Experto denuncia que gobierno hace "remate de garaje" con privatizaciones agropecuarias

Según Rodrigo Agudo, experto agroalimentario y asesor de Fedenaga el gobierno está haciendo “remate de garaje” con los activos de las empresas que se encuentran en manos del estado, las que según describe se encuentran desmanteladas “y lo que venden es remate”. Puso como ejemplo la situación de Agropatria y Lácteos Los Andes.

En cuanto a la producción agropecuaria explicó que, con la Ley  Antibloqueo, es imposible que se logre recuperar la actividad agroalimentaria porque es la “gota que rebasa el vaso de la corrupción”, indicó en declaraciones al portal especializado Minuta Agropecuaria.

“Se está regalando el patrimonio del estado y lo que representa sería un acto de violación constitucional” señaló.

Aseguró que la producción nacional  se encuentra en caída desde hace 6 años  “y seguirá profundizándose mientras no exista un cambio en la orientación política del gobierno”.

“Venezuela a pesar de su potencial no tiene los recursos para poder iniciar el proceso de reconstrucción del país en corto plazo”, por lo que recalcó la necesidad de un apoyo económico y político externo.

Recordó que el 80% de la producción nacional se empezó a perder en el 2015, fecha en la que según señala, el gobierno quiso seguir implementando una política de populismo y transferencias populares para tener respaldo de la sociedad civil.

“Hoy el gobierno para no reconocer su fracaso le quiere endosar la culpa al vecino”

Para culminar volvió a recordar que  el actual sistema de gobierno se encuentra  desarrollando en el país  la venta de  la chatarra de varias empresas “y que está rematando para que un pequeño grupo siga en el poder”.

Otras fuentes del sector agropecuario indicaron a Banca y Negocios que se están traspasando aceleradamente otros activos, como silos en diferentes regiones del país a empresas privadas con vinculaciones gubernamentales.

Esta «privatización» al menudeo permite que algunos grupos se queden con activos específicos, lo que supone el desmembramiento de empresas para facilitar las transferencias.

Los trabajadores han sido grandes perjudicados, porque están quedando en situación de indefensión, como ocurrió con el polémico caso del Central Azucarero «Pío Tamayo», en el estado Lara, donde los trabajadores insisten en denunciar que no han recibido las compensaciones de ley por un sorpresivo cambio de patrono.