#Escenarios: Impuestos, una pesada carga sobre las inversiones que el próximo gobierno deberá reformar
Ante la disminución del aporte petrolero, los impuestos cubren 66% del gasto público, pero según datos de PwC se llevan hasta 70% de las utilidades de las empresas. ¿Podrá el próximo gobierno sostener este andamiaje sin reformas?
El 66% de los recursos que maneja la administración de Nicolás Maduro, según cifras del Presupuesto Nacional, se obtiene a través de impuestos.
Los principales son el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con un aporte de 49%, el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) y el Impuesto Sobre La Renta (ISLR) con 17% cada uno.
Además, diversos gremios empresariales en varios estados del país, los cuales han sido consultados por Banca y Negocios en los últimos seis meses, han advertido que las altas cargas impositivas por parte de alcaldías dificultan la supervivencia de comercios e industrias y han potenciado una economía informal como modo de subsistencia.
Según una publicación de Ana Azevedo, socia tributaria de la consultora PwC Venezuela, en la red social “X” el pasado 15 de julio, la recaudación tributaria nacional se incrementó en más de 105% interanual al cierre del primer semestre de 2024 hasta superar 1.200 millones de dólares oficiales acumulados, en comparación con el cierre de 2023.
Dos días antes, el 13 de julio, el mandatario nacional Nicolás Maduro anunció que en el primer semestre de este año se logró colectar una “cifra récord” de 5.468 millones de dólares en impuestos, a través del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
El 15 de julio entró en vigencia el decreto de rebaja del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) en bolívares, para contribuyentes especiales, el cual pasó a ser tasa cero y cuyo anuncio, según gremios empresariales como la Confederación de Industriales de Venezuela (Conindustria) representa un alivio para el sector empresarial, ya que esta carga impositiva incrementaba hasta en 12% el precio final de los productos.
Ante un incremento en las cifras de recaudación vía impuestos ¿Cuáles son los escenarios en materia tributaria posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio? Expertos consultados indican que, más allá de quien resulte electo, la política tributaria deberá pasar por una minuciosa rendición de cuentas.
«Cualquiera que sea presidente de la República deberá presentar el Presupuesto Nacional, que no se presenta en el país desde el 2016 y hacer una rendición de cuentas completa», dice el economista Ronald Balza.
Impuestos: a rendir cuentas
El economista Ronald Balza Guanipa, decano de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) apunta que, independientemente del resultado electoral próximo, lo más importante es la presentación del Presupuesto Nacional y una rendición de cuentas de las deudas del país.
“Cualquiera que sea presidente de la República deberá presentar el Presupuesto Nacional, que no se presenta en el país desde el 2016 y hacer una rendición de cuentas completa de cuáles son las deudas que tiene el país en bonos, tanto de la República como de la PDVSA”, así como los planes de refinanciamiento para esos pasivos, dijo.
Balza especificó que la falta de esa información tendrá como consecuencia que cualquier medida que se tome en relación con los impuestos sería “arbitraria e incompleta” y que es precisamente esto es “lo que ha hecho Nicolás Maduro durante los últimos meses”.
En ese contexto, explicó que la creación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) en dólares, bajo la premisa de estimular el uso del bolívar “no tenía ningún sentido”.
Balza también recordó la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social, la cual entró en vigencia en mayo pasado como una contribución especial empresarial para los pensionados. “Hasta ahora las pensiones no han cambiado, ni se ha dicho en cuanto van a cambiar, no se ha dicho nada”, acentuó.
El economista destacó que la forma en la que el Ejecutivo Nacional estableció la unidad tributaria para cobrar el Impuesto Sobre la Renta (ISLR) “también es arbitraria”.
Con estos argumentos, Balza subraya que no puede haber una evaluación clara sobre las decisiones que se tomen alrededor de los ingresos por la vía de impuestos “si no se tiene la información adecuada” sobre la cantidad recaudada y la forma en la que se gastará.
Otro punto que resaltó es la falta de información relacionada con el registro de ingresos petroleros actuales y advirtió que en documentos filtrados sobre el Presupuesto Nacional estos “no aparecen como impuestos sobre la renta o regalías”.
Por ello, precisó que, para establecer políticas tributarias, “cualquier gobierno democrático” deberá presentar cuentas susceptibles de ser sometidas a contraloría, tanto general como social.
“Discutir sobre si un impuesto sube o baja nada más es perder la visión de conjunto, que es lo que justifica cobrar impuestos. Se sabe que tiene impactos y que a nadie le gusta pagar impuestos, pero si se cobran tributos habría que preguntar para qué y en qué se usan. Y esa parte de la información no la tenemos”, advierte.
La carga tributaria para las empresas está alrededor del 70% de la utilidad y a que a esto se le suma la elaboración de unas 220 declaraciones al año», indica José Javier García, socio de PwC Venezuela.
Reforma tributaria y política de incentivos
Para José Javier García, socio legal y tributario de la consultora PwC Venezuela, más allá de la rebaja a tasa cero del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) el escenario tributario preelectoral está signado por un alza en la carga tributaria a las empresas.
En este sentido, García recordó la recién aprobada Ley de Protección de Pensiones, la cual entró en vigencia en mayo pasado y la aún más reciente Ley de Fomento de Exportaciones no Petroleras, en la que se fija un aporte de hasta 0,5% del valor FOB de las actividades de importación que señale la resolución emitida por el Ministerio.
También detalló que la carga tributaria para las empresas está alrededor del 70% de la utilidad y a que a esto se le suma la elaboración de unas 220 declaraciones al año. “Desde el punto de vista también operativo (para las empresas) el proceso es una carga muy fuerte”, afirma.
En este contexto y más allá del resultado electoral del 28 de julio, García apunta a que se requiere hacer una revisión del sistema tributario nacional ya que, al aplicar tasas adicionales de impuestos “quien termina generando ese pago son las empresas formales que ya están sujetas a ese sistema tributario”, explica.
El experto agrega que, en Venezuela, a pesar de que se habla de un incremento de la actividad económica informal, aún no hay cifras con las que se pueda evaluar este escenario.
En ese sentido, García estima que se requiere aplicar una reforma tributaria enfocada en incentivar la inversión privada, nacional y extranjera y “generar condiciones para que esas empresas que hoy ya cancelan tributos sean sostenibles en el tiempo, perduren en el tiempo, y eso trae luego como consecuencia otros elementos, como generar empleo formal y de calidad”, resalta.
Esa reforma, refiere García, es una medida necesaria más allá de los resultados de los comicios presidenciales, ya que ayudará a incrementar fuentes de empleo y también a que las empresas sean cada día más rentables.
“Obviamente, aquí tienes que incluir elementos también de finanzas públicas, sin duda alguna, porque no es netamente el tributo. Se trata de un ecosistema de tributos nacionales, estatales y municipales que se debe revisar y armonizar”, detalla.
Agrega que también deberá incluir una política de incentivos y un sistema tributario orientado a generar condiciones positivas económicas, financieras y de rentabilidad.
José Javier García, socio legal y tributario de la consultora PwC Venezuela, enfatizó en que una oportunidad que tiene el Estado para diversificar sus fuentes de ingreso está en definir una política de beneficios y ventajas en las áreas que estime desarrollar, para lograr fortalecimiento y desarrollo.
Entre los incentivos, resaltó aspectos como el acceso a créditos y desarrollo de políticas públicas favorables, así como de un sistema tributario que evite el “castigo” a los contribuyentes y la migración de pequeñas empresas hacia la informalidad.
“Creo que este es un buen momento, independientemente de cuál sea el resultado político electoral del fin de mes, para que el Estado pueda sentarse a desarrollar junto con el sector privado un sistema tributario”, subraya.
Entre las reformas, se debe enfatizar un cambio en la estructura del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) para garantizar inversión extranjera, control inflacionario y política monetaria, señala el abogado experto en derecho tributario, Leonardo Palacios.
Volver al presupuesto público
Según el abogado y experto tributario Leonardo Palacios, posterior a las elecciones presidenciales e independientemente de los resultados, quien asuma la gerencia del Estado deberá realizar de forma integral y como premisa principal, una reforma de leyes tributarias existentes y una modificación o derogación de algunos tributos estatales y municipales.
Palacios explicó que, para garantizar sostenibilidad, se necesita una reforma tributaria y reacondicionamiento de la administración pública.
También apuntó que se requiere la ejecución un proceso presupuestario abierto. «Que se vuelva a hablar del presupuesto público, que se haga discusión y control de gerencia de estos recursos y todo lo que corresponde a la gestión presupuestaria», sostuvo.
El experto explicó que, entre las reformas, se debe enfatizar un cambio en la estructura del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) para garantizar inversión extranjera, control inflacionario y política monetaria, debido a que actualmente hay una sobrevaluacion de bolívar que es «inconveniente».
El abogado destacó que se deben establecer incentivos fiscales, un régimen de sistema tributario, así como también una modificación profunda del Impuesto al Valor Agregado (IVA), un régimen simplificado para contribuyentes, así como mecanismos de sinceración de contribuciones parafiscales.
«Se necesita una reforma profunda y armonización del régimen municipal, para sincerar los presupuestos municipales», dijo y agregó que la reforma también implicaría una reducción del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) y buscar mecanismos sustitutivos de financiamiento a través del IVA e ISLR.
Igualmente, Palacios considera indispensable una revisión a la Ley de Protección de Pensiones, la cual estimó que resulta una carga tributaria para las empresas y no resuelve el problema de fondo con los pensionados.
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