En medio de la estampida, algunos acreedores de Venezuela luchan por tomar ventaja

En medio de la estampida que causó Venezuela entre sus inversionistas cuando convocó a reestructurar la deuda externa, algunos fondos han optado por mantener o incluso fortalecer sus carteras con papeles venezolanos, convencidos que la angustia de otros puede convertirse en una oportunidad.

Es una jugada a contra vía, planificada después de que el presidente Nicolás Maduro asustó a los tenedores de bonos este mes al invitarlos por sorpresa a negociar nuevos términos para unos 60.000 millones de dólares en títulos que Venezuela tiene en circulación.

La invitación surge en medio de una prolongada crisis económica que dejó al Gobierno con ahorros en mínimos históricos.

Pero el presidente ha prometido que seguirá cumpliendo con las obligaciones como hasta ahora y este inusual comportamiento ha sido aprovechado por algunos inversores para apostar por la deuda venezolana, que muchos catalogan como basura, obteniendo así masivos rendimientos.

Hay quienes prefieren asegurar sus posiciones en bonos de Venezuela hasta el día que se produzca un eventual acuerdo, en una estrategia similar a la que optaron acreedores argentinos y les rindió buenos frutos el año pasado.

Sin embargo, reconocen que podría terminar en una larga batalla legal, que en este caso se complica con las sanciones que impuso Estados Unidos al país.

Por lo pronto, los funcionarios de alto nivel que designó Maduro para negociar no dieron mayores pistas de sus planes, en una primera reunión breve y confusa que sostuvieron con acreedores en Caracas la semana pasada.

Mientras tanto, los tenedores de bonos han estado organizando llamadas en conferencias y hasta reuniones improvisadas en hoteles de Caracas para coordinar cómo formar grupos que puedan representar a la mayoría en caso de un eventual incumplimiento de pagos.

“Hay todo tipo de conversaciones y muchos abogados y asesores financieros que intentan invitar a dialogar”, dijo Diego Ferro, codirector de la oficina de inversiones de la firma Greylock Capital.

Ferro dijo que durante las últimas semanas han estado comprando tanto bonos emitidos por el Gobierno  como los que colocó la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), con especial preferencia por el papel del país al 2027.

Tanto el bono 2027 como todos los emitidos por PDVSA comparten una característica común: carecen de una cláusula que pueda forzar a todos los tenedores de bonos a aceptar un trato si el 75 por ciento lo acuerda.

La ausencia de tales cláusulas de acción colectiva (o CACS, por sus siglas en inglés) puede permitir que un pequeño grupo de inversionistas prefiera aguardar por mejores términos, como sucedió luego que Argentina no pudo pagar en 2001.

El Ministerio de Información no respondió una solicitud de comentarios sobre este caso.

ARGENTINA COMO ESPEJO

Los fondos de alto riesgo, incluidas firmas como Elliott y Aurelius Capital Management, cosecharon miles de millones de dólares el año pasado cuando el Gobierno recién elegido de Argentina logró pactar con ellos y cerró una larga batalla legal que mantuvo a ese país alejado de los mercados.

“Básicamente estamos pensando en ir eventualmente a un proceso de reestructuración no muy diferente al que se hizo con Argentina entre 2001 y 2005”, dijo Nicolás Galperin, fundador de la firma Onslow Capital Management.

Galperin dijo que su empresa está buscando comprar los bonos venezolanos por cerca de 20 centavos por dólar y ganar por un tiempo gracias al pago de intereses, con la idea de venderlos a futuro a mejor precio, tras una reestructuración.

Se trata, según dijo, de una operación financiera a dos o tres años que incluye tanto bonos soberanos como de PDVSA.

Pero una solución como la que encontró Argentina es efectivamente imposible a corto plazo.

Las sanciones financieras impuestas este año por el Gobierno de Donald Trump, tras acusar de dictador a su par en Venezuela, le impiden a bancos y firmas estadounidenses adquirir nueva deuda que el país ofrezca en cualquier negociación.

Otras sanciones también les prohíben a esos acreedores sostener reuniones con el vicepresidente Tareck El Aissami, o el ministro de Economía, Simón Zerpa, ambos negociadores claves designados por Maduro para el proceso de reestructuración.

Eso significa que la apuesta de los inversionistas podría tomar años, hasta que las sanciones dejen de oscurecer cualquier negociación, en medio de una aguda tensión política que mantiene el Gobierno con sus adversarios dentro y fuera del país.

Pese a que Maduro es un líder con baja popularidad, la oposición permanece dividida y los desacuerdos van en aumento, junto al hecho de que la mayoría de sus líderes se encuentran encarcelados, fuera del país o impedidos de ejercer cargos públicos. Las elecciones presidenciales están previstas para el año entrante.

A los inversores, sin embargo, les atrae el lucrativo retorno que a corto plazo generan los bonos del país.

El título que más se negocia de Venezuela, que vence en 2027 <VENGLB27 = RR>, rinde un 34 por ciento anual sólo con los pagos de intereses. Eso es 15 veces más de lo que recaudaría quien comprara Letras del Tesoro de Estados Unidos equivalentes.

Es por eso que a muchos bonistas les entusiasma la idea de aguardar los pagos, en un lento proceso de negociación, antes que iniciar una costosa batalla judicial.

Incluso entre los acreedores más pasivos, muchos creen que en algún momento el enfrentamiento legal será inevitable.

Los tenedores de bonos salieron de la reunión de la semana pasada en Caracas con un mensaje claro del vicepresidente El Aissami: Venezuela “ha contratado a los mejores abogados”.

David Syed, un abogado que trabaja con un equipo de la firma legal global Dentons, sería uno de los asesores que ya sumó el comité negociador venezolano, dijeron fuentes cercanas al caso a IFR, un servicio de noticias financieras de Thomson Reuters.

Muchos interpretaron las palabras de El Aissami como una advertencia de que, pese a la voluntad que existe para discutir distintas opciones financieras, Caracas se estaría preparando para otro tipo de batalla, y los acreedores también deberían hacer lo propio.