Expertos | ¿Están claras las condiciones del préstamo de la CAF para rescatar al sector eléctrico?

Difícilmente hay quienes no manifiesten preocupación por el deterioro de la calidad, provisión y alcance en la prestación de los servicios públicos en Venezuela. En este sentido, la opinión generalizada y percepción respecto a la prestación de dichos servicios es que requieren atención nacional prioritaria.

En este orden de ideas, ya que la totalidad de los venezolanos son conscientes de la necesidad de rescatar la provisión de los servicios públicos, se tendría que abrir la discusión acerca de las vías y canales para ello.

Sin embargo, muchas de las alternativas que podrían analizarse, y eventualmente instrumentarse, se enfrentan a la restricción derivada del hecho de que estos proveedores de servicios públicos en su mayoría se encuentran en manos del Estado, aunado a que el Gobierno actual ha mostrado sobrada incompetencia y prejuicio ideológico para adoptar algunas de las alternativas por más eficientes que resulten efectivas socialmente hablando.

Tomando como dado dicho escenario, lo que probablemente implica “descartar” alternativas como la privatización de algunos de dichos servicios, entre otras, dada la urgencia del tema, cabe pasar a revisar las alternativas pendientes.

Así aparece el crédito que la Corporación Andina de Fomento (CAF) podría otorgar al país para coadyuvar al sostenimiento, inversión y rescate de los servicios públicos en Venezuela, específicamente el eléctrico. Si bien existe la preocupación referida a que la evidencia muestra justamente la incapacidad del Gobierno e instancias públicas para administrar fondos y sostener la calidad y provisión de los servicios públicos –por razones deliberadas o por incompetencia y falta de recursos técnicos-, este no constituye un tema nuevo ni ajeno para aquellas instituciones multilaterales que trabajan con préstamos a países subdesarrollados.

Por el contrario, las notas de prensa referidas al eventual préstamo asoman que la CAF no otorgaría directamente recursos a las autoridades públicas del sector eléctrico, y que existirían mecanismos de chequeo y control sobre su utilización, con la intención de su uso directo y exclusivo para el propósito de ayudar a rescatar el sector eléctrico nacional.

Sin embargo, las informaciones no detallan los pormenores del préstamo, sus eventuales condiciones de los proyectos específicos, ni cómo eventualmente sería financiado su repago. Al respecto hay mucha tela que cortar, y el país pudiera y debería interesarse en dichos aspectos y detalles por tener implicaciones sociales de distinta naturaleza.

Por ejemplo, en el ámbito de la ejecución del crédito y realización de los proyectos, cuáles son los mecanismos de convocatoria y concurso, en caso de que existan. Alternativamente, ¿será el propio otorgante del crédito quien desempeñará el papel de administración de la procura de las “inversiones”?

Adicionalmente, cuáles será las formas de repago de dicho crédito. ¿Se intentará que las fuentes de repago se originen dentro del mismo sector para evitar efectos distorsionantes de su financiamiento sobre otros sectores de la economía? ¿Lo anterior exigirá al prestador del servicio eléctrico sincerar las tarifas y buscar esquemas de tarificación que levanten los recursos necesarios para el repago de dicho crédito? ¿Existe capacidad por parte de los consumidores para que la vía de repago sea dentro del mismo sector o se requerirá impuestos distorsionantes?

¿Habrá efecto desplazamiento del gasto público sobre otros sectores de la economía y las políticas pública/sociales? ¿Se requerirán esquemas de discriminación de precios que faciliten el levantamiento de los fondos para el repago, generando las mínimas distorsiones respecto a la eficiencia asignativa? ¿Regirá un criterio de decoupling y uso alternativo de subsidios directos no tarifarios para garantizar el acceso a los servicios públicos, evitándose las distorsiones propias de políticas tarifarias que buscan objetivos de equidad y acceso, a la par de objetivos de eficiencia?

Estamos convencidos que los espacios e instancias de la sociedad civil, de los gremios empresariales, gremios profesionales y de la academia, que tiene entre sus propósitos se el análisis de las políticas públicas, los servicios públicos, las regulaciones económicas, el análisis económico del derecho y de la protección al consumidor atenderán estos temas y se encuentren trabajando y atentos.

* El autor es economista egresado de la UCV