Extrabajadora demanda a Citgo por despido tras negarse a firmar contratos fraudulentos
Una extrabajadora de Citgo, la subsidiaria de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, demandó a la empresa asegurando que su despido en 2017 se produjo tras negarse a firmar contratos que consideraba fraudulentos por incluir a una compañía de Samark López, acusado por las autoridades estadounidenses de ser testaferro de Tareck El Aissami.
Marisol Gómez introdujo su demanda en la Corte de Distrito del condado de Harris y acusa directamente al expresidente de Citgo, Nelson Martínez, de haberla presionado para suscribir contratatos con empresas que eran parte de esquemas de corrupción y fraude con dinero de la compañía venezolana.
La demanda, según reseña el portal www.setexasrecord.com, indica que Martínez le solicitó a Gómez aprobar un contrato de Citgo con la empresa Yakima Trading Corporation controlada por Samark José López Bello, cuando ya este había sido incluido en la lista OFAC señalado de ser la persona que El Aissami utilizaba para lavar dinero proveniente del narcotráfico.
«Gómez se negó repetidamente a involucrarse en las acciones ilegales que Martínez le pidió que participara», se afirma en el documento y «como resultado fue despedida por orden de Martínez, el 14 de marzo de 2017».
Martínez fue nombrado Ministro de Petróleo por el presidente Nicolás Maduro en enero de 2017, cargo que ejercía al mismo tiempo que la presidencia de Citgo. En agosto de 2017 es designado presidente de Pdvsa. En noviembre de ese mismo año fue detenido en Caracas, acusado de corrupción. Murió bajo custodia en diciembre de 2018.
En la demanda también se acusa a Martínez de haberle solicitado a Gómez que ejecutara un contrato de $1,7 millones con una compañía de propiedad de su hijo, Charles Martínez, que era utilizada para desviar dinero de Citgo. A cambio de avalar las transacciones, Martínez le ofreció un soborno a Gómez.
Adicionalmente, Martínez solicitó a Gómez cambiar el administrador del plan de pensiones de Citgo, detrás de lo cual estaba el pago de sobornos por parte del nuevo administrador, así como un aumento de la pensión mensual de Martínez de aproximadamente $2.700 a unos $17.300.
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