Fiscal aclara que caso Venezuela permanece en examen preliminar ante la CPI

Venezuela consignará en los próximos días a la Corte Penal Internacional (CPI) más información y elementos que evidencien la actuación del Estado en cuanto al castigo y sanciones contra quienes atenten contra los Derechos Humanos (DDHH).

Así lo informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en declaraciones desde la sede del Ministerio Público, en Caracas, este lunes, sobre su reunión con la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, en La Haya, el pasado 4 de noviembre, junto al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz.

«En los próximos días de manera documentada entregaremos a la CPI más elementos e información que revelan que el Estado venezolano castiga, sanciona y persigue a quienes atenten contra los Derechos Humanos. Esta institución –el Ministerio Público- no permitirá la impunidad en los delitos de violación a los DDHH», remarcó el fiscal.

Indicó que en el encuentro con la CPI se ratificó la disposición de Venezuela de estrechar los lazos de cooperación en la lucha por la protección de los Derechos Humanos e igualmente se extendió una invitación al país a la fiscal Bensouda para potenciar ese trabajo conjunto que está en la fase preliminar de un informe que determinará si en Venezuela se han dado casos que sean de su competencia y las sanciones en torno a ellos, esto dentro de las atribuciones exclusivamente complementarias de ese organismo.

«La CPI no tiene decisiones en nuestro país, ellos son un complemento ante la protección de los DDHH, que estamos defendiendo de Estados Unidos (EEUU), quienes desde el 2015 han sancionado a Venezuela», explicó Saab.

Refirió que la CPI tiene en estudio los casos sobre el país identificados como Venezuela 1 (2018) y Venezuela 11 (2020), los cuales permanecen en un examen preliminar con miras a tomar una decisión.

«Debemos aclarar que la Fiscalía de la CPI está analizando dos cuestiones sobre Venezuela. La llamada Venezuela I: Referida a presuntos delitos cometidos desde al menos abril de 2017, en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos relacionados. El estudio de este asunto inició en febrero de 2018 (…) Y la denominada Venezuela II, relativa a presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos como consecuencia de la aplicación de medidas coercitivas ilícitas adoptadas unilateralmente por el gobierno de los EEUU contra Venezuela, al menos desde el año 2014”.

Señaló que hay colaboración de ambas fiscalías para aportar información suficiente sobre la actuación de la justicia venezolana en este sentido.

«Sobre si se abre una investigación o no. Es decir, todavía no se ha iniciado una investigación al respecto. Es decir que no se ha iniciado una investigación, pese a los esfuerzos de medios para transmitir noticias falsas», expresó.

El defensor del Pueblo también expuso aspectos que se revisaron en el encuentro con la CPI.

«Las medidas coercitivas unilaterales han impedido el traslado de personas para hemodiálisis. Todos los casos de violación a los DDHH al pueblo venezolano han sido expuestos ante CPI», expresó el defensor.