Fin del “mercado de la gracia del Estado”

Muchos nos preguntamos ¿cómo llegamos al hueco económico y social en el que nos encontramos? y ¿cómo salimos de allí Numerosos venezolanos cuestionan cómo un país dotado con tantos recursos naturales, energéticos, minerales, hídricos, en pleno bono demográfico resulta tan pobre y en qué se basa la riqueza de las naciones.

Otros señalan directamente a nuestros políticos, a la falta de instituciones y a su debilidad, así como a incentivos perversos en contra de cambiar lo anterior.

De hecho estas dudas y frustraciones nos hicieron otorgar un cheque en blanco a la antipolítica, terminando de enterrar las pocas y débiles instituciones con las que se contaba.

Todo lo anterior apunta a que la salida consistente, robusta, estructural y fundacional para nuestra tragedia pasa por eliminar de una vez y para siempre al “mercado de la gracia del Estado”.

Lo anterior significa erradicar los incentivos y la posibilidad de que aquellos detentando el poder del Gobierno o de las distintas instancias del Estado puedan, por un lado ser capturados respondiendo a intereses particulares, y/o por el otro evitando que se use el poder en provecho de los intereses propios de quienes lo detentan.

Venezuela constituye un experimento natural y una forma poco ortodoxa por partir de las peores de las situaciones para validar por contraste la necesidad de erigir instituciones económicas y jurídicas, así como la convicción social que el “mercado de la gracia del Estado” es la fuente de nuestra tragedia económica y social, por lo que requerimos tutelar con absoluta supremacía a las instituciones y bienes sociales alineados con progreso, riqueza y bienestar: la eficiencia económica. Lo anterior precede a cualquier programa de estabilización macroeconómica, porque su carencia constituye el mayor de los costos de oportunidad posible para una sociedad que persigue la máxima riqueza y bienestar social posible, así como por su carácter estructural y fundacional.

Por lo general el “mercado de la gracia del Estado” crea incentivos para que sus demandantes buscando la captura anticipen el uso de recursos que implican costos y por ende destrucción de rentas anticipadas por un lado, y por el otro lado, exacerba la búsqueda de captura de una regla de reparto de la renta o el valor de un bien, un proyecto o un mercado favorable que no implica generación de riqueza sino simple reparto o redistribución -tanto de un lado como del otro, es decir tanto populismo, como izquierda, así como tiranías de otra naturaleza-.

Por ello toda acción anticipada de imposición de reglas de reparto enmascaradas en equidad, justicia, nacionalismo -incluyendo el de derecha-, sensibilidad social, izquierdas, etc., pueden, primero constituir una sanción previa, segundo, una generalización que termina creando falsos positivos, tercero destruyendo incentivos en favor de la generación de bienestar social, y cuarto la excusa perfecta para crear una situación social de búsqueda de captura o miscoordination en torno al “bien social” tutelado en contraposición a la búsqueda de que la nación se acerque a su mayor potencial de generación de bienestar y riqueza.

Ciertos diseños e instrumentos de política industrial; política de permisos y certificados; políticas de soporte y Ayudas Estatales; y promesas de control de precios, protección, soporte y redistribución pueden constituir algunas de las formas que toman los “bienes o favores” que se transan en el “mercado de la gracia del Estado” a cambio de votos, coimas, sobornos, corrupción, rentas, etc.; todo en detrimento del bienestar social, la riqueza de la nación y los recursos públicos.

Tanto el teorema de Coase como el criterio Hick-Kaldor que resguardan a la eficiencia y el bienestar social, compatibilizándola en un sentido estricto y no-estricto con la equidad; constituyen principios que han dado soporte a instituciones y sistemas jurídicos así como administrativos de países que muestran notables resultados en la generación de riqueza y bienestar. Por ejemplo, el Common Law por medio del desarrollo de los derechos de propiedad y el desarrollo de normas de responsabilidad civil son un notable caso de lo anterior -respectivamente- y de la creación de instituciones jurídicas en favor del intercambio voluntario generador de riqueza, así como la corrección de situaciones de externalidades de la forma más eficiente sentando precedentes disuasivos a futuro para evitar el uso ineficientes de los recursos en favor de la riqueza del país.

Pero resulta interesante igualmente destacar que el Common Law desarrollo normas e instituciones jurídicas formales a partir de la identificación de reglas comunes que la sociedad utilizaba y que se encontraban alineadas con la generación de riqueza y bienestar.

Partiendo al revés del fracaso a la construcción de instituciones robustas y alineadas con el progreso -como sería abolir la posibilidad de un “mercado de la gracia del Estado”- la ciudadanía debe reconocerse como víctima final o residual claimants de los juegos interesados en no crear instituciones robustas con la intención de continuar con la captura de la gracia del Estado y sus rentas derivadas. Comprender y activar lo anterior permitirá a la sociedad exigir imponer en las funciones y en las responsabilidades del Gobierno y del Estado -en el sistema jurídico y en los entes administrativos- la supremacía de la eficiencia económica.

Lo anterior sin menoscabo de diseñar políticas públicas de redistribución y equidad, pero basadas en el mediano plazo en la igualdad ante la ley y las oportunidades y no sobre resultados -de forma ex ante o precondicionante- , y en el corto plazo políticas fiscales que tutelan mejor este bien social sin sacrificar las instituciones e incentivos fundamentales por medio de las cuales los países crean riqueza.

Cuando estás creencias sean asimiladas por la ciudadanía y se diseñen instituciones robustas e independientes en este sentido, la política dejará tener atractivo alguno en Venezuela, salvo para aquellas personas con verdadera vocación de funcionario público en favor del bienestar social, sin posibilidad de lesionarla ni capturar rentas ni negociarlas. Podremos entonces ser un país rico con un Gobierno “pobre”, ejecutor, no decisor-interesado, ni juez y parte.

* Economista UCV. Master in Competition and Market Regulation, BarcelonaGSE, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid. Master en Economía y Derecho del Consumo, UCLM. Postgraduate Diploma in Economics for Competition Law, Kings College London, University of London.