La FANB evacua a más de 1.200 personas de las zonas mineras de Amazonas
El comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, aseguró que las personas han sido desalojadas de manera voluntaria.
Militares de Venezuela han evacuado a un total de 1.281 personas que habitaban en zonas en las que se practica la minería ilegal en el estado Amazonas (fronterizo con Brasil y Colombia), informó este lunes el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.
«Han sido desalojadas, de manera voluntaria y atendiendo su bienestar. 1.281 personas, quienes, de manera voluntaria, comprendieron que ningún derecho humano prelará (será preferente) sobre los derechos ambientales», indicó a través de Twitter, donde compartió fotografías del operativo.
Este plan de «evacuación voluntaria» entró en vigencia el sábado pasado y tiene como objetivo sacar a quienes viven en las cercanías de «todas las minas del estado Amazonas», explicó el domingo el comandante, sin indicar cuál será el destino de las personas desalojadas.
Asimismo, dijo que luego de este plan de desalojo, evacuación, desmantelamiento de campamentos y destrucción de materiales, se iniciará un programa de reforestación.
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En este sentido, Hernández Lárez informó hoy de la incautación y destrucción de «materiales usados para la depredación ambiental» que fueron localizados el domingo en una de las minas en las que aplicaron el plan de desalojo.
Se trata, detalló, de 28 motores, 195 motobombas, 14.800 metros de manguera de alta presión, 130 envases cargados con combustible tipo diésel, 18 plantas eléctricas, entre otros materiales usados para la extracción minera, así como 130 «estructuras improvisadas para dormitorios y depósitos logísticos».
El jefe militar no aclaró si hubo detenidos en estos procedimientos.
El pasado 19 de junio, el presidente Nicolás Maduro ordenó a la FANB continuar con su «batalla» en el sur del país para «limpiar» de la minería ilegal toda la región de la Amazonía, habitada casi exclusivamente por comunidades indígenas.
Organizaciones no gubernamentales aseguran que los militares han abusado de su autoridad en algunos de estos operativos, en los que, denuncian, se han cometido atropellos contra las personas que residen en estas zonas.
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