#Especial: Tres mineras expropiadas por Chávez ven en Citgo su única posibilidad de cobro

La fila para cobrar indemnizaciones con la subasta de las acciones de Citgo, el activo externo más valioso que tiene Venezuela, es larga y diversa, pero un sector en particular resalta y está en el origen de todo el proceso judicial: la minería.

Crystallex será la primera empresa en cobrar si se concreta en los próximos meses el remate de la subsidiaria de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos. La minera canadiense demostró en 2018 que el estado venezolano y la petrolera estatal venezolana eran lo mismo (alter ego) y que por eso sus activos eran susceptibles de embargo.

No fue sino hasta 2023 cuando otras dos empresas mineras lograron entrar en la lista tras apegarse al mismo criterio jurídico, pero con el argumento de que, así como el de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el mandato interino de Juan Guaidó, también había administrado indistintamente el gobierno y la empresa estatal.

Se trata de Rusoro y de Gold Reserve, las cuales, según la lista elaborada por el encargado de la subasta, tienen respectivamente los turnos 8 y 11 para cobrar.

Cada una de estas tres empresas tiene un recorrido particular en su disputa con el Estado venezolano por la expropiación de sus activos en Venezuela, pero coinciden en que todas ganaron el caso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que negociaron un pago con el gobierno de Maduro y que por distintas razones el dinero nunca les terminó de llegar por lo que buscan ahora obtenerlo del remate de Citgo.

Los saldos restantes en cada caso (con intereses a febrero) son de US$995 millones de Crystallex, US$1.496 millones de Rusoro y U$1.068 millones de Gold Reserve, para un total de US$3.559 millones, de acuerdo con el más reciente documento del encargado de ejecutar la subasta.

Estas cuentas pendientes son solo una parte del enorme peso financiero y social que generaron las expropiaciones ejecutadas durante el mandato de Hugo Chávez en prácticamente todos los sectores de la economía y que no cumplieron con los objetivos que pretendían.

Crystallex abrió el camino a una serie de procesos de demandas de indemnización por la ola de nacionalizaciones, con las que el presidente Chávez concretaba su promesa de soberanía económica.

Crystallex abrió la caja de pandora

La subasta de Citgo la decidió el juez Leonard Stark en agosto de 2018, en estos seis años de litigio, apelaciones, cambios de gobierno y sanciones, el tren del embargo tuvo algunas paradas, pero finalmente siguió su curso y el próximo 11 de junio se cierra la oportunidad para que se presenten postores.

Si el cronograma se cumple, el 15 de julio (13 días antes de las elecciones presidenciales en Venezuela) se escuchará el nombre o los nombres de los ganadores de la puja.

La Corte del Distrito de Delaware estableció un orden para cobrar y 17 empresas están en fila detrás de Crystallex que espera por sus US$1.040 millones.

En 2008, el gobierno de Chávez le negó los permisos ambientales para la explotación minera de Las Cristinas en el estado Bolívar, debido a inquietudes en torno del medioambiente y de la población indígena de la Reserva Forestal Imataca.

“Las Cristinas, esa mina es venezolana y la habían entregado a unas transnacionales, anuncio al mundo que la recuperó el gobierno revolucionario, así como la mina Las Brisas, esos recursos minerales son para los venezolanos, no para las transnacionales”, dijo Chávez en 2010 desde Bielorrusia y Crystallex ya anticipaba el rumbo que tomaría su caso.

La empresa mantuvo conversaciones con el gobierno venezolano, pero en 2011 les rescindieron el contrato para operar y ese mismo año acudió al CIADI. La decisión de su triunfo en el arbitraje se conoció en 2016 y se le concedió una indemnización por un monto de US$1.400 millones, más intereses.

En 2016, el gobierno de Maduro estaba desesperado por conseguir dólares ante la caída de los precios del petróleo y la cercanía del vencimiento de los bonos Pdvsa 2017, lo obligó a lanzar un canje de esos papeles por otros con vencimiento en 2020.

Para convencer a los tenedores tuvo que poner como garantía el 51% de las acciones de Citgo y ahora la empresa estaba empeñada (porque el restante paquete accionario era la garantía de un préstamo con Rosneft acordado ese mismo año) y en peligro de embargo.

En 2017 Crystallex recurrió a la Justicia estadounidense para procurar su indemnización y en agosto de 2018 el juez Stark le dio la razón, al considerar que demostraron que el gobierno de Chávez y luego el de Maduro eran el alter ego de PDVSA y por tanto la estatal petrolera debía responder por las deudas del Estado venezolano con sus activos en el exterior.

El gobierno seguía maniobrando: acordó iniciar los pagos a la minera canadiense y el proceso judicial quedó latente. A finales de 2018, mientras la pobreza por ingresos en el país trepaba a 91% en medio de la hiperinflación, Maduro pagó US$500 millones y Citgo, por ahora, estaba a salvo.

Las turbulencias políticas de 2019, las sanciones estadounidenses y la falta de fondos complicaron el escenario y Crystallex regresó a la corte a insistir en su reclamo porque el resto del dinero nunca llegó.

La administración del presidente Hugo Chávez convirtió al Estado en el único actor del sector minero.

Gold Reserve cobró parcialmente y quiere regresar

“No solo es la reserva petrolera, en el sur del Orinoco, tenemos las reservas de oro más grandes en el mundo, por eso vamos a aprobar una nueva ley habilitante para tomar la zona del oro… porque eso sigue ahí con anarquía, mafias, y eso es una gran riqueza…”, así dijo Chávez en agosto de 2011 cuando ratificó la nacionalización de la minería en el país.

Para ese entonces hacían tres años que a Gold Reserve, que explotaría las minas de Las Brisas (KM 88 en Bolívar), le habían negado los permisos para su actividad y en noviembre de 2009 introdujo la demanda ante el CIADI que se resolvió a su favor en 2014 por un monto de US$740 millones más intereses.

En 2016 firmó un promisorio acuerdo con el gobierno de Maduro, a través del cual se creó una empresa mixta para retomar la actividad y se acordó el pago de la deuda en cuotas mensuales.

El pacto incluía el pago del arbitraje y la venta a Venezuela de datos técnicos. Además, se trabajó en fusionar las minas de las Brisas y Las Cristinas (que era de Crystallex) en un solo proyecto de oro-cobre, que se promocionó como la mina de oro más grande de América del Sur.

La empresa mixta (Siembra Minera) resultante dividía la propiedad en 55% de Venezuela y 45% de Gold Reserve y se le prometió la creación de una Zona Económica Especial para obtener beneficios fiscales y aduaneros.

Hubo avances y en 2018 la empresa estimaba que dos años más tarde estaría explotando oro con un promedio anual de producción para los primeros 10 años de operación calculado en 1,29 millones de onzas de oro y de 77 millones de libras de bronce.

Venezuela empezó a pagar en efectivo y con bonos de la República, pero las sanciones financieras estadounidenses y canadienses en 2017 complicaron las transferencias. Incluso el gobierno creó un fideicomiso en el Bandes, donde hizo varios depósitos, pero Gold Reserve no pudo acceder a ellos. La empresa asegura en su sitio web que logró cobrar $254 millones.

Cuatro años más tarde, la empresa logró que se le incluyera como uno de los acreedores en el caso que ya había ganado Crystallex argumentando el principio de alter ego, pero en esta ocasión atribuido al gobierno interino de Juan Guaidó.

Ahora con el proceso de licitación en marcha, Gold Reserve anunció a finales de mayo que está considerando participar con una oferta en solitario o con otros inversores para la compra de acciones de Citgo, para lo cual ya recaudó el dinero necesario para cumplir con los requisitos antes de que venza el plazo.

No obstante, la empresa considera vigente su acuerdo con el gobierno y señala en su sitio web que “las sanciones obstruyen severamente nuestra capacidad para desarrollar el Proyecto Siembra Minera y, hasta que dichas sanciones sean levantadas, esperamos que nuestras actividades en Venezuela sean limitadas. No está claro si cualquier nueva administración o poder venezolano, de jure o de facto, en el futuro respetará los acuerdos de la administración anterior”.

A pesar de la pregonada amistad entre los gobiernos de Venezuela y Rusia, la minera Rusoro no se salvó de la ola nacionalizadora. Ahora está en la cola por su parte de Citgo.

Rusoro, la desgracia del amigo

Cuando Chávez dijo en aquel agosto de 2011 que tomaría la zona del oro, Andre Agapov, presidente ejecutivo de Rusoro e hijo del amigo personal del presidente, no se preocupó.

Al menos así se lo hizo saber a la prensa y porque dijo que creía que las palabras del mandatario estaban dirigidas a quienes extraen oro de forma ilegal, sin permisos del gobierno y con métodos que atentan contra el medioambiente.

No pudo estar más equivocado, pero tenía razones para pensar así. En 2009, en un acto por la firma de acuerdos con Rusia (Rusoro tenía sede en Canadá, pero es de capitales rusos), Chávez saludaba afectuosamente a su padre y fundador de la empresa, Vladimir Agapov: “Y yo quiero de verdad saludar especialmente a Agapov, mi amigo Vladimir Agapov, y me siento tan feliz Agapov, no sólo de verte aquí sino de que hayan firmado ya la constitución de la empresa mixta”.

En ese entonces se acordó la creación de la empresa mixta Ruscaolín para la extracción de  caolinita, insumo básico para la industria de la cerámica.

Tras agradecer el saludo de Chávez, Agapov ofreció un panorama de lo que se venía haciendo y calificó el mineral venezolano como el mejor del mundo: “Actualmente hay 2.500 empleados trabajando en nuestra industria de oro y en nuestra industria de cerámica van a trabajar más o menos 10.000 empleados.”

La empresa mixta de caolinita nunca prosperó y Rusoro perdió en 2011 sus activos en el país, tras la nacionalización de la industria minera. Así, en 2012, el amigo Agrapov fue a dirimir el asunto en el CIADI de la mano del bufete Freshfields Bruckhaus Deringer. Y ganó.

En agosto de 2016 se dictaminó que Venezuela debía pagarle US$1.496,3 millones y en mayo de 2018 llevaron el caso a los tribunales estadounidenses, pero las negociaciones dieron fruto y en noviembre sellaron un acuerdo para un pago inicial de $100 millones y el resto en un plazo de cinco años.

En diciembre Rusoro emitió una nota de prensa en la que decían que “una parte de los fondos fue enviado por Venezuela y recibido por un banco canadiense que (…) se negó a adelantar los fondos debido a preocupaciones sobre las sanciones de EEUU y el efecto que podría tener la facilitación del pago en su subsidiaria estadounidense”.

El dinero nunca llegó y la empresa rusa retomó el camino de los tribunales, así que en 2021, obtuvo el reconocimiento de su pago y en 2023 se agregó como acreedor en el caso de Crystallex.

Los casos de Gold Reserve y Rusoro, y otras compañías en situación similar, fueron apelados por Citgo, pero ni el juez Stark, ni la corte de apelaciones revirtieron la orden. La situación llegó a la Corte Suprema de Justicia, que declinó considerar el caso.

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