente Trump suele realizar “apuestas” y “desafíos” de alto precio aunque a veces recurre al plano retórico, pero también ha concretado “apuestas duras” bajo condicionamiento de los grupos de presión o lobbies con influencia electoral en el sistema político norteamericano, por ejemplo, la revisión de relaciones con el gobierno castrista de Cuba o reconocimiento de Jerusalén por capital de Israel originando consecuencias impredecibles en este último caso.

El gobierno venezolano podría no ser una excepción de un “desafío” de este tipo por la administración norteamericana.

* Abogado UCAB – Lic. Estudios Internacionales UCV.
Lefg1968@hotmail.com