Expertos analizan impacto de las Zonas Económicas Especiales en una Venezuela sancionada

De acuerdo con Oscar Doval, presidente de la casa de bolsa Rendivalores y del fondo de inversión privado Venecapital, la ley de zonas económicas especiales “es bastante completa” e incluye “bondades e incentivos” al inversionista.

Doval sostuvo en meses pasados reuniones con los miembros de la comisión de Finanzas del Parlamento para evaluar y criticar la ley y asegura que las conversaciones fueron positivas.

“Estaba esperando una batalla campal, reacciones radioactivas, pero se tomaron las notas de rigor y prometieron la inclusión” de sus observaciones, como la ampliación de beneficios tributarios, la inclusión de opciones de financiamiento y la garantía de óptimos servicios básicos para los inversionistas, comparte.

Los representantes del sector privado venezolano también recomendaron ampliar las garantías jurídicas y la definición de tribunales extranjeros que puedan arbitrar cualquier diferendo futuro entre inversionistas y el Estado.

La ley ha tenido su cuota de críticas, incluso desde las filas del chavismo. El diputado Oscar Figuera, del Partido Comunista, la rechaza por ser “una puñalada al desarrollo soberano”, y por presuntamente fomentar la “mano de obra barata” y “beneficios impositivos”, según describió en Twitter.

Maduro admitió en un acto público que “no es una ley fácil” y que tampoco está hecha “para complacencias”. Mencionó entre las críticas a la normativa su promoción de la “desregularización laboral”, de la caída de ingresos fiscales, del ecocidio, y la reducción del rol del Estado como ente rector de la economía.

– Derrota del proyecto de Chávez –

El economista y exdiputado, José Guerra, cree que esa nueva ley “es la derrota del proyecto del socialismo del siglo XXI”, que, bajo la tutela del expresidente Hugo Chávez, estuvo centrada desde 2006 en políticas de estatización de las principales compañías nacionales.

“Se pretendía ese modelo con una economía con predominio del Estado. Están reconociendo que ese modelo fracasó. Es la negación de ese modelo estatista”, aseguró Guerra desde el exilio.

Provea, organización defensora de derechos humanos, expresó su preocupación porque el proyecto de ley “lesiona la soberanía nacional, está fuera del marco constitucional y sirve de sustento legal para profundizar el extrativismo”.

Henkel García, analista de finanzas y director de la firma privada Econométrica, interpreta el proyecto como “un marco legal sensato” que privilegia los negocios de exportación, con enfoque particular en los puertos de Venezuela.

“Creo que enfocarse en el área productiva, industrial y manufacturera genera más tracción y riqueza. Eso no queda claro”, comentó a la Voz de América.

García estima que la sola ley pudiera ser insuficiente para reactivar los ingresos del país. “Muy probablemente venga capital de inversión, pero no hay ni la credibilidad ni la confianza en quienes delinean las políticas económicas ni confianza de que Venezuela va a tener estabilidad en el mediano y largo plazo. Los montos de este tipo de inversiones no suelen ser altos”, advierte.

Sobre la ley de zonas económicas especiales, García insiste que puede ser que atraiga “algo de capital”, pero no en la escala de “miles de millones de dólares” de los que urge el país. Guerra, por su parte, especula que la principal inversión en esas áreas puede provenir de China, Turquía e Irán.

No ve dispuesto al sector privado a invertir en esas zonas por los antecedentes de expropiaciones y de falta de garantías jurídicas durante las administraciones de Hugo Chávez, entre 1999 y 2013, y Maduro, desde entonces.

Doval, del fondo de inversiones Venecapital, tiene otra noción del horizonte económico. “Tenemos un aluvión de gente interesada en invertir en Venezuela. La tasa de retorno es muy alta y la de riesgo sigue siendo más baja que la de países africanos. Es el momento de invertir en Venezuela”, asevera.

– En contexto –

El gobierno de Nicolás Maduro promueve una ley de zonas económicas especiales “sensata” y “bien planteada” para atraer capital extranjero a Venezuela en un marco de sanciones internacionales, pero que, probablemente, se quede corta en su meta, advierten analistas.

La Asamblea Nacional, de abrumadora mayoría oficialista desde enero y desconocida como institución legítima por una amplia lista de países americanos y europeos, aprobó a finales de mayo la ley orgánica sobre Zonas Económicas Especiales en su primera de dos discusiones legislativas.

Los 26 artículos de la normativa regulan la creación de “espacios territoriales para la atracción de inversiones productivas nacionales y extranjeras”, con estímulos económicos fiscales, financieros y aduanales” para generar “un nuevo modelo” de diversificación económica que supere la dependencia petrolera.

Contempla zonas “para el fomento de exportaciones”, centradas en productos manufacturados y servicios como el turístico; para “la sustitución selectiva de importaciones”, que consiste en auspiciar la producción nacional de bienes y servicios “de alto valor agregado venezolano”; y para el desarrollo tecnológico.

Esas áreas deben tener como características una “posición geoeconómica privilegiada”, con conexiones marítimas, terrestres y aéreas con mercados internacionales; una “importante concentración de recursos naturales”; y la “existencia de parques industriales” y servicios “de alta calidad”.

La ley está inspirada en el modelo económico de países como China, Singapur, Corea del Sur y Vietnam. El propio Maduro auspició en años recientes las zonas económicas especiales con un conjunto de decretos presidenciales no exitosos porque, según sus palabras, fueron “trágicamente golpeados por la situación económica” de “sanciones y bloqueos” de países extranjeros.

Venezuela atraviesa una aguda crisis económica desde hace siete años, reflejada en una caída acumulada de casi 80% en su Producto Interno Bruto durante ese período, según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI).

A su vez, vive un proceso hiperinflacionario desde 2017 que ha pulverizado los salarios -el ingreso mínimo mensual es de 2,2 dólares- y ha provocado el cierre de medio millón de empresas, según el Consejo Nacional de Comercio.

Ese contexto se ha agravado desde hace cuatro años a raíz de sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a su principal industria, la petrolera, que aportaba hasta 95 por ciento de los ingresos de la república suramericana, según admitieron analistas recientemente a la Voz de América.