Exportar sin querer queriendo: Propuesta para la exportación

Constituye un lugar común reiterar que son los países los que exportan. Efectivamente una política de exportación implicaría una serie de medidas orgánicas para fomentar, incentivar e imprimir competitividad a nuestros productos en el exterior.

Las empresas solas difícilmente pueden superar barreras y trámites administrativos innecesarios, que ralentizan el proceso de exportación y que deterioran a las empresas venezolanas como proveedores seguros y oportunos.

Dos elementos clave que inciden sobre la competitividad de los productos a ser exportados y más concretamente sobre una de las condiciones de comercialización fundamentales para los demandantes foráneos –el precio- son el tipo de cambio y los precios de los insumos domésticos y la materia prima local.

Por un lado, anclajes cambiarios, así como periodos recurrentes de sobrevaluación del tipo de cambio, reflejando la “competitividad” o el nivel de renta de un commodity como el petróleo, deteriora los términos de intercambio del país con el resto de sus socios o potenciales socios comerciales. 

Por el otro lado, respecto a los precios de los insumos y más precisamente de la materia prima, en el caso venezolano mucho se puede decir, pero queremos prestar especial atención a una característica de los encadenamientos de valor que debe ser comprendida si se pretende generar riqueza; aumentar nuestro peso relativo sobre el encadenamiento global en la producción y transformación de bienes, y si queremos incrementar las exportaciones no tradicionales.

En los mercados internacionales, si vamos a iniciar procesos de exportación, es probable que vayamos a mercados spots; con productos estandarizados; productos en etapas maduras; bajos en innovación y desarrollo; con bajo valor de marca –especialmente si nunca hemos estado presente en esos mercados- y en consecuencia “commoditized”.

En estos mercados, donde en ocasiones se compite por colocar capacidad ociosa o producción excedentaria, la variable estratégica de decisión para la competencia y para los demandantes es el precio.

En Venezuela muchas de las materias primas son provistas, producidas, extraídas y ofertadas por el Estado. En este orden de ideas, la política de fijación y ajustes de los precios de estas materias primas, no constituye una mera decisión de la empresa pública –lo anterior no implica que no deba ser satisfecha la restricción de participación de la empresa-; sino que, por ejemplo, en el caso de una política de exportaciones, tales precios y sus ajustes debe ser visto como una política o proyecto público y/o social.

Por lo general, muchas de las materias primas producidas públicamente, hierro, aluminio, sector químico, petroquímico, etc., muestran procesos productivos intensivos en capital y tecnología, siendo que aguas abajo en su posterior transformación es donde se generan y producen procesos intensivos en mano de obra y valor agregado.

Para incrementar la colocación de nuestros productos en mercados internacionales, donde operaremos de entrada como precio-aceptantes, requerimos términos competitivos, especial y fundamentalmente respecto al precio.

El Gobierno ha decidido aumentar los precios de sus materias primas utilizando por referencia los precios de los mercados internacionales y/o utilizando la tasa DICOM que supera significativamente a la tipo de cambio implícito. Dos pudieran ser las razones, por un lado, viendo que en los mercados negros de productos de consumo final en Venezuela ya se tasan los bienes según el dólar paralelo, y queriendo descremar tal poder de compra o rentas de escasez desde el estadio aguas arriba de la cadena de valor y de carácter público como serían los proveedores públicos de materias primas. Por el otro lado, con una miope y recesiva intensión de que la demanda interna disminuya para exportar sus “excedentes” de producción y hacerse con divisas.

Sin embargo, como solemos reiterar, suelen existir numerosas alternativas de política pública y en este caso existe una más eficiente.

Resultará crucial para el éxito de las exportaciones de los productos no tradicionales utilizar, como criterio de ocupación de la capacidad ociosa en la producción de materias primas en las empresas públicas, su exportación por medio de valor agregado una vez transformadas aguas abajo y muy especialmente para diseñar una política de fijación de los precios intermedios de estas materias primas; el enfoque de Proyecto Incremental.

Debe evitarse un problema de doble-marginalización donde márgenes por parte del proveedor público de materia prima y luego por parte de cada uno de los siguientes estadios de la cadena de valor impacten negativamente a la demanda foránea que siempre será más elástica que la doméstica. Así las cosas, desde el punto de vista estratégico para el Estado, ya vender sus materias primas en dólares como se ha asomado para ciertos sectores y no en bolívares implica varios objetivos realizados: por un lado contar con ingresos en divisas, por el otro lado participar en el valor externo de los productos procesados.

El proveedor público de materias primas debería -entre otras razones explicadas supra y otras que se explican infra- analizar qué nivel y esquema de precios por parte de este hacia los procesadores domésticos, se erigiría como un esquema de incentivos para que los exportadores vayan adquiriendo cada vez más materia prima para ser transformadas y exportadas. Este esquema de precios que incentivaría el mayor consumo de resinas para la exportación y que coadyuvaría a la colocación de cada vez mayor capacidad ociosa para la exportación de productos procesados es el de precios basados en el criterio de proyecto incremental o de precios igual a costos variables (para ver la lógica matemática detrás de estas aseveraciones se recomienda leer la teoría de las restricciones verticales perteneciente a la teoría de la Organización Industrial. Para ello sugerimos leer al “recién” galardonado con el Premio Nobel de Economía 2014, Jean Tirole en su libro The Theory of Industrial Organization, The MIT Press, 1988).

En resumen, pueden ser usados descuentos por volúmenes que operarían como empaquetamientos, tying, bundling o venta atada de volúmenes para incentivar a los procesadores domésticos a aumentar su proceso productivo al enfrentarse a precios no lineales, y de hecho bajar sus costos variables mientras mayor sea la escala operativa.

Asimismo, los proveedores públicos deberían utilizar y ofertar esquemas de tarificación y pricing en dos partes –two-part tariff- incentivando la intensidad de consumo de las materias primas domésticas dirigidas a la exportación y evitando pérdidas de competitividad externa por problemas de doble-marginalización. Incluso esta política de precios podría complementarse con políticas de fidelización del tipo loyalty rebates que evite que el procesador nacional busque proveedores externos de materias primas.

Si el tema de preocupación para el Estado es la regla de reparto del valor de los bienes en el exterior, contaría con la tarificación en dos partes, en específico con su parte fija –fixed fee- para hacerse con renta sin lesionar la colocación de productos en el exterior. Obviamente lo anterior debe ponderar que las empresas privadas procesadoras no constituyen Agencias ni maquilas del Estado, están constituidas por capital de riesgo y poseen su perfil de aversión al riesgo

*Economista UCV. Master in Competition and Market Regulation, BGSE, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona. Postgraduate Diploma in Economics for Competition Law, Kings College London.