Exclusivo | ¿Ley de Armonización Tributaria funciona para las empresas? Este es el análisis de un experto

La Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios (LOCAPTEM), al parecer, entra en vigor el 1 de enero de 2023. Fue aprobada en 2020 por la AN, en primera discusión, y ha cobrado fuerza en la opinión pública –últimamente- por encontrarse en su vórtice de consultas y mejoras desde empresas, organizaciones y especialistas.

Esta Ley busca regular las competencias tributarias de Gobernaciones y Alcaldías para evitar el desorden que hay actualmente con los impuestos. Héctor Orochena es licenciado en Ciencias Fiscales, en la especialidad de Finanzas Públicas. Tiene estudios superiores de Comercio Exterior y Planificación Estratégica. Es profesor universitario en el área de Tributación. Conversó en exclusiva con Banca y Negocios para despejar dudas sobre la mencionada ley.

Unificar parámetros

“Esta ley tiene como objeto unificar los parámetros de tributación de las más de 300 Gobernaciones y Alcaldías que existen en el país”, rompe el hielo. Dice que quienes hacen vida en el mundo de la tributación han visto con angustia cómo cada alcaldía del país ha establecido –en sus ordenanzas- alícuotas y procedimientos que no se apegan a derecho. Procedimientos que son distintos a los regidos por los estándares generales de tributación.

Explica que la precariedad económica de algunas alcaldías ha catapultado el costo de las alícuotas municipales. “Muchas alcaldías usan unidades de medidas distintas al bolívar, como el dólar, el Petro, inclusive algunas han usado el oro”.

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Orochena relata que el TSJ intentó poner orden en este caos cuando ordenó a las municipalidades suspender sus ordenanzas para establecer un parámetro único a escala nacional. Pero esa experiencia no tuvo éxito, expone. “Pretendieron evitar la voracidad fiscal pero no tuvieron éxito”.

La LOCAPTEM también busca evitar la voracidad fiscal municipal. Falta una segunda discusión en la AN, y ha sido sometida a debate entre los distintos factores en juego. Pero no ha sido aprobada, por lo cual no se sabe si entra en vigor en 1 de enero.

-¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo esta nueva ley?

-No tiene muchas cosas buenas. Pero cabe destacar su propósito de unificar criterios en materia tributaria en Gobernaciones y Alcaldías, como un punto positivo. El criterio y la intención de unificar criterios y alícuotas a escala nacional para tratar de evitar la voracidad fiscal.

«Pero tiene cosas muy mal hechas. Por ejemplo, no se puede tratar de armonizar lo tributario sin considerar los tributos nacionales. La voracidad tributaria municipal no es más que la consecuencia de una política económica nacional que ha colocado a las alcaldías en una situación de precariedad financiera. Si se pretende establecer controles a las alcaldías, el Estado debe garantizar a esas alcaldías los ingresos adecuados vía Presupuesto Nacional», afirma el experto.

Y añade: «No se puede establecer controles a las alcaldías, y por otro lado negarles lo que les corresponde, a través de un artificio que precisamente fue diseñado para no reconocer a las alcaldías lo que por derecho les corresponde por situado constitucional».

Un caos tributario

Héctor Orochena se detiene en otros escollos: ya no es el problema de la fijación de alícuotas excesivas, sino el desorden procedimental de cada alcaldía para regular los temas tributarios.

¿Cómo es esto? Distintas alcaldías establecen procedimientos particulares. Muchos portales de administración tributaria municipal prohíben al ciudadano declarar que tiene alguna otra deuda tributaria con la alcaldía.

“Peor aún, algunas municipalidades prohíben declarar cuando uno tiene deudas no tributarias con la alcaldía. Eso es completamente ilegal. No pueden prohibirte que cumplas con una obligación y luego sancionarte porque no la cumpliste. Eso no tiene ningún sentido”, se ahorra toda media tinta.

-¿Cómo afecta a las empresas esta ley?

-Todo este desorden administrativo a escala municipal ha significado que muchísimas empresas se hayan visto forzadas a migrar a la informalidad. Primero por las altísimas alícuotas, luego por lo engorroso de los procedimientos.

«Esta ley está vista con buenos ojos por el sector privado, porque la intención –como dije- es buena. Ojalá que se corrijan, luego del proceso de consultas que sigue en marcha, muchísimas irregularidades».

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Está vista con buenos ojos porque busca poner orden al caos y anarquía tributarios que reinan a nivel municipal.

El gobierno debe garantizar ingresos

Orochena pone condimentos a su análisis: si esta ley es aprobada como está el texto en primera discusión, a las Gobernaciones y Alcaldías les van a limitar las tarifas que pueden fijar, lo cual va a significar una merma en la recaudación tributaria. Si el gobierno nacional no restituye los ingresos vía situado constitucional, las instancias locales van a tener problemas.

Los gobiernos locales han pedido que se mantengan las alícuotas y los mínimos tributables. Esos mínimos tributables han sido un gran dolor de cabeza para los comerciantes, por sus altos costos.

-Hay quien dice que esta ley es inconstitucional…

–Sin duda es inconstitucional. Si bien la Carta Magna establece la posibilidad de que el gobierno central armonice lo tributario a nivel municipal, no es menos cierto que ese mismo artículo ordena velar que se le garantice a las municipalidades los recursos para operar. Si no se garantizan estas dos variables, se está yendo contra la Constitución.

En 2023 …

-¿Podrían haber otros cambios legales en materia tributaria en 2023?

-No. Salvo esta ley, no veo la posibilidad que se alivie la altísima carga tributaria que tenemos. No veo que se vaya a eliminar la Ley a los Grandes Patrimonios, ni la Ley a las Grandes Transacciones Financieras. No hay nada que nos diga que eso va a ser así, De modo que nos estamos alejando de la posibilidad de aliviar la alta carga tributaria que tenemos ahora.

Finalmente, Orochena hace votos porque la LOCAPTEM penalice a los funcionarios corruptos que se valen de artimañas para cobrar impuestos de manera ilegal. Habrá que esperar a que esta ley entre en vigencia para calibrar en tiempo real qué tan positiva o negativa resulta.

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