Empresarios de Nicaragua piden a gobierno de Ortega el cese de la intimidación y el abuso

Diferentes cámaras empresariales nicaragüenses pidieron al Gobierno de Daniel Ortega cesar la intimidación hacia los opositores y al sector privado, en el marco de la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde el 18 de abril de 2018.

En específico, los grupos empresariales demandaron cesar los «abusivos» cobros y multas que, aseguran, está haciendo la Alcaldía de Managua, en colaboración de la Fiscalía y el Poder Judicial, una acción que calificaron como «terrorismo fiscal».

La Alcaldía de Managua es gobernada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que también ejerce influencia sobre la Fiscalía y el Poder Judicial, según los empresarios y la oposición.

Los grupos empresariales mencionaron el caso de una inmobiliaria ligada a familiares del dirigente opositor Juan Sebastián Chamorro y al que la Alcaldía de Managua le está cobrando unos 9,4 millones de dólares como reparo fiscal por ingresos totales no declarados entre 2017 y 2019, pese a tener sus solvencias municipales al día.

– Incertidumbre –

«El actuar intimidatorio y arbitrario de las autoridades en contra de empresarios del sector privado y activistas opositores representan un conjunto de agresiones deliberadas que buscan agredir, callar la opinión y descontento popular», señaló la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) en un pronunciamiento.

AmCham condenó categóricamente ese actuar, «que demuestra el poco interés en respetar el estado de derecho, y afecta no solo a empresarios y opositores, sino a la población en general, pues esto crea incertidumbre y desconfianza».

En iguales términos se pronunció la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), que además de solidarizarse con la familia del dirigente opositor aseguró que hay otros empresarios que se están viendo afectados por similares situaciones, aunque no mencionó nombres.

Canatur advirtió que acciones como esas «son una estocada más a la seguridad jurídica de las inversiones y no hacen más que ahuyentar las posibilidades de recuperación económica en momentos en que enfrentamos una grave crisis económica».

Asimismo, criticó a la Alcaldía de Managua por «arremeter en contra de los empresarios ejecutando medidas coercitivas en un claro intento de intimidación, perjudicando aún más el ya debilitado clima de negocios de Nicaragua».

El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), el brazo social del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), expresó su «gran preocupación ante las recientes denuncias realizadas por empresarios sobre la imposición de cobros, reparos y multas millonarias», y demandó a las autoridades no promover «conductas nocivas para las empresas».

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un centro de pensamiento independiente, también criticó esos «cobros onerosos y fuera de los procedimientos establecidos por la Ley en Nicaragua».

En tanto, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia condenó lo que consideró como «campaña de intimidación y terrorismo fiscal en contra de empresas por parte de la Alcaldía de Managua».

La Alianza Cívica, a la que pertenece Chamorro, sostuvo que «han sido numerosos los casos de empresarios que han sido amenazados con cárcel si no pagan abusivos cobros y multas», aunque no los cuantificó.

La jueza Imara Isabel Castro Martínez, del Juzgado Quinto Local Penal de Managua, ha dictado una orden de allanamiento de morada y detención contra las socias de la inmobiliaria Intermezzo del Bosque, propiedad de la suegra, esposa y cuñada de Chamorro, que no han sido detenidas.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.