Estas son las duras recomendaciones del Informe Bachelet al Gobierno de Maduro

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizó un informe completo sobre la situación venezolana y destacó en términos contundentes que, efectivamente, «que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela. El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas».

Además, el informe apunta que «durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial. Aunque estas medidas se han adoptado con la finalidad declarada de preservar el orden público y la seguridad nacional contra presuntas amenazas internas y externas, han aumentado la militarización de las instituciones del Estado y el empleo de la población civil en tareas de inteligencia y defensa».

Ante la gravedad de la situación constatada, la Alta Comisionada que deberá presentar su informe oficialmente este viernes 5 de julio, pero del cual se divulgó un resumen, junto con los comentarios hechos por el gobierno de Venezuela, la alta funcionaria hace las siguientes recomendaciones urgentes para restablecer la vigencia de los Derechos Humanos en el país:

«(a) Adopte todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y servicios de atención de la salud, incluidos programas amplios de atención de la salud preventiva, prestando especial atención a los servicios maternos e infantiles, incluida la atención de la salud sexual y reproductiva»;

(b)     Adopte de inmediato medidas para cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los derechos humanos, en particular las violaciones graves, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.

(c)     Lleve a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes de las violaciones de los derechos humanos, incluidas las muertes de indígenas, y lleve a los responsables ante la justicia;

(d)     Ponga en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad;

(e)     Detenga, condene públicamente, castigue y prevenga todos los actos de persecución y represión selectiva por motivos políticos, incluidas la retórica estigmatizadora y las campañas de desprestigio;

(f)     Adopte medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y a las personas profesionales de los medios de comunicación;

(g)     Cese toda intimidación y ataques contra los pueblos indígenas, incluidos/as sus líderes y lideresas, y garantice su protección y adopte todas las medidas necesarias para proteger sus derechos individuales y colectivos, incluido su derecho a la tierra;

(h)     Detenga y prevenga el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones;

(i)      Disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas;

(j)      Adopte medidas efectivas para restablecer la independencia del sistema judicial y garantizar la imparcialidad de la Fiscalía General y del Defensor del Pueblo;

(k)     Garantice el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones con un enfoque sensible al género, así como su protección contra la intimidación y las represalias;

(l)      Garantice el derecho a la identidad y la documentación a todas las personas, incluyendo a niños/as;

(m)   Acepte y facilite el establecimiento de una oficina permanente del ACNUDH en el país.

1. Además, el ACNUDH hace un llamamiento al Gobierno para que:

(a)     Publique regularmente datos exhaustivos sobre salud y nutrición, desglosados por sexo, edad, pertenencia étnica y lugar de residencia, que puedan utilizarse, entre otros fines, para concebir y aplicar una respuesta humanitaria integral a la crisis;

(b)     Asigne la máxima cantidad posible de recursos disponibles a la realización gradual de los derechos económicos y sociales de una manera transparente y responsable que permita evaluar los gastos;

(c)     Autorice el libre acceso a la información de interés público;

(d)     Garantice que todos los programas sociales se implementen de manera transparente, no politizada y no discriminatoria, con la aplicación de medidas eficaces de supervisión y rendición de cuentas;

(e)     Aumente la cobertura de la vacunación contra enfermedades evitables y adopte medidas adecuadas para controlar los brotes de enfermedades transmisibles;

(f)     Dé prioridad a las medidas para disminuir los embarazos precoces y cuide que todos los planes relativos a los derechos sexuales y reproductivos contengan indicadores mensurables y un mecanismo de seguimiento;

(g)     Revoque las clausuras de medios de comunicación y ponga fin a otras medidas de censura contra los medios de comunicación; garantice el acceso a Internet y a las redes sociales, incluidos los sitios web de noticias, y la imparcialidad de los órganos oficiales en la asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico;

(h)     Desarme y desmantele a los grupos armados civiles progubernamentales (los llamados “colectivos armados”) y garantice la investigación de sus delitos;

(i)      Proteja a las personas, incluidas las que están migrando, frente a abusos, corrupción y extorsiones por parte de agentes del Estado;

(j)      Ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

2. El Consejo de Derechos Humanos podría:

Solicitar al ACNUDH que se centre en garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos y los abusos en Venezuela, en particular mediante el aumento de la vigilancia, la documentación, el análisis y la presentación de informes públicos sobre la situación de los derechos humanos.