En agosto sería la cita: Oposición y Gobierno van a una negociación sin expectativas claras de acuerdo en México

El anuncio llegó «entre bombos y platillos», pero abrió casi tantas dudas como esperanzas. La negociación entre la oposición venezolana y el Gobierno tiene una losa pesada en sus pies; las experiencias previas generan inquietudes entre quienes desean un cambio en el país, mientras los liderazgos están cada vez más desgastados.

A cada lado de la mesa estarán los representantes del presidente Nicolás Maduro y del líder opositor Juan Guaidó. Sobre el tapete, planteamientos que, al menos en público, parecen cada vez más dispares y que dificultan, incluso, la fijación de una fecha para comenzar a hablar. En medio, hay una sociedad cansada que busca la supervivencia cotidiana.

Sin embargo, trascendió que representantes del gobierno y de la oposición de Venezuela se reunirán en México a partir de agosto para una nueva ronda de negociaciones destinada a poner fin a la profunda crisis política del país, dijeron cinco fuentes bien informadas a la agencia Reuters.

También hay una oposición en la que cada vez más voces tienen fuerza y que, por tanto, merma la capacidad de decisión política de Guaidó al frente del antichavismo; pero, además, hay una comunidad internacional con unas posturas alejadas de las que tenían en 2019, cuando se produjo el último intento de diálogo entre las partes.

– La comunidad internacional –

En 2019, el jefe de la delegación opositora -y vicepresidente del Parlamento- era Stalin González, quien explicó recientemente a EFE que en aquel año y «en plenas negociaciones, hubo decisiones de la comunidad internacional que le dieron la excusa» al Gobierno para levantarse de la mesa.

Pese a que no detalló cuáles fueron esas decisiones, consideró que en plena presidencia de Donald Trump, las posturas eran mucho más tensas y las líneas rojas estaban muy marcadas.

«Parte de los errores (de la oposición) fue haber creído que Donald Trump nos iba a resolver los problemas de los venezolanos y eso no iba a pasar y no pasó (…) son aliados, tienen herramientas de presión pero no son la solución, tenemos que utilizar esas herramientas y conseguir un mejor acuerdo», explicó.

En todo caso, consideró que «el régimen», como denomina al Gobierno de Nicolás Maduro, «no estaba listo para llegar a un acuerdo y se agarró de las sanciones» para levantarse de la mesa.

Asimismo, consideró que en este momento «pareciera haber un buen ambiente en conseguir acuerdos» al haberse silenciado las voces más críticas entre los chavistas y entre los opositores.

«El tema son las expectativas (…) la gente quiere el acuerdo y la negociación, que haya conversación. Lo que no hay es expectativa de que haya acuerdo y creo que hay que manejar esas expectativas y que es posible llegar a acuerdos, lo que no significa la renuncia de nadie», subraya.

González consideró que en la negociación «debe haber garantes», se tiene que contar con «una agenda clara», aunque apuntó que hay «un proceso de recomposición interna de la oposición».

«Pero creemos en el proceso (…) creo que en las negociaciones se debe conseguir un calendario electoral, pero además creo que el acuerdo no es a 2 o 3 años. Reinstitucionalizar el país necesita un acuerdo más largo, por lo menos de un calendario electoral de dos periodos constitucionales, es decir, diez años«, sostuvo.

Según la agencia británica Reuters, el nuevo esfuerzo de diálogo gobierno-oposición estaría arbitrado por representantes internacionales y cuenta con el apoyo de Noruega, que actuó como mediador en el intento de negociación anterior y que actualmente está en contacto con ambas partes para establecer la agenda, dijeron las fuentes.

Una delegación noruega está de visita Caracas esta semana, dijo una de las fuentes consultadas por Reuters.

– Liderazgo en disputa –

El liderazgo de Guaidó entre la oposición ya no es monolítico y se ha hecho más notorio con el horizonte de unas elecciones locales y regionales que se celebrarán el 21 de noviembre. A su juicio, los antichavistas no deben acudir a las urnas, pero cada vez son más los que se han sumado al proceso eludiendo su postura.

Entre ellos, se cuenta González, que un día fue su mano derecha, así como el dos veces candidato a la Presidencia Henrique Capriles, un protagonista político que sigue arrastrando una gran masa social.

Por ello, parece que será necesario que el Gobierno abra, como ha hecho en otras ocasiones, un diálogo plural que incluya a otras fuerzas opositoras, o bien se siente en paralelo con otras fuerzas políticas.

Al frente de ese esfuerzo, Maduro ha puesto al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la misma persona que lideró otros intentos de negociación y que ya estuvo sentado con González en 2019 en la mesa de diálogo.

En recuerdo de sus interlocutores, el exnegociador opositor opinó que para llegar a un acuerdo es necesario que el chavismo «crea en la democracia» y respete la Constitución.

«Tienen que reconocer al otro», concluyó.

En todo caso, apostilló que todos los procesos de diálogo «van aunando» y «abonando», con lo que las partes saben «cuáles son los temas que quiere el otro».

Ese abono previo puede ser el gran aliciente, la gran esperanza para el diálogo, para que, más allá de los grandes anuncios, se genere un buen ambiente, que las partes salgan de su enconamiento y pongan sus buenos oficios al servicio de lograr un acuerdo que desbloquee la situación de crisis política que vive Venezuela.

– Las posturas –

El presidente Nicolás Maduro, que ha gobernado durante un colapso económico en la otrora próspera nación de la OPEP, ha dicho que está dispuesto a negociar con el líder opositor, Juan Guaido, pero sólo sobre una agenda centrada en el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos.

Washington imputa a Maduro la comisión de masivas violaciones de Derechos Humanos y de amañar su reelección en 2018. Maduro niega esas acusaciones.

Guaidó, en cambio, ha dicho que su delegación busca condiciones para unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, aunque ha dicho en declaraciones recientes que su sector evaluará la participación en las elecciones y, además, estudia alternativas distintas a exigir una repetición de los comicios presidenciales para decantarse por el referendo revocatorio.

Esta opción tiene la ventaja de ser constitucional, por lo que -formalmente, al menos- el gobierno chavista no podría negarse a su activación, aunque el ejercicio de su control institucional puede retrasar o tratar de bloquear la convocatoria.

En el caso de que el mandato de Maduro fuese revocado, la estación siguiente de la transición sería la convocatoria de una nueva Asamblea Nacional Constituyente que, en teoría, tendría la capacidad de reordenar el cuadro institucional del país.

Las negociaciones previstas llegan dos semanas después de que los jefes de la diplomacia de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea dijeran que estarían dispuestos a revisar sus sanciones al gobierno de Maduro si las negociaciones conducen a un «progreso significativo» hacia unas elecciones transparentes.

El regreso a la mesa de negociaciones representa un cambio de rumbo para la oposición, que en el pasado ha acusado al gobierno de Maduro de utilizar las rondas de diálogo para ganar tiempo y desactivar la presión internacional.

El gobierno se retiró de la ronda de 2019, celebrada en Barbados, después de que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureciera las sanciones destinadas a derrocar a Maduro.

El gobierno del presidente Joe Biden, que dice estar revisando las políticas de sanciones que heredó, no ha relajado las sanciones a los sectores petrolero y financiero de Venezuela y ha mantenido el apoyo a Guaidó, reconocido como el líder legítimo del país por Washington y decenas de otras democracias occidentales.

Las delegaciones de ambas partes serán más numerosas en comparación con la ronda de Barbados, dijeron las fuentes.

«Es un proceso más completo y complejo que no ha existido hasta ahora», dijo una de las fuentes.

La cancillería noruega se refirió a un comunicado del 10 de mayo en el que dijo que seguía en contacto «con los actores políticos y sociales de Venezuela de manera regular» y pidió una «solución pacífica, inclusiva y duradera a la crisis en Venezuela».