Esto es lo que busca el gobierno de Maduro con su oferta de renegociar la deuda

Los bonos de la República, Pdvsa y La Electricidad de Caracas tienen una cláusula de prescripción de 3 años, lo que significa que, a partir de la activación de esa disposición contractual, los inversionistas pierden todo derecho a reclamar los pagos en mora.

Esa cláusula fue aceptada por los tenedores, pero su aplicación es un problema para todas las partes. El mensaje que da el gobierno es que aquellos inversionistas que no se acojan a su nueva propuesta de renegociación, que puede ser un canje de bonos -si se repite la oferta de anteriores oportunidades- antes de la medianoche del 13 de octubre perderían todo derecho a reclamar los intereses vencidos de una deuda que suma alrededor de 30.000 millones de dólares.

Aún no se conocen los términos de la oferta, pero el economista y analista de riesgo financiero Leonardo Buniak dijo que, independientemente de sus términos, si el gobierno de Maduro aplica esa cláusula de prescripción «no podrá emitir más deuda en ningún mercado financiero. Más nunca, porque sería una acción casi forajida».

El economista sostiene que «imagina que después de no pagar ni capital ni intereses después de tres años, cómo podría un gobierno acogerse a una cláusula de este tipo. El mercado va a leer eso como un intento grave de incumplir sin consecuencias. Eso no puede ser. Así no son las reglas».

Un análisis de Bloomberg, publicado en febrero, ya advertía sobre la existencia de esta cláusula en las emisiones de deuda venezolana y señaló que era una condición atípica que pudo ser incluida en previsión de cualquier contingencia con los acreedores.

Buniak estima que el primer objetivo de esta medida es tratar de contener los procesos judiciales que aplican contra activos estratégicos de Pdvsa. «La república no corre riesgo, más allá del reputacional, porque existe una cláusula de inmunidad soberana que impide que se embarguen activos que son propiedades de los estados; pero Citgo corre un riesgo real por esta situación».

Para Buniak, la renegociación de la deuda venezolana para la administración de Nicolás Maduro es materialmente imposible por las sanciones del gobierno de Estados Unidos. «Más de 80% de esa deuda está denominada en dólares y la jurisdicción es Estados Unidos, por lo que cualquier tenedor de bonos sabe y entiende que no puede negociar con el gobierno de Maduro, y si lo intenta vamos a ver cómo le va«.

– Los 4 puntos cardinales –

Evidentemente, el anuncio de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, es parte de una «movida política», cuyo futuro es completamente incierto.

El gobierno tiene dos mecanismos para renegociar la deuda en bonos: una reestructuración que supone un cambio de condiciones de plazos e intereses de la deuda actual, o un canje de bonos que supone la emisión de deuda nueva para sustituir la anterior. Este es el modelo que el gobierno de Maduro ha intentado utilizar en intentos anteriores de renegociación.

«Hay que recordar que incluso hubo una reunión con acreedores en Miraflores, que duró media hora y el gobierno se comprometió a renegociar; pero no pasó nada», recordó Buniak.

La primera condición es que el gobierno pueda presentar una estrategia económica creíble, un plan de ajuste macroeconómico que permita recuperar la capacidad de repago. «Y eso no existe ahora», dice Buniak. «No es igual plantear una renegociación en las condiciones actuales, que hacerlo, por ejemplo, con el apoyo de un financiamiento otorgado por el Fondo Monetario Internacional».

El gobierno de Maduro tiene cuatro puntos cardinales para lograr una renegociación exitosa: el primero es el propio gobierno, que necesita una estrategia económica distinta y convincente de cara a los mercados, para evitar que los procesos judiciales que se han disparado en Estados Unidos prosperen. «Y no le queda demasiado tiempo», afirma Buniak.

El segundo punto es la Asamblea Nacional legítima, no la ANC, que debe aprobar los acuerdos para que tengan validez. Si la Asamblea Nacional que se va a montar en diciembre no tiene el reconocimiento legal de Estados Unidos, el requisito de la aprobación legislativa no se va a cumplir.

Luego están los acreedores, cuya inmensa mayoría son personas naturales y jurídicas que están sujetas a la legislación estadounidense y, por tanto, no pueden violar las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Y el último, «el más importante», es el gobierno de Estados Unidos que reconoce a otra gobierno y el sistema político, al menos por ahora, «no se muestra proclive a abrirse a una negociación con el gobierno de Maduro».

– Otra hipótesis –

Otra posibilidad es que el gobierno de Nicolás Maduro busque una vía que le permita intentar sacarse el costo político de una eventual enajenación de Citgo y otros activos, con el argumento de haber generado una vía para la renegociación que, en teoría, «beneficia a los tenedores». Si falla, como es lo más probable, el costo sería imputable a la oposición.