#Exclusivo: El estado Bolívar está paralizado por la recesión económica y la informalidad laboral
Raúl Gil Arias, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Caroní, afirma que la producción minera del estado Bolívar no reporta beneficios económicos para la región.
Recesión es la palabra con la que definen el panorama económico en el estado Bolívar, sobre todo a escala industrial y comercial en una entidad conocida por su potencial minero, donde se desarrollaron las empresas básicas y fue foco de desarrollo industrial.
En Bolívar hay expectativas de desarrollo en la producción agraria y ganadera y la entidad fue incluida en las áreas de desarrollo de la Zona Económica Especial (ZEE) planteada por el Ejecutivo nacional.
No obstante, mientras estos proyectos se concretan, representantes empresariales y gremiales indican que la entidad sufre un declive caracterizado por un auge de la economía informal, impulsado por extrabajadores de las empresas básicas.
Bolívar tiene un parque industrial metalúrgico en recesión, además de comercios y empresas golpeadas por fallas estructurales de servicios públicos y altas tasas impositivas.
La minería ilegal en un azote en el estado Bolívar. Es una producción que no deja ningún beneficio a la región.
“Todo se exporta, no quedan beneficios para la entidad”
Raúl Gil Arias, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Caroní, apunta que Bolívar por la explotación de minerales es «una región económica atípica” distinta a entidades como Monagas, Anzoátegui o Nueva Esparta.
“Cuando hablo de minerales, como oro y coltán, allí se ha centralizado el desarrollo de la economía, pero esto no deja absolutamente para invertir en el crecimiento regional, ya que todo se exporta, no quedan beneficios para la entidad”, subraya.
Gil Arias indica que, además de la necesidad de inversiones en las áreas comercial e industrial, se requiere también voltear la mirada hacia otras potencialidades y activar el desarrollo de sectores como el turismo y el área forestal.
El dirigente gremial agrega que hay un parque industrial metalúrgico inactivo en Bolívar, que requiere de inversiones y de mano de obra calificada para su reactivación.
“Estamos solicitando que se acabe la competencia desleal, además de la eliminación de la exoneración de códigos arancelarios para favorecer la producción nacional en las áreas forestal, turismo y metalmecánica», indica Gil Arias.
«Allí tenemos todo un parque industrial, en cuatro zonas industriales. Empresas metalmecánicas listas para reactivarse, además de materia prima como hierro y bauxita para producir y generar productos terminados”, abunda en detalles.
Sin embargo, la inversión que menciona Gil Arias requerirá también de un refuerzo: el funcionamiento de servicios públicos básicos como el suministro energético y de combustible, los cuales considera vitales para la reactivación industrial.
En la potencia hidroeléctrica del país, la población vive con un racionamiento eléctrico.
Productor energético con cortes eléctricos
“Queremos incentivar la pequeña y mediana empresa con mano de obra calificada. Tenemos la infraestructura instalada de diferentes parques industriales con empresas ya constituidas. Pero lo que tenemos en estos momentos es recesión, el cese temporal de sus actividades económicas, algo que se puede revertir porque tenemos todo, excepto los servicios públicos”, apunta.
Con esto, detalla que en la entidad lidian con constantes interrupciones de energía eléctrica que afectan a la productividad, a pesar de tener cuatro grandes represas que inciden en el sistema de distribución nacional de electricidad.
Además, el suministro de combustible, tanto de gasolina como de gasoil, es irregular. “Hay una interrupción permanente en la distribución del combustible, incluso la gasolina a precios internacionales, la cual se distribuye los lunes, miércoles y viernes», dijo.
“Si tenemos la mano de obra, tenemos la infraestructura y podríamos tener los servicios públicos eficientes, podríamos aportar al Producto Interno Bruto”, indica el vocero.
La informalidad gana terreno
El sector comercial también requiere de incentivos e inversiones para su reactivación, ya que la actividad comercial informal, así como intensos procesos de fiscalizaciones y altas tasas impositivas han jugado en contra de esta actividad económica.
Ramón Gómez, representante de Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos de la Corporación Venezolana de Guayana (Sunep-CVG), gremio que agrupa a trabajadores de las empresas básicas, relató a Banca y Negocios que la recesión económica azotó la entidad de forma paralela al declive de la producción en las industrias básicas que fueron motor económico de la entidad.
“Paulatinamente la producción bajó en casi un 70%. Ahí empezó la debacle ya que, al bajar la producción, no se pudieron cumplir las convenciones colectivas. Con esto se redujo el flujo de dinero en la calle y, por supuesto, la economía entró en una recesión increíble”.
La Corporación Venezolana de Guayana dejó cesante a 60% de su nómina. Estos empleados emigraron o se convirtieron en trabajadores informales.
Gómez indica que la fuerza laboral de las empresas básicas representaba un pilar en el crecimiento económico. Las desmejoras laborales y los despidos hicieron mella. “Las empresas que componen el holding de la CVG contaban, aproximadamente, con una población de 57 mil trabajadores” que incluían a empresas como Sidor, Bauxilum, Alcasa, Carbonarca y las filiales madereras, entre otras.
De esa cantidad de trabajadores, indica el dirigente sindical, aproximadamente el 60% quedó cesante y se sumó a las cifras de migración o se incluyó en el sector del comercio informal, tanto de forma física como en la venta a través de redes sociales.
“La otra parte, más del 40% de esa masa laboral, es decir, los que no despidieron, se encuentran en un estado precario, recibiendo apenas un 30% del sueldo y no son beneficiarios de los bonos. Si no hay poder adquisitivo en el sector de los trabajadores, la economía no funciona”, advierte.
La otra cara de la moneda en el área comercial y empresarial la describe Raúl Gil Arias, quien asevera que atraviesan una situación crítica por la intensificación de fiscalizaciones, tanto por el organismo tributario nacional como por las alcaldías.
A esto le suma el alza en las tarifas de servicios públicos, “con montos desproporcionados”, en aseo urbano, relleno sanitario, electricidad y agua.
“En ese sentido, nosotros hacemos un llamado a la sensatez para que prevalezcan los incentivos a los empresarios privados y con esta nueva contribución al sistema de pensiones no se respeta el principio de legalidad y el principio de capacidad económica del contribuyente”, apunta.
El dirigente gremial considera necesario que en la entidad haya una disminución de la presión fiscal y que se implemente la Ley de Armonización Tributaria “para incentivar la inversión privada, externa y nacional”, así como implementación de políticas públicas regionales y municipales que incentiven esas inversiones.
El 17 de abril, el presidente Nicolás Maduro firmó la activación de la Zona Económica Especial (ZEE) en materia agroalimentaria que incluye a los estados Sucre, Anzoátegui, Delta Amacuro, Guárico, Monagas y Bolívar.
Con esto, el Ejecutivo Nacional estima potenciar la producción agropecuaria y fundamentar un nuevo modelo productivo nacional que potencie la exportación.
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