Fernández defiende expropiación de gigante agrícola argentino insolvente Vicentín

El presidente argentino, Alberto Fernández, defendió su idea de «rescatar» al gigante agroexportador Vicentín mediante su expropiación por parte del Estado para evitar que la empresa, en cesación de pagos, quiebre o pase a manos de capitales extranjeros.

«La única alternativa que nos queda es la expropiación», dijo Fernández en declaraciones a Radio 10, de Buenos Aires.

Fernández sorprendió el pasado lunes al anunciar su decisión de intervenir la firma y enviar al Parlamento un proyecto de ley para expropiarla y que sus activos conformen un fondo fiduciario administrado por YPF Agro, la división de negocios agropecuarios de YPF, la mayor productora de hidrocarburos del país.

La decisión fue adoptada luego de que en diciembre pasado Vicentín SAIC, el buque insignia del grupo Vicentín y dedicada a la compra, molienda y exportación de granos y derivados, entrara en cesación de pagos y solicitara en febrero la apertura de un concurso preventivo de acreedores.

La deuda de la firma está calculada en unos 1.350 millones de dólares y entre sus de acreedores están 2.600 productores agropecuarios, bancos públicos, liderados por el estatal Banco Nación, y un comité de acreedores extranjeros liderado por la Corporación Financiera Internacional (IFC, dependiente del Banco Mundial).

Fernández dijo que tiene una «preocupación muy grande» no sólo por los trabajadores de la empresa, con actividades paralizadas, y por las consecuencias del impago para los productores rurales sino también por las investigaciones judiciales abiertas sobre la administración de la compañía y la importancia de la firma en un sector «estratégico» para Argentina, uno de los mayores productores y exportadores globales de granos y derivados.

Con respecto a la causa abierta por el crédito por unos 300 millones de dólares que el Banco Nación concedió a Vicentín, Fernández recordó la Unidad de Investigación Financiera se presentó como querellante en el caso «partir de una serie de reportes de operaciones sospechosas que recibió» sobre la empresa.

Además, dijo que uno de los objetivos de la intervención por 60 días que dispuso sobre la firma es «desenmarañar» el entramado de sociedades creadas por el grupo Vicentín entre 2015 y 2018.

Por otra parte, sostuvo que le alertó la constitución de un comité de acreedores externos como «paso previo al cramdown», un mecanismo legal que permite a un acreedor inscribirse en un registro para proponer tomar el control de una empresa concursada a cambio de asumir la deuda y acordar el pago con el resto de los acreedores.

«La verdad es que me preocupó mucho que alguien presente el cramdown y que la empresa termine en manos de capitales extranjeros. Tengamos en cuenta que en Argentina hay siete cerealeras y cuatro de ellas son de capitales extranjeros», alegó.

Argumentó que, ante este escenario, tomó la decisión de avanzar hacia un «rescate» de la compañía, creada en 1929 en la provincia de Santa Fe y controlada por descendientes de sus fundadores.

«Qué hicimos nosotros: rescatar a Vicentín, rescatarla de lo que es un camino seguro al precipicio, que termina o con la quiebra de Vicentín o con el pase de Vicentín a manos de capitales extranjeros», afirmó.

Fernández reveló que el director ejecutivo de Vicentín y uno de sus accionistas, Sergio Nardelli, le propuso el jueves que «el control de la empresa lo tome YPF», ante lo cual el mandatario le señaló las «dificultades técnicas y jurídicas» para que la petrolera haga eso.

Los accionistas de Vicentín publicaron en medios locales una carta abierta en la que afirman que la decisión del Ejecutivo «inhabilita todas las negociaciones que la compañía» realizaba para alcanzar «una solución en el ámbito privado y deja como única opción la estatización de la empresa, manifestando el propio presidente que esa es la única posibilidad».

«La intervención y el proyecto de expropiación que sostiene el actual Gobierno en cabeza del presidente Alberto Fernandez viola las garantías constitucionales, elude de manera arbitraria la independencia de poderes de una nación y pone en jaque la confiabilidad en las instituciones que requiere toda república democrática», señalaron