En Gaceta respaldo petrolero para emisión de títulos financieros
Mediante decreto presidencial 3.550 se determina como respaldo para facilitar el acceso a mecanismos e instrumentos financieros y monetarios para la República Bolivariana de Venezuela, el desarrollo potencial de 29.298 millones de barriles de reservas de petróleo pesado y extrapesado en sitio, localizadas en el Bloque Ayacucho 02 de la Faja Petrolífera del Orinoco.
De acuerdo con la Gaceta Oficial 41.446 el ministro de Petróleo delimitará -mediante resolución- el área geográfica específica correspondiente y su valoración económica, conforme a su potencial de desarrollo y las técnicas aplicables de valoración en función de la realización de estos recursos en el ámbito energético internacional.
La decisión es considerada inconstitucional por expertos que invocan el artículo 3 de la Ley Orgánicas de Hidrocarburos que señala «los yacimientos de hidrocarburos existentes en el territorio nacional, cualquiera que sea su naturaleza, incluidos aquellos que se encuentren bajo el lecho del mar territorial, en la plataforma continental, en la zona económica exclusiva y dentro de las fronteras nacionales, pertenecen a la República y son bienes del dominio público, por lo tanto inalienables e imprescriptibles».
La medida anunciada el miércoles en la noche por el presidente Nicolás Maduro busca «fortalecer las reservas internacionales», según dijo.
El ministro de Petróleo en coordinación el ministro de Economía y Finanzas y la Autoridad Monetaria Nacional, están a cargo de la ejecución del decreto.
El gobierno de Venezuela vive una crisis económica causada por el agotamiento del modelo socialista aplicado desde hace más de 10 años, a la que se suma la caída de los precios del crudo a mediados de 2014 y al desplome de los niveles de producción petrolera de Pdvsa,
Los ingresos del país dependen en 96% de las exportaciones de petróleo, por lo que el flujo de caja de la petrolera y en consecuencia del gobierno se han visto comprometidos.
La administración estadounidense ha impuesto sanciones desde agosto de 2017 a funcionarios venezolanos y a ciertas transacciones financieras por socavar la democracia y continua violación de derechos humanos, que han cercado aún más al gobierno de Maduro.
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