Los altos mandos de las exguerrilla FARC admitieron su culpa por primera vez ante las víctimas de más de 21.000 secuestros por los que fueron imputados, durante una audiencia este martes ante el tribunal de paz en Colombia.
Sentado frente a varios exsecuestrados y sus familiares en un auditorio de Bogotá, el último comandante de la disuelta guerrilla inició el reconocimiento.
En nombre de los 13.000 combatientes que dejaron las armas acepto la «responsabilidad individual y colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos» por la organización marxista, dijo Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’ durante el conflicto.
Surgida del acuerdo de paz con la entonces guerrilla en 2016 en La Habana, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó en 2021 a los altos mandos por crímenes de lesa humanidad relacionados con los miles de secuestros y otros delitos como tortura cometidos entre 1990 y 2016.
Los excomandantes guerrilleros Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton Toncel y Julián Gallo también pidieron perdón durante la audiencia de tres días.
Jaime Parra, conocido como «el médico» de las FARC, y Rodrigo Granda, «el canciller», podrán reconocer su responsabilidad hasta el jueves, cuando termina la comparecencia.
La JEP determinó que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) implementaron una «política nacional para secuestrar civiles» desde los años 1980.
Timochenko admitió que los delitos fueron «fruto de una política que desembocó en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra», en medio de reclamos de las víctimas que denuncian falta de verdad.
Los afectados tendrán 15 días para hacer sus observaciones y la JEP prevé que en tres meses sus magistrados impondrán las sanciones.
Según lo acordado en La Habana, los exguerrilleros deben reparar a los afectados y decir la verdad para evitar la cárcel.
– «¿Dónde están?» –
Políticos y militares que fueron secuestrados por las FARC durante el prolongado conflicto escucharon las confesiones e hicieron reparos por lo que consideran una «deuda de aporte a la verdad» por parte los victimarios.
Óscar Tulio Lizcano, secuestrado en el 2000 cuando era un congresista conservador, le exigió a sus «carceleros» esclarecer el paradero de los secuestrados desaparecidos.
«Qué nos digan la verdad. Hemos perdonado, pero eso no quiere decir que no haya justicia, queremos la verdad», reclamó el exparlamentario de 75 años, que se fugó de su captores en 2008.
Una exposición de fotografías de los desaparecidos con el lema «#DóndeEstán?» y manuscritos dirigidos a la comandancia guerrillera recibía a los asistentes al evento público.
La magistrada Julieta Lemaitre, quien presidió la sesión, dijo que los secuestros «fueron producto de una política adoptada por el secretariado [cúpula] de las FARC-EP» y «cometidos de manera directa por sus subordinados».
La JEP, según Lemaitre, identificó tres modalidades: detención de «civiles que transitaban por zonas» de dominio rebelde, secuestros «para cobrar dinero» a cambio de las liberaciones y para canjearlos por rebeldes encarcelados.
En medio de la audiencia, la colombo-francesa Íngrid Betancourt encaró a Toncel para exigirle no omitir detalles sobre los terceros que habrían participado en su secuestro de seis años cuando hacía campaña a la presidencia en 2002.
– «Desgarrador» –
El primer acto de este tipo que realiza la JEP con los excombatientes ocurre dos días después de la elección presidencial que dio como vencedor al izquierdista Gustavo Petro, un senador y exguerrillero del nacionalista M-19 que firmó la paz hace treinta años para hacer política y defiende el acuerdo que desarmó a las FARC.
El 7 de agosto, Petro tomará juramento ante a un Congreso integrado por Pablo Catatumbo y otros nueve exguerrilleros que gracias al pacto de paz tienen un escaño parlamentario garantizado hasta 2026.
En la audiencia, Catatumbo expresó su «dolor» por los secuestros: «Nunca imaginé lo increíblemente duro, lo terriblemente desgarrador que sería sentarme frente a ustedes a escuchar todo el daño que les causamos».
En mayo, una veintena de militares en retiro, incluido un general, reconocieron su participación en el asesinato de más de cien civiles para hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combate en la frontera con Venezuela.
El tribunal calcula que fueron al menos 6.400 víctimas de esa práctica, conocida como los «falsos positivos», que junto al secuestro martirizaron a Colombia en el conflicto de más de seis décadas.
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