En septiembre se registraron 33 protestas diarias en Venezuela

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 983 protestas en septiembre de 2018, un promedio de 33 protestas diarias, para un acumulado en los primeros nueve meses del año de 9.355, de acuerdo con el informe publicado este lunes.

Esta cifra representa un incremento de 394% con respecto a septiembre de 2017, cuando se documentaron 199 protestas.

Los cierres de calle y concentraciones fueron las principales modalidades de protesta por la exigencia de distintos derechos, señala la organización.

Del total, 87% de las protestas registradas en septiembre estuvieron vinculadas a reclamos de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca).

En general, las movilizaciones se dieron en demanda de derechos sociales como eje central, de garantías de las contrataciones colectivas, por exigencias laborales en los sectores salud, universitario, eléctrico, telecomunicaciones, transporte y siderúrgico.

También se puso de manifiesto la protesta por el colapso de los servicios básicos, agua potable, electricidad y gas doméstico (en promedio nueve protestas diarias para un total en el mes de 272). Por gas doméstico (125), agua potable (91) y energía eléctrica (56).

Los adultos mayores manifestaron por su derecho a la seguridad social: pago de pensión completa, dotación de medicinas y acceso a los alimentos (97 manifestaciones).

Bolívar, Táchira, Distrito Capital, Anzoátegui y Lara fueron las entidades con mayores índices de protestas, registrándose 145 en el estado sureño.

A los reiterados reclamos en el año, en septiembre se sumó el paquetazo de Maduro aumentando los niveles de conflictividad del país. Las consecuencias se siguen palpando en la economía del ciudadano: mayor inflación, carestía de productos y deterioro de servicios, destaca el reporte del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

El sector productivo del país continúa maniobrando con limitaciones como consecuencia del quinto aumento del salario mínimo en 2018. Algunas empresas y comercios tuvieron que realizar reacomodos, optar por el subsidio del Estado o cesar hasta nuevo aviso las operaciones luego de que se oficializara el ajuste de Bs S 30 a Bs S 1.800, a partir del 1° de septiembre.

En el caso de la administración pública, los trabajadores han dejado de percibir seguros privados, primas y otros beneficios, lo que se ha traducido en descontento.

Los profesionales de la salud superaron los 90 días de protesta con al menos 140 acciones de calle, en las que reclaman salarios dignos, insumos médicos, condiciones sanitarias e infraestructura óptimas para la atención de pacientes.

Las acciones del sector salud impulsaron la lucha en diversos gremios, como educación, eléctrico, telecomunicaciones, siderúrgico, entre otros; que hicieron uso de la protesta pacífica para defender sus derechos laborales, contabilizando un total de 149. Les siguieron los trabajadores del sector estudiantil (133) y transportistas.

Las protestas para exigir Derechos Civiles y Políticos (DCP) aumentan su representatividad en el índice mensual de manifestaciones a nivel nacional. Durante el mes de septiembre estuvieron centradas mayoritariamente en rechazo a las acciones del Estado en contra de dirigentes e integrantes de partidos políticos de oposición (60). Así cómo denuncias a la vulneración de derechos humanos de las personas privadas de libertad (50).

Las protestas por alimentos continuaron durante septiembre. El OVCS documentó 44 protestas aproximadamente, siendo Distrito Capital (8), Bolívar (6), Delta Amacuro (5) y Guárico (4) las entidades con mayores demandas al derecho a la alimentación.

En algunas localidades se mantuvo la intención y práctica del saqueo como medida desesperada para acceder a los alimentos. En septiembre se registraron al menos 4 saqueos y 3 intentos de saqueo.

– Se agudiza la emergencia humanitaria –

Venezuela atraviesa una profunda crisis social y política que se agudiza con el pasar de los días. Del total de protestas documentadas, 87% estuvo determinada por la exigencia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), lo cual quiere decir que la población se siente indefensa al no poder satisfacer sus necesidades básicas y recurre a las acciones de calle para llamar la atención de las autoridades.

El Estado debe cumplir con sus obligaciones y atender las demandas de los ciudadanos, priorizar los recursos para el acceso inmediato al derecho a la salud y a la alimentación, generar una política pública de inclusión para todos los ciudadanos, no solo de un sector ideológicamente identificado con el partido oficialista.

El Estado de Excepción y Emergencia Económica, nuevamente declarado y con extensión por 60 días, en vez de recuperar económicamente al país, impone nuevos controles e incrementa el poder del Ejecutivo.

Las medidas económicas, lejos de convertirse en una solución, han agudizado la situación de los trabajadores ante el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario, su inestabilidad laboral y la pérdida de beneficios contractuales, producto de largas luchas sindicales.

El aparato productivo nacional está en crisis, cada vez con menos opciones para su recuperación, resultado de las decisiones unilaterales del gobierno. Las consecuencias se reflejan en una clase obrera cada vez más empobrecida, descapitalización de talento y cierre operativo de las industrias por falta de mano de obra calificada.

El OVCS advierte que 2018 se convertirá en el año con mayor número de protestas registradas en los últimos 10 años, por encima de 2014 y 2017. Todos los récords de protestas han ocurrido durante el gobierno de Nicolás Maduro, lo que ratifica el progresivo descontento popular y la agudización de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela.