#Exclusivo Maryolga Girán: Empresas no pueden pagar pasivo oculto por cestaticket retroactivo

“He decidido dar el paso de subir de 60 dólares el ingreso mínimo integral indexado de los trabajadores a 100 dólares, incluyendo el cestaticket socialista a partir del 1 de febrero”, expresó el presidente Nicolás Maduro en su comparecencia anual ante la Asamblea Nacional (AN). Calibró su anuncio como un “primer empuje”.

Maduro también dijo el pasado lunes, 15 de enero, que desde el 1 febrero cristalizará un golpe de timón en el “bono de guerra” que se otorga a los empleados públicos; no obstante, no mencionó nada sobre un incremento del salario mínimo, que está todavía en 130 bolívares mensuales, el equivalente a 3,60 dólares a tasa oficial.

El llamado “bono de guerra”, es una especie de subsidio comenzó a pagarse los primeros meses del año pasado a empleados públicos, jubilados y pensionados, y fue ajustado a 60 dólares mensuales; el bono de alimentación (Cestaticket), y queda en 40 dólares.

“No esperen la Gaceta”

Maryolga Girán es una experta en derecho laboral, con una dilatada trayectoria, además de presidenta de la Comisión Laboral de Conindustria.

En torno a los párrafos precedentes espeta: “bueno, eso fue que dijo el ministro (del Trabajo), que no esperaran ninguna Gaceta, porque eso es así, y punto”, declara con cierto desparpajo, pero manifestó que tal declaración no tiene efecto jurídico alguno.

Se aumenta la Cestaticket, dice, pero aclara que –sin ánimo de entablar polémica con el ministro-, “eso no es lo que dice el decreto” actualmente vigente.

Girán expone que es un asunto complejo, porque en caso de una inspección,  seguramente van a obligar a la empresa a pagarlo. “Vamos a tener sanciones, aparte del c0nflicto laboral que se presenta”, añade la abogada.

Argumenta que hasta ahora la obligación de pagar el cestaticket indexado no estaba formal y expresamente prevista. “Es un tema sumamente delicado”, alerta la especialista.

-¿Está la empresa privada en capacidad de cubrir el aumento con retroactivo?

-No, porque ese es un pasivo oculto, que no estaba previsto –ni en el presupuesto de 2022, ni en el de 2023-. Cuando te pones a echar cuentas es un retroactivo, más o menos, de 10 meses, y eso es mucho dinero en las condiciones actuales que vive el sector privado.

«La Pyme, por ejemplo, está luchando por sobrevivir ante la carencia de mercado, la competencia desleal de los productos extranjeros, por la inflación en insumos, materia prima. Se está tratando de salir adelante, y, por supuesto, estas sorpresas que nos da el ministro son difíciles de cumplir», apunta la experta y consultora en derecho laboral.

Los privados: competitividad salarial

Girán no pone en duda la buena voluntad del Ministerio del Trabajo de favorecer a los trabajadores, pero los salarios que paga la empresa privada son, en el actual contexto venezolano,  competitivos.

«Aún hay sectores donde existe contratación colectiva con beneficios adicionales, entonces este tipo de exigencias nos lleva a una situación complicada y delicada, que ojalá se puede resolver en conversaciones con el ministro», indica la abogada.

Recientemente, Fedecámaras publicó su primera encuesta de coyuntura trimestral, donde se señala que las remuneraciones subieron en un promedio de 148% trimestral en el sector privado, sin contar el último cuarto de 2023.

De hecho, en el tercer trimestre las remuneraciones subieron 159,4%, según el sondeo; sin embargo, el ingreso promedio que el sector privado pagó al personal obrero alcanzó un promedio de 161 dólares mensuales, muy inferior al costo de cualquiera de las cestas alimentarias que se publican en el país.

Sin embargo, la generación de empleo se ha visto lesionada y 2023 fue un claro ejemplo del problema, ya que, según el sondeo de Fedecámaras, la desocupación promedió 3,17% en los tres primeros trimestre del año pasado.

En consecuencia, Girán precisa que la situación del sector privado no es óptima.

El temor a la retroactividad

– ¿Por qué no se aumentó el salario mínimo?

– Por el tema de la retroactividad. La Administración Pública tiene más de 5 millones de trabajadores en nómina, y el gobierno no tiene dinero para aumentar y que ese incremento tenga un impacto retroactivo.

– ¿Maduro le está tirando la pelota al capital privado?

-Sí. Yo creo que –como es año electoral- lo más fácil es hacer política y que los demás la paguen.

Emitir un nuevo decreto

Consultada sobre las reformas legislativas que implica el anuncio de Maduro, expresa que “para aumentar el Cestaticket el Presidente de la República tendría que emitir un nuevo decreto, porque el ministro del Trabajo no está por encima del Ejecutivo. El ministro no puede modificar un decreto del Presidente. El Cestaticket socialista está fijado expresamente en 1.000 bolívares, no habla de dólares; tendría que emitirse otro decreto”, deja claro como el agua.

Ahora bien, ¿Cómo quedan los pensionados y jubilados? “Tengo entendido que van a tener bonos especiales”.

“Yo creo que entre los principales inconvenientes, está la modificación inconstitucional de las normas, lo cual crea inseguridad jurídica. Si queremos atraer inversiones, que la empresa privada venezolana prospere, lo primero es que exista un marco claro de seguridad jurídica, es muy peligroso violarla”, desmenuza con prístina claridad.

La abogada Maryolga Girán, asesora en materia laboral de indica que, en su opinión, los salarios en la empresa privada son bastante competitivos. Cree que hay que establecer políticas públicas para incentivar la productividad.

“Yo quiero resaltar la buena voluntad del ministro, pero no se puede hacer alegremente”, opina. La Gaceta –dice- es la que nos da la seguridad jurídica, y el ministro dice que “no esperen la Gaceta”.

“Tenemos que esperar la publicación de la Gaceta”, concluye.

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