Empresas de economía social ganan peso en Iberoamérica

Las empresas sociales están ganando peso en Iberoamérica con 170.000 compañías de este tipo en siete países de la región, según un informe de la Secretaría General Iberoamericana y el Instituto de Empresa presentado este miércoles.

El documento «Las empresas con propósito y el auge del Cuarto Sector en Iberoamérica” analiza los casos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Portugal y España, que suman 87% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región, formada por 20 países americanos y dos europeos.

El cuarto sector agrupa a empresas sociales que no buscan únicamente beneficio económico, sino también un impacto positivo en la sociedad. Centran su actividad en la lucha contra el cambio climático, la inserción social y laboral de personas con discapacidad o reducir la brecha de género.

Según los datos presentados hoy, las 170.000 empresas sociales registradas, cuya gran mayoría siguen siendo cooperativas tradicionales, generan 10 millones de empleos y suponen el 6% del PIB iberoamericano.

«Queremos impulsar una economía más inclusiva y sostenible en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)», declaró la secretaria general iberoamericana, la costarricense Rebeca Grynspan, quien adelantó que la región trabaja para crear un marco regulatorio propicio para estas empresas.

Según explicó, se comportan «de una manera distinta» en un mercado que no tiene una cabida sencilla para ellas.

«No vamos en contra del mercado empresarial, sino que tratamos de crear un marco distinto para las empresas que puedan contribuir al cumplimiento de los ODS y apoyar a las empresas existentes (tradicionales) para que hagan una transformación» en ese sentido, apuntó.

Grynspan recordó también que la Cumbre Iberoamericana de Antigua (Guatemala) celebrada en 2018 transmitió un mandato para la creación de políticas públicas y de un marco legal que origine «un ecosistema mucho más viable para que estas empresas se desarrollen con mucha más fuerza».

A su vez, la secretaria general se refirió a la «presión» de los consumidores para que el mercado sea más responsable con el medio ambiente, y predijo que las empresas que no se adapten en este sentido pondrán «en entredicho» su sostenibilidad futura.

Consciente del poder y la resistencia al cambio de las empresas tradicionales y del espaldarazo de grandes naciones a los acuerdos globales como el de París sobre el cambio climático, Grynspan abogó por quitar el «velo de invisibilidad» que, a su juicio, existe sobre las empresas del cuarto sector.

«En el terreno está pasando mucho más que eso, este proyecto va en esa dirección y hay que apoyarlo para que siga floreciendo porque está pasando mucho más a nivel de base que lo que se ve», insistió.

En esa misma línea, el investigador y responsable del informe, Diego Rubio, dijo que «cada vez hay más actores que consideran que la manera en la que actúa el sector privado tiene que cambiar», e insistió en la «necesidad» de crear un «ecosistema propicio» para las empresas del cuarto sector.

«Muchas de las empresas (del cuarto sector) dejan de estar activas a los 12 meses de su creación, algo que también sucede en las tradicionales, pero cuando estas sobreviven no lo hacen al mismo ritmo y por tanto no tienen el impacto que nos gustaría», subrayó.

Pese a la dificultad, Rubio citó algún ejemplo de empresas exitosas en la región como la española La Fageda, que produce yogures ecológicos con una plantilla formada mayoritariamente por personas con discapacidad.

«Fue una idea de un psiquiatra que consiguió lo que pretendía, incluir laboralmente a estas personas en la fábrica de un producto ecológico, local y de buen trato animal», ilustró.