Estado de Derecho, luego, riqueza

Hemos querido insistir, por medio de una serie larga de artículos, en que uno de los ingredientes, “insumos” o requisitos para generar bienestar y riqueza en los países lo constituye un marco institucional-regulatorio alineado con la eficiencia.

Bien por acción deliberada a través de una política pública regulatoria que imponga el acceso y la redistribución -por ejemplo, la política de control de precios en Venezuela- o producto de la ausencia de un sistema jurídico e institucional que tutele al derecho de propiedad y a la eficiencia económica en las relaciones comerciales y contractuales; se crea un enorme costo de oportunidad a la sociedad venezolana que la aleja de su potencial de bienestar social, para no decir de la ruta precisa para salir de la crisis económica y social que padecemos.

La riqueza y el bienestar social -su potencial o maximización- son resultados, incuestionablemente deseados, que no se obtienen de forma directa. Una de las mayores amenazas a su generación son los comportamientos oportunistas que desincentivan y actúan en contra de aquellos que pudieran tener en mente invertir o desplegar esfuerzos en actividades económicas o relaciones económico-comerciales productivas, innovadoras, creadoras y generadoras de riqueza.

Típicos comportamientos oportunistas lo representan la extracción de rentas, la apropiación oportunista de riqueza, el aprovechamiento del esfuerzo o de los recursos ajenos, la expoliación del valor creado por otro, etc. Este tipo de comportamientos no generan riqueza pero efectivamente constituyen acciones redistributivas.

Las relaciones inmediatas, el comercio y el intercambio, suelen perfeccionarse voluntariamente en base al beneficio mutuo que de ellas se deriva.

Sin embargo, existe una enorme cantidad de relaciones económicas y comerciales -muchas de estas previas al acto de comercialización en el mercado, a la oferta de bienes y servicios o sustitutas del mercado- que no resultan inmediatas. Estas relaciones no inmediatas, de corto, mediano y largo plazo pueden representar relaciones comerciales, acuerdos verticales, inversiones productivas en un país, etc.

De hecho, tengamos en mente para nuestro análisis las inversiones y acometidas que realizan o han realizado en el pasado empresas en Venezuela, para luego enfrentarse a un control y congelamiento de precios que pinza sus márgenes y perfecciona una política de acceso y redistribución vía expoliación y apropiación.

En ausencia de un Estado de Derecho y específicamente de un derecho que ampare los contratos haciéndolos exigibles -así como los derechos de propiedad-, es posible que algunas de estas relaciones se materialicen y se lleven a cabo. De hecho, en la medida que la relación sea lo más estable y longeva en el tiempo podrían existir incentivos para cooperar en una actividad productiva y no en una acción oportunista de apropiación o expoliación.

La teoría de juegos infinitos muestra cómo se facilita el cumplimiento de la restricción de incentivos compatibles en favor de cooperar en contraposición a expoliar una vez que luego de apropiarse de la riqueza de la contraparte, esta última no querrá, en retaliación o por mala reputación, repetir negociaciones en el futuro -al menos un número de oportunidades suficiente que haga de cooperar una estrategia rentable como para volver a ella o no querer desviarse de esta expoliando-.

Más allá, la teoría económica sugiere igualmente que aun existiendo un número de contrapartes distintas y alternativas con las cuales negociar a futuro, existiendo eventos imprevisibles que pudieran forzar la terminación de la relación al final del término temporal o que se finiquite por apropiación oportunista, y aún cuando en juegos repetidos existe el “problema del juego final” que hace de cada “último” intercambio un juego de un solo periodo del cual sacar provecho oportunista; las relaciones estables y la cooperación continúan manifestándose. Se manifiestan porque existe un equilibrio en la proporción de aquellos que expolian y aquellos que no lo hacen, producto de un equilibrio en los beneficios de cada tipo -oportunistas versus cooperantes- que hace que no haya incentivos para cambiar de estrategia pasándose de uno de los bandos al otro (más sobre esto lo detalla el profesor invitado de la maestría en Derecho y Economía de la Universidad Torcuato Di Tella, Thomas Ulen en su libro “Derecho y Economía”, FCE, 2002).

Ahora bien, recordemos que producto de la cooperación en una actividad productiva se genera una riqueza y un bienestar que supera al simple valor invertido, mientras que la expoliación constituye una estrategia de apropiación de la inversión realizada que no generará valor mas sí redistribución -nótese que se trata de una redistribución destructiva porque limita la generación de riqueza en el momento así como los incentivos a futuro-.

La importancia de la existencia de un Estado de Derecho, de un respeto a la propiedad privada y al derecho de los contratos exigibles permitiría y facilitaría que la proporción de aquellos involucrados en cooperar y no en expoliar sea mucho mayor, permitiendo multiplicar la riqueza y el bienestar social creado. Lo anterior aplica igualmente a las acciones directas y deliberadas de expoliación vía control de precios que lesionan la relación de largo plazo de inversionistas y potenciales inversionistas con Venezuela.

Pudiéramos decir: Estado de Derecho, luego, existimos.

* Economista UCV. Master in Competition and Market Regulation, BarcelonaGSE, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid. Master en Economía y Derecho del Consumo, UCLM. Postgraduate Diploma in Economics for Competition Law, Kings College London, University of London.

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