FIDH y Provea instan a comunidad internacional a activarse más para solucionar crisis humanitaria

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) publicaron un informe en el cual alertan que la emergencia humanitaria compleja en Venezuela se agravó debido a la pandemia del Covid-19.

Asimismo, ambas organizaciones no gubernamentales (ONG) instaron a la comunidad internacional a impulsar acuerdos humanitarios que promuevan soluciones a la crisis alimentaria y sanitaria que vive la nación. Entre ellos:

– Mantener los esfuerzos diplomáticos para promover una salida negociada, pacífica, democrática y constitucional a la crisis política venezolana.

– Actuar en un esfuerzo colectivo para lograr un acuerdo humanitario urgente entre los actores políticos y sociales en Venezuela para facilitar la ayuda internacional.

– Velar para que la asistencia humanitaria no sea politizada por el régimen de Maduro.

– Exigir al gobierno de Nicolás Maduro que suministre información técnica verídica y de manera transparente.

El informe indica que las consecuencias “demoledoras”, debido a la permanencia del régimen de Nicolás Maduro en el poder, incluyen la escasez de productos básicos y la pérdida del poder adquisitivo.

“El profundo colapso económico descrito no se debe a las sanciones financieras. Las primeras sanciones se inician en agosto de 2017 y las primeras sanciones directamente ligadas al plano económico empiezan en noviembre de 2018. Las sanciones fueron impuestas en 2017 cuando ya la economía venezolana atravesaba su cuarto año de recesión”, reza el informe.

El documento atribuye la profundización de la crisis a la desinstitucionalización del Estado venezolano, la corrupción, el endeudamiento y la disminución de los recursos. Y, frente a estas condiciones, consideran que el acuerdo firmado entre representantes del Ejecutivo Nacional, la Asamblea Nacional y la Organización Panamericana de la Salud para la atención de la emergencia, constituye un importante paso para mejorar las capacidades del sistema de salud venezolano.

FIDH y Provea denunciaron que la «dictadura de Nicolás Maduro» ha aprovechado la emergencia de salud para aumentar el control social y político de la población. Además, alertaron de la persecución que viven algunos profesionales, como médicos y periodistas, por hablar sobre la crisis.

“Estas políticas de control social y político de la población venezolana se están agudizando con la cuarentena decretada desde 13 de marzo. Durante el período correspondiente a los dos primeros meses del estado de emergencia en Venezuela, se constató un patrón de persecución y hostigamiento contra personas críticas de diferentes gremios y sectores de la sociedad civil”, alertaron.