Equipo de Guaidó intentará hacer valer nulidad de garantía del Pdvsa 2020 para defender a Citgo

El equipo jurídico del presidente de la Asamblea Nacional y mandatario interino reconocido por más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, Juan Guaidó, iniciará una acción legal para impugnar la garantía de 50,1% de Citgo otorgada para apalancar el canje que produjo el pasivo derivado de la emisión del bono Pdvsa 2020, porque se considera que esta es una acción ilegal que viola principios de la Constitución venezolana y la operación no tuvo la aprobación de la Asamblea Nacional.

En su sesión de este martes 15 de octubre, el parlamento, con presencia de la fracción chavista, aprobó la ratificación del acuerdo de 2016 que declaró ilegal el canje, hasta por 5.325 millones de dólares, que dio como resultado la entrega a los participantes de un bono senior a 8,50% de interés con vencimiento en 2020. Esta decisión parlamentaria es la base para la estrategia que seguirá el equipo de Guaidó en tribunales estadounidenses.

El diputado Elías Matta explicó que el parlamento aprobó el 26 de mayo de 2016 un acuerdo según el cual todos los contratos de interés público, que incluyen los endeudamientos, sin control parlamentarios se consideran inválidos y que, además, existe un acuerdo específico sobre el canje de bonos.

El parlamentario denunció que Pdvsa viene «quebrada» desde 2016, cuando -según un informe de la auditora KPMG, citado por Matta- para reportar una ganancia de 828 millones de dólares se «maquillaron» las cuentas, con ingresos supuestamente no demostrables de 11.751 millones de dólares, cuando en realidad la empresa tenía una pérdida de 10.000 millones. «Y no existían sanciones», puntualizó.

Aparte de atribuir responsabilidades por el endeudamiento, los parlamentarios de la mayoría indicaron que es necesario dejar en claro que la garantía de Citgo es ilegal y financieramente dolosa. En ese sentido, el diputado Luis Stefanelli dijo que las condiciones del bono son inaceptables para los intereses del Estado venezolano, en este caso representados por el mandato interino asumido por Guaidó, porque los bonos no solo son ilegales, sino lesivos contra las finanzas del país.

«Estos bonos tienen una rentabilidad efectiva de 20% en dólares. En cuatro años se recupera el capital. No hay en el mercado internacional un activo que brinde semejantes condiciones», indicó Stefanelli.

No en balde hay fondos de riesgo interesados en deuda venezolana, en niveles de precio de bonos «basura» para aportar un mayor rendimiento potencial, una vez que se resuelva la situación de default en la que se encuentra la deuda nacional, que, a valor presente, la Asamblea Nacional cifra en 232% del PIB. Elías Matta apunta que los pasivos en bonos que están en default ascienden a 12.058 millones de dólares, de los cuales 10.005 millones corresponden a intereses vencidos.

Pago bajo protesta

Desde el chavismo vino un cuestionamiento que puede ser utilizado, también, por los tenedores de bonos para cuestionar la estrategia de reclamar la nulidad de la garantía que apalanca a los bonos Pdvsa 2020 y desvincular a Citgo del conflicto, que es el pago de 71 millones de dólares que la AN aprobó en mayo por intereses vencidos de este papel.

La respuesta del parlamento y del procurador especial designado por Guaidó, José Ignacio Hernández, a través de un comunicado, es que ese pago se hizo «bajo protesta», que es una figura que contempla la legislación estadounidense, y en consecuencia no afecta ningún reclamo posterior que pretenda impedir el pago de 915 millones de dólares que están próximos a vencerse.

El comunicado del procurador Hernández señala que el pago se hizo «sin hacer reconocimiento a la validez jurídica del Bono que fue rechazado por la Asamblea Nacional el 27 de septiembre de 2016».

Más adelante, señala que «esta fue una decisión acertada, racional y ajustada al Derecho nacional e internacional que permitió construir las condiciones necesarias para diseñar e implementar la estrategia de defender no solo los intereses de Pdvsa, sino, además, la defensa de Citgo Holding Inc., cuyo 50,1% de su capital fue dado por el régimen usurpador como garantía de cumplimiento del Bono Pdvsa 2020».

Ahora, dice la procuraduría de Guaidó, sí está en condiciones de defender los intereses de la República de una manera más eficaz.

En consecuencia, la AN no aprobará el pago del vencimiento pendiente de 915 millones, lo que seguramente traerá la activación de los juicios pendientes de los bonistas que esperan la liquidación de la garantía, el 50,1% de Citgo, para lo cual dicen estar facultados por una licencia que efectivamente autoriza operaciones con el Pdvsa 2020; no obstante, la posición del equipo que representa al parlamento venezolano es que la Orden Ejecutiva del pasado 5 de agosto impide de manera taxativa cualquier operación en Estados Unidos con activos del Estado venezolano.

No obstante, fuentes políticas consultadas dijeron que la estrategia no es enfrentar directamente a los tenedores, sino intentar llegar a un acuerdo razonable que permita proteger la propiedad de Citgo, a la par que se insiste en mantener el lobby para que el gobierno de Donald Trump emita otra Orden Ejecutiva que proteja específicamente a la empresa refinadora de crudo.