Estados Unidos sanciona a Manuel Quevedo, presidente de Pdvsa

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al presidente de Petróleos de Venezuela y ministro de Petróleo, Manuel Quevedo y otros cuatro funcionarios «alineados con el ilegítimo ex presidente Nicolás Maduro, quienes continúan reprimiendo la democracia y los actores democráticos en Venezuela y cometen actos significativos de corrupción y fraude contra el pueblo de Venezuela».

Los nuevos sancionados son el jefe del Servicio Nacional de Inteligencia de Venezuela (Sebin), Manuel Ricardo Cristopher Figuera, y al primer comisionado de Sebin, Hildemaro José Rodríguez Mucura; el comandante de la Dirección General de Contra-Inteligencia Militar de Venezuela, Iván Rafael Hernández Dala; y el director de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional de Venezuela, Rafael Enrique Bastardo Mendoza.

En una nota de prensa, el Departamento del Tesoro califica a Quevedo como «presidente ilegítimo» de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

A Quevedo se le sanciona por su estrecha relación con Maduro, sin señalar algún tipo de delito que se presuma durante su gestión en Pdvsa.

Dice la OFAC que «Pdvsa es la principal fuente de ingresos de Venezuela, y durante mucho tiempo se ha utilizada como un vehículo para la corrupción gubernamental. Funcionarios gubernamentales y hombres de negocios idearon planes para lavar miles de millones de dólares robados y malversados ​​para su beneficio personal»,

«El Tesoro continúa apuntando a los funcionarios que han ayudado al régimen ilegítimo de Maduro a reprimir al pueblo venezolano. Estamos sancionando a los funcionarios a cargo del aparato de seguridad e inteligencia de Maduro, que ha violado sistemáticamente los derechos humanos y ha suprimido la democracia, incluso mediante la tortura y otros usos brutales de la fuerza», dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin en un comunicado.

«Tenemos la intención de perseguir a aquellos que facilitan la corrupción y la depredación de Maduro, incluso sancionando al presidente de Pdvsa y otros que han desviado activos que legítimamente pertenecen al pueblo de Venezuela», agrega.

A Iván Hernández, comandante de la Guardia de Honor Presidencial y jefe de la Dirección General de Contra-Inteligencia Militar (Dgcim) se le acusa de ser «responsable de graves abusos contra los derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática».

«La Dgcim ha detenido y torturado a militares venezolanos sospechosos de conspirar contra el gobierno, y ha detenido y torturado a familiares de algunos de esos sospechosos para obtener información. Según los informes, los abusos cometidos por la Dgcim y el Sebin incluyen palizas brutales, asfixia, corte de las plantas de los pies con cuchillas de afeitar, descargas eléctricas y amenazas de muerte», señala la OFAC.

Agregan que bajo el mando de Hernández «bajo su mando, los miembros de Dgcim a menudo han usado fuerza excesiva contra los detenidos». Hernández fue ascendido a general de división el 5 de julio de 2018.

En tanto a Manuel Cristopher Figuera, director General del Servicio Nacional de Inteligencia (Sebin) se le acusa de ser el supervisor de masivas torturas, violaciones de derechos humanos y persecución «contra aquellos que quieren un cambio democrático en Venezuela», según dijo a la OFAC «un funcionario del partido de oposición venezolana,  Primero Justicia».

La OFAC detalla que como resultado de las sanciones «todos los bienes e intereses en propiedad de estos individuos y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, de dichos individuos, que se encuentren en los Estados Unidos están bloqueadas».

Agrega que «las sanciones no necesitan ser permanentes» y que «consideran eliminar las sanciones (…) (si las personas toman) acciones concretas y significativas para restablecer el orden democrático, se niegan a participar en abusos contra los derechos humanos, denuncian los abusos cometidos por el gobierno y combaten la corrupción en Venezuela».

Sobre Hildemaro Rodríguez, primer comisionado del Sebin, la OFAC dice que «dirigió la detención de (Juan) Guaidó» y que fue uno «uno de los 12 funcionarios que más tarde fueron arrestados por su asociación con la detención temporal» del presidente encargado.

Por otra parte, la sanción contra Rafael Bastardo, comandante de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional, se adopta por considerar que ese cuerpo es «el escuadrón de exterminio de Maduro, conocido por sus métodos brutales y apariencias enmascaradas, que llevan a cabo redadas nocturnas en toda Caracas».

«Desde que Guaidó asumió su posición como presidente interino, el FAES ha sido acusado de decenas de ejecuciones extrajudiciales dirigidas a la oposición. El 31 de enero de 2019, en medio de la conferencia de prensa sobre sus planes económicos, Guaidó dijo que el FAES estaba en su casa amenazando a su familia».