FAES en el ojo de la fiscalía por "presunta ejecución extrajudicial" de comunicadores zulianos
La fiscalía venezolana abrió este domingo una investigación tras la «presunta ejecución extrajudicial» de dos trabajadores de un pequeño medio de comunicación digital de línea oficialista, por agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
«Ante presunta ejecución extrajudicial -a manos de funcionarios del FAES- de los ciudadanos Andrés Eloy Zacarías y Víctor Torres, designamos (…) al Fiscal 45 de Derechos Humanos y al Fiscal 15 de Delitos Comunes para investigar y sancionar este lamentable hecho», informó en Twitter el fiscal general Tarek William Saab.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) denunció que el asesinato de Zacarías, de 33 años, quien se desempeñaba como «comunicador popular y trabajador de Guacamaya TV», y de Torres, de 29, «hijo del dueño del medio», se produjo durante «un operativo de las Faes» el 21 de agosto en la sede del canal en Cabimas, estado de Zulia (oeste).
«Esto fue un crimen. Violaron todas las leyes y haremos la denuncia formal porque esto fue un asesinato vil. Todos vimos cuando pusieron hasta armas a los cuerpos», declaró Franklin Torres, dueño del medio, al sindicato de prensa.
Las FAES fueron creadas el 14 de julio de 2017 por el presidente socialista Nicolás Maduro en el marco de protestas antigubernamentales.
Desde su creación son múltiples las denuncias de violaciones de derechos humanos, que van desde allanamientos ilegales en suburbios pobres, tiros de gracia, simulación de enfrentamientos, ocultamiento de autopsias y trabas para acceder a expedientes.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó en septiembre de 2019 un duro informe en el que dijo documentar posibles ejecuciones extrajudiciales de las FAES, cuya disolución exigió.
Maduro acusó entonces a la funcionaria de repetir «mentiras» sobre Venezuela.
El pasado 8 de agosto, Saab dijo que en los últimos tres años la fiscalía ha imputado a 528 funcionarios de orden público por violación de derechos humanos, de los cuales 450 han sido privados de libertad y 140 han recibido condena.
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