Expertos | No hay liberalización económica sin respeto a derechos de propiedad

¿Puede existir una verdadera liberalización sin respeto a los derechos de propiedad privada? Se ha ido creando en el país la matriz de opinión pública de que el actual Gobierno ha iniciado un proceso de liberalización de los mercados presionado por las circunstancias. Incluso hay quienes llegan a apostar que este sería un camino para estabilizar la economía y el país.

Lo anterior no implica que no se podrían efectivamente estar levantando ciertas barreras al intercambio y al mercado como espacio por excelencia y al sistema de precios como mecanismo de información que permite los equilibrios en dichos mercados.

Sin embargo, los derechos de propiedad constituyen una institución fundamental para resguardar y potenciar una de las instituciones económicas más robustas y generadoras de intercambio y bienestar como lo son las ventajas comparativas.

Valga la anécdota referida al emplazamiento que hiciera el matemático Stanislaw Ulam, quien no tenía una valoración positiva por las ciencias sociales al premio Nobel de Economía, Paul Samuelson. Dicho matemático desafió a Paul Samuelson a nombrar una proposición de ciencia social que fuera verdadera y no trivial. Samuelson propuso la ventaja comparativa asegurando que “esta idea sea lógicamente verdadera no debe discutirse ante un matemático; El hecho de que no sea trivial está comprobado por los miles de hombres importantes e inteligentes que nunca han podido comprender la doctrina por sí mismos o creerla después de que les fue explicada «.

“Liberalizaciones” sin respeto a los derechos de propiedad impiden la masificación de intercambios y contratos voluntarios, mutuamente beneficiosos y fuentes de la generación de bienestar en las sociedades. Más allá, “liberalizaciones” sin respeto a los derechos a la propiedad privada potencian distorsiones que se ven reflejadas en los niveles de precios, así como en los pobres incentivos en favor de la actividad económica generadora de bienes y servicios.

Por ejemplo, los riesgos ante las arbitrariedades e intervenciones regulatorias pueden explicar estrategias de aseguramiento que impactan a la estructura de precios de bienes y servicios, lesionando el poder de compra de sueldos y salarios.

Los elevados costos transaccionales de resguardo de derechos de propiedad, e incluso pobres instituciones jurisprudenciales de resguardo contra problemas de externalidades negativas que los derechos de propiedad no pueden corregir, ante situaciones complejas de perfeccionamiento absoluto de su definición, respeto y alcance, no sólo encarecen actividades económicas, bienes y servicios, sino que pueden, en un extremo, condenar la existencia misma de cierto tipo de actividades económicas.

Adicionalmente, el irrespeto a los derechos de propiedad puede resultar regresivo, especialmente en la medida en que las acciones públicas de corte populista o corto placista se enfoquen en sectores económicos generadores de bienes y servicios de especial peso relativo sobre la canasta de consumo de los más pobres.

En un extremo, el capital puede encontrar una relación más atractiva de rendimiento/riesgo en sectores económicos que pudieran poseer menor exposición a riesgos regulatorios por atender estratos socioeconómicos que no resultan ser base de “soporte” o justificación del populismo totalitario.

Así las cosas, en el “mejor” de los casos cuando no quedan desasistidos estos sectores económicos, termina forzándose una situación de desplazamiento del sector privado por el sector público como proveedor –dado el costo político de la escasez- abriéndose la posibilidad para ineficiencias, despilfarro de recursos públicos y la corrupción.

En este sentido, podría pensarse que un buen respeto a los derechos de propiedad privada incluso puede constituir una cortapisa para la corrupción.

Los derechos de propiedad no son tales si constituyen una concesión graciosa y discrecional del Estado,  dependiendo de sus apremios políticos y económicos. En un marco como este los derechos de propiedad no constituirían una institución jurídica-económica sobre la cual se basa un modelo de progreso y bienestar.

Por el contrario, constituye evidencia pública y notoria de un modelo rentista donde la captura de la administración pública forma parte de la búsqueda de rentas para burócratas corruptos como empresarios cómplices, cuando no víctimas estos últimos.