Expertos | controles de precios no son necesariamente inválidos en coyunturas críticas

El impacto económico de la pandemia resulta difícil de anticipar y estimar, mucho más cuando la propia situación del sistema de salud resulta en gran medida incierta.

Si bien son muchas las aristas y el impacto económico de la pandemia -entre otras necesidad de financiamiento, estrategias ante la caída en el flujo de caja de las empresas, atender la ralentización de la actividad económica, la caída de la demanda, el riesgo de afectar la continuidad de la relación laboral según el sector económico, etc.-, nos referiremos puntualmente al tema precios, toda vez que muchos han sido los países que han adelantado medidas y controles  (incluyendo el nuestro), como respuesta a incrementos de precios o desabastecimiento de cierto tipo de productos especialmente demandados, a raíz de la situación actual.

Más allá, en Venezuela algún analista económico ha asegurado que la ciencia y la teoría económica jamás han asomado o justificado controles de precios como alternativa a la solución del mercado.

Si bien, parte de los controles de precios que se han estado anunciando a escala mundial responden a motivaciones y presiones coyunturales de orden político, en materia estrictamente económica algunas precisiones pueden realizarse.

Lo primero que hay que decir es que la teoría económica sí reconoce situaciones en las cuales los mercados que presentan fallas requerirían acciones públicas/regulatorias que atiendan dicha situación, en procura de maximizar el bienestar social.

Si bien dichas fallas son situaciones específicas que podrían justificar una acción pública o regulatoria -por ejemplo, ante casos de monopolio, monopolio natural o de externalidades-, la vigencia de los mercados y su sistema de precios resulta incuestionable en el resto de situaciones de mercados potencialmente competitivos.

Es así como, a priori, ni los que se encuentran a ultranza a favor de los controles, ni aquellos que se oponen de entrada a estos, estarían en lo correcto.

Un Estado Benevolente puede apuntar a evitar ineficiencias asignativas, a evitar ejercicios abusivos de poder de mercado, tanto exclusorios como explotativos directos vía precios, como pueden ser, por ejemplo, problemas de interoperabilidad e interconexión vía precios, etc.

Sin embargo, dicho esto, es justicia acotar que el sistema de precios no sólo permite agotar el mercado igualando la oferta y la demanda evitando desabastecimiento, sino que  permite señalizar la asignación de recursos según la valoración social en favor de ciertos bienes y servicios, en ausencia de fallas de mercado como las externalidades.

En este sentido, como suele afirmarlo el profesor Richard Posner, las rentas constituyen incentivos a lo largo del proceso dinámico de los mercados y de la competencia, que incitan la entrada de nuevos oferentes y competidores en los mercados.

Por otra parte, la pandemia no produce por sí misma una caracterización de monopolio natural, por lo que, bajo este argumento, efectivamente un control de precios no parecería estar justificado. Asimismo, el sistema de precios no sólo señaliza, en términos dinámicos, hacia dónde orientar recursos e inversiones, sino que permite que aquellos individuos que más valoran los bienes finalmente sean quienes accedan a estos, maximizando el bienestar social en el corto plazo sin sacrificar incentivos en términos dinámicos (sin embargo, veremos más adelante que esta caracterización no siempre tiene por qué resultar eficiente ni socialmente deseable, desde una perspectiva de acceso y equidad).

Adicionalmente, en favor del mercado, está la sustituibilidad por el lado de la oferta, en la actualidad manifiesta por medio de empresas que normalmente no fabrican tapabocas, mascarillas o barbijos, pero que han adaptado su producción tradicional hacia este rubro, lo que constituye evidencia del proceso competitivo dinámico, más allá del corto plazo, y de la importancia de los incentivos que las rentas en los mercados generan en favor de la entrada de nuevos oferentes y competidores.

Sin embargo, todos los beneficios del mercado anteriormente mencionados ocurren ante la ausencia de fallas.

Justamente la literatura y la teoría económica reconocen como, por medio de una política pública -por cierto, no necesaria o exclusivamente basada en controles de precios- como eventuales subsidios a los oferentes, pueden corregirse riesgos de ineficiencia asignativa, aun cuando políticamente resulte poco potable lo que la teoría sugiere, dado el problema de equidad que dicha solución implica.

Así las cosas, en un extremo, reconociendo dicho “margen” al oferente, los incentivos a la oferta superarán a la demanda a precios de mercado, por lo que no se generaría desabastecimiento al dejar al oferente como residual claimant de las cantidades.

Otro problema de eficiencia en el mercado lo podría constituir la doble marginalización que implicaría un costo social, e incluso un sacrificio de beneficios para los oferentes.

Aun así, efectivamente, existen soluciones privadas para problemas de doble marginalización por medio de contratos y restricciones verticales.

Sin embargo, en este caso extremo, como el que podemos estar atravesando con la pandemia de Covid-19, podría cobrar sentido la realización de acuerdos entre oferentes primarios y el Estado, para que el segundo pueda imponer amenazas y sanciones más creíbles, que disuadan comportamientos oportunistas en el corto plazo, por parte de retailers -externalidades verticales- (recordemos que las rentas de escasez en los retailers no implican incentivos a la oferta y a la producción, dichos incentivos tendrían que aplicar sobre la oferta primaria).

En el caso que el enforcement público resulte más efectivo y menos oneroso y/o distorsionante que el privado, una acción pública cobraría sentido.

Otro tema interesante y con asidero en el caso venezolano es aquel cuando la valoración del bien no se correlaciona con el poder de compra de la moneda, de sueldos y salarios, y por tanto con la disponibilidad a pagar por parte de los consumidores. Aún así, resulta cierto que este problema mal puede ser corregido vía controles de precios, pero no implica que no exista asidero para pensar en políticas públicas, ya en este caso de estabilización macro, y sociales de asistencia, que atiendan lo que sin duda constituye un drama económico. cpmo la pobreza y falta de acceso a bienes de primera necesidad.

Por otra parte, en aras de controlar el vector de contagio, el sistema de precios y el mercado por sí sólo no tendría por qué constituir un medio eficiente para garantizar un acceso uniforme a productos de higiene que coadyuvarían a mantenernos fuera de dicho vector. Lo mismo ocurre con la amenaza de letalidad del virus como precio/costo de dejar de tomar medidas individuales para controlar el vector de contagio, por constituir un problema de acción colectiva, y por ello vemos cómo se ha tenido que imponer una política de cuarentena generalizada.

Conclusión, ni absolutamente todos los mercados (incluso en ocasiones existen bienes para los cuales no existen mercados) ni regulador alguno resultan perfectos. Los dogmas no suelen resultar útiles en el diseño de políticas públicas, mucho menos si lamentablemente se pretende dar respuesta a situaciones inéditas para las cuales no se cuenta con estadísticas o evidencia previa. So pena de sonar reiterativo, Venezuela requiere de espacios de análisis de las políticas públicas que permitan orientar a la sociedad sobre los beneficios y los costos de las distintas alternativas de políticas públicas.

* El autor es economista egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV)