Expropiaron 680.000 hectáreas en Barinas y producción ganadera ha caído 80%

Las medidas económicas adoptadas por el gobierno socialista de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en los últimos 12 años, relegaron a Barinas como uno de los estados productores agrícola y pecuario del país, hasta el punto de que la caída en la producción ha causado un impacto negativo en la población que se traduce en la reducción de los niveles de consumo, desnutrición y empobrecimiento de los ciudadanos.

El planteamiento lo hizo José Luis González, responsable político de Acción Ciudadana En Positivo (ACEP) en Barinas, tras señalar que en esa entidad la agricultura ha registrado un decrecimiento sostenido en los últimos 12 años. Sin embargo, los entes oficiales que generan estadísticas sectoriales “manejan con manifiesta opacidad los resultados de los indicadores económicos que miden su comportamiento, retrasan y restringen descaradamente las publicaciones y manipulan la data”, apuntó.

La producción de maíz y arroz en el estado, por ejemplo, decayó entre 8.000 y 10.000 hectáreas sembradas a entre 1.000 y 1.500 hectáreas en los últimos 12 años.

La mala prestación de servicios públicos básicos, carencia de insumos, inseguridad jurídica y personal, así como el mal estado de la vialidad, han generado que la producción de ganado haya disminuido en 80%; la venta de animales también ha decaído al punto de que en 2007 se vendían 7.000 animales en promedio y hoy solo ofrecen entre 1.000 a 1.500; mientras que la producción de leche cayó de 1 millón de litros a 180.000 litros, la mayoría de los cuales va a queseras artesanales, porque ante los constantes cortes eléctricos la industria formal ha desaparecido.

“En los últimos 20 años en Barinas se han expropiados 680.000 hectáreas de tierras productivas y esto, lamentablemente, se tradujo en menos producción y más desempleo y niveles de pobreza para los ciudadanos”, agregó el vocero del partido de los ciudadanos.

José Luis González indicó que ACEP planteará en la Asamblea Nacional revisar toda la normativa legal que rige al sector agrícola y pecuario para, en el marco de la Constitución, recuperar las tierras expropiadas y devolverlas a sus dueños a fin de reactivar operaciones.