Estudio evidencia necesidad de una Ley Especial que proteja a trabajadores del sector delivery
El Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) evaluó las condiciones en las que laboran alrededor de 300.000 trabajadores del sector delivery. La conclusión es que requieren protección legal de sus derechos.
Los bajos salarios y la casi inexistente protección social a los trabajadores han provocado cada vez más que los venezolanos inicien actividades independientes que les garanticen ingresos dignos.
Es así como en medio de la recesión económica y la llegada de la pandemia por el Covid-19 en 2020, el servicio de delivery comenzó a dinamizarse en Venezuela.
Según una reciente investigación del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) sobre la situación de trabajadores de servicios de repartos y entregas a domicilio en Venezuela (delivery), el Estado venezolano debe incentivar la promulgación de una ley especial que vigile los derechos e intereses de estos trabajadores.
Esta norma debe establecer unas condiciones mínimas de trabajo, salubridad, tarifas, permisos, sindicalización, negociación colectiva, seguridad social, protección a la maternidad y paternidad, así como obligaciones para el empleador en caso de accidentes de índole laboral propios de la actividad.
Inaesin encontró que las organizaciones sindicales venezolanas están llamadas a actualizarse en nuevas formas de empleos, el uso de la tecnología y plataformas digitales, en aras de defender y promover eficientemente los derechos e intereses de los trabajadores de este sector.
Crear o modernizar sindicatos o federaciones de trabajadores no dependientes también es una tarea a realizar con urgencia por las centrales o confederaciones existentes en el país.
Para Inaesin, los trabajadores del sector delivery –unos 300.000 en todo el país de acuerdo con cifras de Cavecom-e- deben entender su rol protagónico en las nuevas relaciones laborales.
Esto significa tomar la iniciativa en la conformación de sindicatos que procuren la representación de sus afiliados, protejan y defiendan sus intereses, supervisen el cumplimiento de las normas destinadas a garantizar la seguridad social y el trabajo, entre otros aspectos.
Por ello, los derechos de este sector y sus objetivos no pueden ni deben quedarse solamente en la lucha reivindicativa, ni su dirigencia ser solo agentes de reclamos para que las leyes, las plataformas digitales y los contratos cumplan sus objetivos.
Es importante que este sector se empodere económica y socialmente, a través de la formación, para generar un sólido bloque que los represente.
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