La justicia británica comenzó a examinar en Londres si acepta decisiones del Tribunal Supremo venezolano en el marco de un largo litigio entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó por el control de las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra.
«No se trata de un juicio sobre todo el sistema judicial venezolano (…) sino solo sobre cinco decisiones», defendió en su alegato inicial Richard Lissack, abogado del gobierno de Nicolás Maduro.
El Estado venezolano y la oposición se enfrentan desde 2019 por el acceso a 32 toneladas de oro, valoradas en más de 1.000 millones de dólares, custodiadas desde hace años en las cámaras acorazadas de la institución británica, que ofrece este servicio a múltiples países.
Lissack aseguró que se trata de «la mitad» de las reservas venezolanas en el extranjero.
En julio de 2019, Guaidó, autoproclamado «presidente encargado» de Venezuela y reconocido como tal por medio centenar de países –entre ellos el Reino Unido–, nombró su propia junta directiva del Banco Central de Venezuela (BCV).
Inmediatamente esta ordenó al Banco de Inglaterra que no entregase los lingotes a la junta directiva oficialista del BCV, presidida por Calixto Ortega, afirmando que el gobierno utilizaría los fondos para reprimir a la población.
Guaidó era entonces presidente de la Asamblea Nacional venezolana elegida en 2015, pero sus nombramientos fueron invalidados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, leal a Maduro.
Tras haber decidido en diciembre, al término de dos años de batalla judicial, que la justicia británica reconoce efectivamente a Guaidó como legítimo y único representante del país, la Corte Suprema de Londres ordenó, sin embargo, analizar si la decisión judicial venezolana invalida efectivamente sus nombramientos en la dirección del BCV.
Si se da su control a la oposición, los fondos «se perderían para el pueblo venezolano», denunció el lunes Lissack ante la jueza Sara Cockerill, del tribunal comercial de Londres, quien escuchará argumentos y testigos de ambas partes hasta el lunes.
El abogado de Guaidó, Andrew Fulton, asegura que la oposición no tiene ninguna intención de desviar los fondos.
– «Sistémica falta de independencia» –
El presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega viajó a Londres para presenciar el juicio, tras obtener una «visa diplomática» que según Lissack refuerza su legitimidad como representante oficial del BCV.
Sin embargo, pese a estar presente en la sala el miércoles, no debía ser interrogado por decisión de la magistrada, que en junio decidió limitar su participación a una declaración escrita previa.
La parte oficialista llamará asimismo como testigos a Francisco Carrasquero López, exvicepresidente del TSJ, jubilado en 2015 por motivos de salud, y al exjuez de esa misma institución Enrique Parody Gallardo.
Abriendo sus argumentos contra las decisiones del TSJ, Fulton destacó las «acusaciones de sistémica falta de independencia» en ese organismo.
Y advirtió que «cualquier sugerencia de que testigos» como Carrasquero y Parody «se sentirían libres de dar un testimonio sincero ante un tribunal inglés es fantasiosa».
Los abogados de Guaidó denuncian que el proceso judicial venezolano que anuló sus nombramientos «no corresponde a la concepción de un juicio justo bajo reglas británicas», porque la oposición no tuvo posibilidad de defenderse.
Durante los cuatro días de vistas, deben llamar como testigos a José Ignacio Hernández, exprocurador general especial nombrado por Guaidó, y a su sucesor, Enrique Sánchez Falcón.
También, a Ricardo Villasmil, expresidente de la junta directiva del BCV nombrada por el «presidente encargado», y a Manuel Rodríguez Armesto, que ocupa actualmente ese cargo.
Ambas partes prevén asimismo recurrir a sendos informes de expertos sobre el funcionamiento e la independencia del sistema judicial venezolano.
Y ya en el primer día se enfrentaron en torno a la «urgencia» del caso.
Las autoridades de Caracas, que en 2020 aseguraron necesitar los fondos urgentemente para hacer frente a la pandemia de coronavirus, defienden ahora que no deben precipitarse las conclusiones en este caso.
Pero Fulton pidió a la jueza que se pronuncie lo antes posible, tras el fin de las vistas la próxima semana, para que los bienes «no permanezcan en el limbo más tiempo de lo necesario».
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